El presidente Rafael Correa pidió a la Asamblea legislativa denunciar el acuerdo, primer paso para anular el convenio suscrito el 27 de agosto de 1993, según el periódico digital de la presidencia.
En una carta a Fernando Cordero, titular del Congreso, el mandatario izquierdista argumentó que ese acuerdo "contiene cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas" para el país. "Los tribunales a los que este tratado obliga a someter jurisdiccionalmente a Ecuador, al resolver controversias con compañías extranjeras, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran 'peculiarmente' el concepto de 'inversión'", señaló Correa.
Añadió que esas cortes desconocen la ley ecuatoriana "cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por Ecuador han sido 'arbitrarias' o 'discriminatorias'".
El pasado sábado, Correa informó que denunciaría el tratado aprovechando la mayoría legislativa que consiguió en los comicios del 17 de febrero, en los que además fue reelegido presidente para un período de cuatro años. Si su solicitud es aprobada por los diputados que tomarán posesión el 14 de mayo, la resolución será remitida a la presidencia para que expida un decreto a partir del cual la cancillería enviará una nota diplomática notificando la medida.
El presidente también anunció que conformará una comisión para que audite los 34 tratados de este tipo que ha firmado Ecuador, que ya dio por terminados acuerdos similares con Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia desde septiembre de 2009.
El pasado 5 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -adscrito al Banco Mundial (BM) y del que Quito se retiró en 2009- decidió que el país andino deberá pagar a Oxy unos 2.300 millones de dólares.
La decisión es parte de un arbitraje planteado por la empresa luego de que en 2006 fuera declarada la caducidad de su contrato en Ecuador.
El CIADI suspendió la ejecución del fallo, luego de que Quito solicitara su nulidad.
Mientras, a comienzos de febrero pasado un panel del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya determinó que Ecuador incumplió una orden para evitar que una sentencia contra Chevron por 19.000 millones de dólares, bajo cargos de contaminar la Amazonía, fuera ejecutada en países como Argentina.
La justicia de ese país autorizó un embargo sobre activos de la petrolera, como reclamaron los demandantes privados.
Afp/D.com