| 2/1/1994 12:00:00 AM

El lúgubre futuro de Venezuela

Lo más probable es que el problema fiscal de Venezuela se resuelva aumentando aranceles. Ello sería la sentencia de muerte para la integración.

Regresión es la palabra que mejor describe a la Venezuela actual. El país volvió a como estaba cinco años atrás cuando se posesionó Carlos Andrés Pérez: la economía está en retroceso, la inflación se acelera, los precios del petróleo van en descenso, aumenta el desempleo, más de la mitad de la población está sumida en la pobreza, y un furioso populacho parece estar cada vez más dispuesto a ventilar su ira colectiva en violentas protestas callejeras. Sin embargo, a diferencia de 1989, es claro que el nuevo presidente, Rafael Caldera, no es amigo de las reformas económicas liberales.

Aunque los consejeros económicos de Caldera dicen que el nuevo presidente de Venezuela no echará hacia atrás las reformas de mercado libre iniciadas por su deshonrado antecesor, Caldera ha insistido repetidamente que no se aumentarán los impuestos, que los precios de la gasolina permanecerán congelados en su bajo nivel actual de menos de Bs6 por litro (menos de US$0.05 por litro), y que debe hacerse algo para proteger al pueblo venezolano de mayores sufrimientos causados por las políticas "neoliberales" del gobierno de Pérez.

El nuevo presidente no ha hecho nuevas promesas tácitas, pero muchos venezolanos han preferido interpretar la retórica antirreformista de Caldera como una franca promesa de que el país pronto regresará a los viejos tiempos de control de precios y de tasas de interés, aumentos salariales por decreto y, en general, a mejores condiciones económicas para un pueblo cuyo nivel general de vida ha bajado a niveles que se vivieron por última vez a finales de los años cuarenta, toda una década antes de que se estableciera la democracia en Venezuela.

Desafortunadamente para la estabilidad de la administración Caldera, el nuevo presidente de Venezuela prácticamente no tiene opciones que le permitan afrontar las expectativas poco realistas del pueblo venezolano.

El país es rico en términos de su petróleo. El problema es que el petróleo ya no genera suficientes rentas fiscales para financiar las necesidades de desarrollo del país. Cuando estaba en su mejor momento a mediados de los años setenta, el petróleo correspondía a más de la mitad del ingreso fiscal del Estado como porcentaje del PIB. En 1993, no obstante, el ingreso fiscal por petróleo representó únicamente un 10% del PIB y en las perspectivas más optimistas de PDVSA, el ingreso fiscal anual por petróleo no superará el 10% hasta el año 2002, aun si la industria petrolera logra llevar a cabo su ambicioso plan de crecimiento ininterrumpido, de más de US$48.500 millones en los próximos diez años.

Algunos políticos han señalado que las crecientes exportaciones del país diferentes al petróleo -US$3.000 millones en 1993, comparadas con cerca de $2.500 millones en 1992-son una alternativa de desarrollo viable para el petróleo. La verdad, sin embargo, es que en el año anterior el rápido aumento de exportaciones diferentes al petróleo fue el resultado de una baja en la demanda interna, lo que obligó a muchos productores venezolanos a buscar mercados extranjeros temporales para colocar lo que no pudieron vender en Venezuela. Si la economía del país mejorara notablemente de la noche a la mañana, las exportaciones no petroleras probablemente descenderían a cerca de US$2.500 millones al año, un nivel que muchos economistas venezolanos concuerdan en considerar normal para los sectores comerciales y manufactureros orientados hacia al interior del país.

Lo fundamental de las exportaciones no petroleras es que, cinco años después de que la administración de Pérez embarcó a Venezuela en una economía de libre mercado, orientada hacia el exterior y hacia la exportación, la mayoría de los productores no mostraron ningún interés en aprovechar las oportunidades del mercado extranjero. Esta renuencia se debe en parte a la inexperiencia, a la infraestructura y a las dificultades logísticas para exportar en Venezuela, así como al hecho de que la mayoría de las exportaciones venezolanas tienen muy poca capacidad de producción para los niveles mundiales.

No habiendo a la vista una alternativa al petróleo, la economía de Venezuela permanece intrincadamente sometida a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Por lo tanto, la baja prolongada en los precios del petróleo desde mediados de 1993 -a pesar del crudo invierno en el hemisferio norte- ha forzado el precio promedio de las exportaciones venezolanas de petróleo a menos de US$13 por barril en los últimos meses. Esto ha causado un desastre financiero en el Estado venezolano y ha obligado al gobierno y al Congreso a dar el paso -tan difícil de aceptar- de crear el impuesto al valor agregado (IVA) en octubre pasado, sólo dos meses antes de las elecciones presidenciales. El impuesto inicialmente se fijó en 10% o y se limitó a los mayoristas. A principios de enero el IVA se extendió a los minoristas (también del 10%), pero a las dos semanas el gobierno se retractó y suspendió el IVA hasta el 28 de febrero.

La razón oficial para la suspensión del IVA fue la de dar a los minoristas tiempo suficiente para adaptar sus sistemas de facturación a fin de incluir la adición del IVA, pero la verdad es que el presidente interino, Ramón J. Velásquez, no tuvo el valor político para dejar el IVA y decidió que sería más prudente entregar esta papa caliente al gobierno entrante de Caldera. Algunos observadores también piensan que el presidente electo Caldera presionó a Velásquez tras bambalinas para que suspendiera el IVA, a cambio de la promesa de Caldera de planear la presentación de un paquete de reforma tributaria masiva al Congreso después de posesionarse a principios de febrero. Entre tanto, la crisis fiscal venezolana empeorará rápidamente.

Caldera no ha revelado cómo se propone incrementar los ingresos fiscales del gobierno sin un nuevo impuesto de amplio alcance como el IVA. El presidente electo ha hablado vagamente de gravar a los ricos, propuesta que es apoyada por las organizaciones políticas izquierdistas que respaldaron su campaña presidencial. Sin embargo, un impuesto al lujo para menos de un 5% de la población no recaudará suficientes ingresos para llenar el hueco fiscal del gobierno.

Según Ramón Espinasa, un economista de la división de planeación estratégica de la PDVSA, existen dos maneras de aumentar los ingresos fiscales del Estado a corto y mediano plazo. Una alternativa es la rápida devaluación del bolívar, la que se presume comenzará con una maxidevaluación en las próximas cuatro a seis semanas y de allí en adelante continuará con una rápida depreciación de la moneda. Sin embargo, las consecuencias en términos de una inflación considerablemente más alta serían devastadoras para la estabilidad económica y política de Venezuela. La segunda alternativa, según Espinasa, es algo que Caldera insiste en que no hará: mejorar la recaudación de impuestos, extender la base del impuesto creando nuevos impuestos como el IVA o impuestos a los bienes corporativos (aprobados el año pasado pero nunca puestos en ejecución por el presidente interino Velásquez), y aumento en el precio de la gasolina. "No existe otra forma", manifestó Espinasa.

Desafortunadamente, Caldera ha presentado otra propuesta que no ha sido considerada por Espinasa ni por quienes apoyan el modelo económico liberal de cinco años para Venezuela. El 20 de enero, a menos de dos semanas de posesionarse, Caldera anunció que aumentaría el ingreso fiscal del Estado incrementando los aranceles aduaneros. Además de confirmar que Caldera está completamente fuera de la realidad con el resto de América Latina y del mundo, la propuesta de Caldera -si se lleva a cabo- le asestaría un golpe mortal a la prometedora relación colombo-venezolana.

Como cuando se arroja una piedra en un lago, las consecuencias del aumento de los aranceles se extenderían a todas las incipientes relaciones comerciales de Venezuela, entre ellas el Pacto Andino, el G-3, Chile y, finalmente, a las aspiraciones de Venezuela de pertenecer al TLC. Los grupos menores, como Caricom y el Mercado Común Centroamericano, podrían reaccionar favorablemente al alza en los aranceles aduaneros en Venezuela porque les daría una excusa para dilatar la proyectada reducción de sus propios aranceles. Además, representaría una marcha atrás de los objetivos de mercado libre y de orientación hacia el exterior, que Venezuela ha buscado desde 1989.

Lo que es más importante, sin embargo, es que la propuesta de elevar los aranceles aduaneros de Caldera no llenaría el vacío fiscal que amenaza con aumentar el déficit fiscal del país de un 4-5% del PIB a finales de 1993, a un 8-10% del PIB para 1994, dependiendo de qué tan rápido (y por cuánto tiempo) bajen los precios del petróleo este año. Si algo logran los aranceles más altos, sería acelerar la baja en la demanda interna de importaciones, al aumentar aún más los precios al detal.

De otra parte, los mayores aranceles probablemente serían bien recibidos por amplios segmentos del sector manufacturero, los que han venido quejándose por años acerca de los efectos de la competencia para sus empresas, por tradición ineficientes. En el análisis final, para poder hacer predicciones más acertadas sobre el futuro inmediato de Venezuela será necesario observar cuidadosamente durante uno o dos meses para determinar la configuración del gobierno de Caldera. Su campaña recibió el apoyo tanto de los grupos de izquierda que todavía creen en el socialismo a pesar de su colapso en el resto del mundo, como por hombres de negocios conservadores que deben sus fortunas a las décadas de proteccionismo e intervencionismo estatales. Por varias razones, ninguno de estos grupos apoya la política de economía liberal, pero al mismo tiempo ambos extremos han sido enemigos tradicionales a lo largo de los 35 años de historia democrática de Venezuela. Caldera ha prometido que todos sus seguidores estarán representados en su gobierno, pero es difícil ver cómo estos grupos reconciliarán sus diferencias históricas.

También es difícil ver cómo piensa Caldera gobernar con eficiencia. Primero, porque fue elegido por apenas un 17% del electorado venezolano (incluyendo un 40% de la población que se abstuvo). No importa lo que trate de hacer, se puede asumir

que Caldera no tiene un mandato popular para hacer algo, aunque se puede sostener que hay más venezolanos a favor de regresar a un pasado protegido, que a favor de progresar hacia un futuro más competitivo y liberal.

Una mirada a la nueva configuración del Congreso venezolano parece apoyar la opinión de que el futuro del país será sombrío y de regresión al pasado: por primera vez en 35 años de democracia, se han derrumbado las fuerzas bipartidistas que tradicionalmente controlaban al Congreso. Acción Democrática y Copei tenían el control del Congreso y gobernaban con base en un pacto político fundamentado en el petróleo.

Sin embargo, con el colapso del petróleo como fuente de la estabilidad fiscal de Venezuela también fracasó el pacto político. De allí un nuevo Congreso que es una caótica configuración de cinco organizaciones políticas, ninguna de las cuales es amiga del modelo económico liberal del país, pero ninguna de ellas controla más de 22-23% de las curules en ambas cámaras del Congreso. Estos grupos, en orden de importancia numérica, son AD (con cerca del 23% del Congreso), Copei y Causa R (cada una con cerca del 22%), MAS (aproximadamente el 25%) y el partido Convergencia de Caldera (cerca del 11%).

La configuración total hace que este Congreso sea el cuerpo legislativo más izquierdista desde que se instauró la democracia en 1958. También implica que Caldera podrá tener dificultades para gobernar eficientemente, a menos que

forme coaliciones con diferentes organizaciones cuyos líderes: a) se opongan a la política económica liberal y b) se preocupen más por fortalecer sus propias bases internas de poder y en relación con otros partidos políticos representados en el Congreso, que son la tarea más importante y de mayor reto de sacar con ingenio creativo a Venezuela al pasado que marchar hacia un futuro difícil y desafiante, aun si tal regresión finalmente sea la causa del colapso de la economía venezolana y de peores dificultades que las que el pueblo venezolano haya padecido hasta ahora.

Pero quizás eso es lo que el pueblo venezolano quiere de sus líderes en esta etapa de la historia del país. El petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición para Venezuela. El petróleo le permitió al país desarrollarse rápidamente, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo permitió el desarrollo de un país cuyo pueblo se acostumbró a vivir del Estado, mientras que en otros países el Estado vive de la gente por medio de los impuestos.

Carlos Andrés Pérez trató de cambiar este curso autodestructivo del país, pero lo hizo renuentemente. Pérez trató de implantar un modelo económico liberal en Venezuela porque las circunstancias lo forzaron a hacerlo, no porque creyera en los beneficios del mercado libre. Lo que distingue a Pérez de sus contemporáneos políticos en Venezuela es que tenía el coraje para realizar una transformación que otros políticos-inclusive Caldera- abiertamente temían emprender por su cuenta. Pero Pérez sólo llegó hasta la mitad del camino. No logró reformar el sistema financiero porque sus amigos banqueros, inclusive el presidente del Banco Central, Pedro Tinoco, y el ahora quebrado Banco Latino, lo persuadieron de que no tocara el sistema financiero. Pérez desaprovechó la oportunidad que se presenta sólo una vez en la vida de unir la reforma política a la reforma económica. Pensó que podría imponer nuevas reglas de juego económicas al tiempo que mantenía intacto el viejo orden político.

Entre tanto, Venezuela se debe preparar para un futuro sombrío. El país tiene múltiples problemas económicos, políticos y sociales, que indudablemente requerirán décadas de esfuerzo sostenido para corregir. Algunos de estos problemas son la pobreza, que afecta a más de dos terceras partes de la población; uno de los peores sistemas educativos en Latinoamérica; inseguridad judicial estructural; y una infraestructura inadecuada (no se ha terminado ni una sola carretera nueva en los últimos 15 años en Venezuela). Sin embargo, el mayor problema que afecta actualmente a los venezolanos es su actitud.

Venezuela no está cambiando para mejorar como país porque el pueblo venezolano tercamente se resiste a creer que antes de cambiar al país tiene que cambiar a sí mismo como pueblo.

Es por todo esto que Caldera ganó las elecciones presidenciales en diciembre, y es por eso que Venezuela podría aún sufrir otro "carachazo" como el de febrero de 1989, cuando el país fue sacudido por disturbios y saqueos que dejaron un saldo de más de 300 muertos, miles de heridos y centenares de millones de dólares en pérdidas por concepto de daños y destrucción a la propiedad privada.
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