| 8/20/2008 12:00:00 AM

En Venezuela, todo bajo control

El presidente Hugo Chávez dio un paso más en el proceso de toma de control de los sectores estratégicos de la economía al nacionalizar la industria cementera.

La toma del sector cementero se inició con tropiezos debido a que el gobierno debió recurrir el lunes a la expropiación de los activos de Cemex que se negó a un acuerdo amistoso tal como hicieron la francesa Lafarge y la suiza Holcim Ltd que aceptaron la participación mayoritaria de Estado en sus empresas. La cancillería mexicana informó que su embajador en Venezuela, Mario Chacón, pidió al gobierno de Chávez continuar negociaciones con Cemex "sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura, y conforme al marco legal aplicable".

La dependencia señaló en un comunicado que México mantiene como objetivo velar por los "intereses mexicanos" de Cemex, y "asegurar que el proceso llevado a cabo por las autoridades de Venezuela se apegue al marco legal aplicable y respete el principio de trato no discriminatorio".

La estatización de la mayor cementera del país tuvo repercusiones inmediatas en los mercados de valores local e internacional, y la estatal Comisión Nacional de Valores suspendió el martes por 24 horas la venta de los títulos de la cementera en la Bolsa de Valores de Caracas alegando que no se ha "producido información suficiente" sobre la situación de Cemex.

Miguel Octavio, director de la firma local BBO Servicios Financieros, objetó la suspensión temporal de Cemex señalando que esa medida "establece un precedente negativo" para el mercado de valores porque va contra las leyes venezolanas que prevén protecciones para los accionistas minoritarios en los casos en que un particular asume la mayoría accionara de una empresa.

"Aquí hay unas reglas que establecen como alguien toma el control de una empresa que cotiza en la Bolsa. Los accionistas chiquitos los han ignorados, no saben donde están parados en este momento", dijo Octavio a la AP. Las acciones de Cemex en la bolsa mexicana que abrieron la jornada con una caída de 2,32% lo que llevó los títulos de la empresa a 21,03 pesos, mientras que en Nueva York los papeles de la cementera reportaron una baja de 2,6% que llevó su cotización a 20,45 dólares.

En menos de dos años, la administración de Chávez ha nacionalizado las mayores telefónica y siderúrgica, el sector eléctrico, cuatro proyectos petroleros de la faja oriental del Orinoco, y adquirió la mayor fabricante de leche. Noel Alvarez, segundo vicepresidente de la mayor cúpula empresarial, dijo a la AP que el aumento del riesgo del país lo reflejó el Banco Central de Venezuela al reportar el año pasado un "decrecimiento de 643 millones de dólares en la inversión extranjera".

"El gobierno no solamente tiene empresas ahora sino que también es regulador", dijo Alvarez al explicar que los controles de precios y de cambio, que están vigentes desde el 2003, también limitan la capacidad de acción del sector privado. El economista José Guerra, ex gerente del Banco Central, dijo que las nacionalizaciones de las cementeras no deben verse como una acción aislada, sino como un plan del gobierno de Chávez para "estatizar la economía".

El economista explicó que aunque el sector privado maneja cerca del 69% del producto interno bruto (PIB) del país, en los últimos años ha perdido cerca de tres puntos del PIB que han pasado a manos del Estado. Guerra acotó que con la nacionalización del sector cementero y la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el gobierno de Chávez asumió "al menos 2% del PIB".

El gobierno procedió a la expropiación de los activos de Cemex luego de que este lunes expiró el plazo que había fijado para negociar un plan de transferencia de la mayoría accionaria. Lafarge y Holcim Ltd suscribieron el lunes memorando de entendimiento para vender en un lapso de 60 días al gobierno la mayoría de las acciones de sus filiales venezolanas. Chávez defendió el lunes la nacionalización de las cementeras señalando que eso forma parte del proceso para llevar a Venezuela hacia un modelo socialista.

El vicepresidente Ramón Carrizalez admitió que el acuerdo con Cemex se estancó debido a que el gobierno no logró llegar a un arreglo sobre el valor de los activos de la cementera en Venezuela. El gobierno informó que Cemex estaba pidiendo unos 1.300 millones de dólares por sus activos.

 

Toma del poder

Centenares de simpatizantes del mandatario escenificaron en la medianoche del lunes varias tomas simbólicas de las principales instalaciones de Cemex en el país, luego de que el Gobierno no logró alcanzar un acuerdo con la compañía para estatizar sus operaciones locales.

"Ahora el cemento que vamos a producir no es para hacer millonarios a unos señores que están bien lejos, sino para disponer ese cemento para nuestras casas, para nuestra infraestructura y para nuestro plan de desarrollo nacional," dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez.

El funcionario agregó que de ningún modo pagarán los 1.300 millones de dólares que pide el grupo mexicano, sino que se estudiará una "justa valoración" de sus operaciones, lastradas "por fuertes pasivos ambientales y laborales."

En tanto, el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, estimó el martes que el valor de los activos de Cemex en el país estarían por debajo de lo que demanda la firma. "De acuerdo a las estimaciones que se hicieron, según las cotizaciones que se hacen de sus acciones en la Bolsa de Valores, en total no llegaría a unos 400 millones de dólares," comentó en una entrevista con la televisión estatal. Por su parte, la cancillería mexicana pidió al Gobierno continuar negociando Cemex "sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura."

El Gobierno de Caracas anunció el lunes acuerdos con la cementera francesa Lafarge y la suiza Holcim para comprar más del 80 por ciento de sus filiales en Venezuela por unos 820 millones de dólares.

Celebración
En la madrugada del martes, un grupo de trabajadores cementeros y petroleros vestidos con las franelas rojas características de la "revolución bolivariana" y encabezados por Ramírez entraron a la planta de Cemex en Guanta, en el este del país, ondeando banderas venezolanas y cantando.

"Unos felices, otros con expectativas. Hay cierto miedo por lo que nos han inculcado siempre, que el Estado no sirve para gestionar. Esperamos que traigan un sistema de jubilación, que hay compañeros con 40 años trabajando y no tienen jubilación," dijo Reinaldo Hernández, operador de maquinaria de Cemex.

Holcim y Lafarge no informaron de inmediato sobre el traspaso de sus instalaciones.

La medida golpeó las acciones de Cemex en el mercado mexicano, donde se derrumbaron un 2,83 por ciento. Por su parte, el regulador del mercado venezolano suspendió el martes la cotización de los títulos locales de Cemex y Lafarge por 24 horas debido al proceso de estatización.

Convencido de que el socialismo es la única vía para doblegar los altos índices de pobreza, Chávez motorizó tras su reelección en el 2006 la estatización de empresas petroleras, eléctricas, de telecomunicaciones, alimentarias y, recientemente, un importante banco.

El gobernante venezolano también ordenó la nacionalización de la siderúrgica Sidor, la mayor del país, controlada por el consorcio Ternium del grupo argentino Techint. Medios argentinos reportaron el martes que Venezuela pagará unos 1.650 millones de dólares por el 50 por ciento de la empresa.

Nacionalizaciones populares
Encuestas muestran que las nacionalizaciones son bien vistas por la mayoría pobre del país, base del poderío electoral de Chávez y a la que ha destinado numerosos programas sociales y ayudas estatales, financiados gracias a los ingentes recursos petroleros. El mandatario quiere que las cementeras, junto con la acería Sidor, le ayuden a mejorar la infraestructura y a paliar el fuerte déficit de viviendas por el que el Gobierno está recibiendo fuertes críticas.

Ramírez dijo que planean fusionar a las tres cementeras para mejorar costos e incrementar la eficiencia, con lo que el Gobierno pasará a controlar una producción conjunta de 8,3 millones de toneladas anuales de cemento, que representa casi el 90 por ciento de la capacidad instalada en el país.

Sin embargo, la negativa de Cemex a firmar un acuerdo afectará aún más la aversión de los inversores extranjeros hacia Venezuela, donde, pese a las fuertes regulaciones de precios y amenazas de expropiación, el sector empresarial registra robustos beneficios por el auge del consumo.

 

 

AP/Reuters

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