| 7/1/1994 12:00:00 AM

Despierta la minería

Las perspectivas mineras de América Latina son excelentes. Se empiezan a mover grandes capitales impulsados por políticas más liberales que ofrecen estabilidad y rentabilidad al inversionista extranjero.

Las reformas de libre mercado y los programas de privatización que los gobiernos latinoamericanos han puesto en ejecución desde finales de los años ochenta, abrieron nuevas fronteras prometedoras para las compañías mineras multinacionales. Desde México hasta Tierra del Fuego, cientos de empresas mineras internacionales están obteniendo concesiones con avidez y licitando propiedades del Estado en subastas, después de décadas de malos manejos de parte de los gobiernos, los que causaron enormes pérdidas y virtualmente paralizaron las actividades mineras a lo largo del continente.

Los países de mayor interés para las compañías mineras internacionales son -México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador e inclusive Cuba, países donde se están desmantelando las leyes restrictivas que estuvieron vigentes por décadas, se están revisando los códigos de impuestos y de inversiones, se está reduciendo la burocracia y donde los gobiernos están tratando de deshacerse de las empresas mineras de propiedad del Estado que fueron creadas o nacionalizadas durante los años setenta.

Las compañías mineras extranjeras también se están apresurando a asegurar sus propiedades mineras en Latinoamérica porque los costos de producción son generalmente más bajos y las reglas ambientales menos estrictas que en los Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados.

La lista de empresas multinacionales que están extendiendo sus inversiones mineras en Latinoamérica parece un quién es quién de la industria minera: Phelps Dodge y Cyprus Minerals de los Estados Unidos, Placer Dome, Rio Algom y Lac Minerals del Canadá, Río Tinto Zinc de Inglaterra, Anglo América de Sur África, Broken Hill Proprietary de Australia, Exxon, Shell, Minorco y muchas más.

El TLC le da a las empresas de Estados Unidos y Canadá grandes estímulos en México, pero en Suramérica el mercado es más competitivo, a medida que los inversionistas europeos y asiáticos luchan por una participación en la vasta riqueza mineral de estos países.

Aunque los recursos minerales de la región son inmensos y variados, la mayor parte del interés actual se concentra en los yacimientos de oro y cobre en países como Chile, México, Perú y Venezuela. En este último país una legislación minera obsoleta no ha disuadido a las compañías extranjeras de invertir en minas de oro en la región de Guayana.

En Chile, país que tiene la legislación minera más liberal en América Latina hoy día, se ha confirmado que las inversiones extranjeras en minería llegarán a US$6.500 millones entre 1993 y 1995. La inversión directa extranjera en minería ascendió a un total de US$700 millones en 1993 y se esperan US$750 millones más este año. Los proyectos que actualmente se ejecutan en Chile, que ya es el mayor productor de cobre en el mundo, aumentarán su producción de este mineral en un 40% para 1997, a 2.8 millones de toneladas al año.

A finales de mayo, la empresa Codelco, de propiedad del Estado, aceptó una oferta modificada de US$330 millones de Cyprus Amax de los Estados Unidos para explotar el yacimiento de cobre de El Abra, al norte de Chile. Cyprus adquirió 51% del proyecto después de que el socio canadiense Lac Minerals se retiró. La oferta de Cyprus fue garantizada por una carta de crédito bancario de US$33 millones, equivalente al 10% del pago estipulado en efectivo. Codelco dijo que los contratos finales entre las dos compañías se firmarían el 27 de junio, cuando Cyprus le pague a Codelco US$330 millones, y entonces empezará a explotarse el yacimiento.

El Abra, que necesita una inversión total de US$1.000 millones, debe concluirse en julio de 1997 con una producción anual de cátodo de cobre de 225.000 toneladas finas. Cyprus invertirá US$299 millones en su empresa conjunta con Codelco, Sociedad Contractual Minera El Abra (CMA), y también ha prometido obtener créditos bancarios adicionales por US$699 millones.

Es la primera empresa conjunta de asociación entre Codelco y una compañía privada para explotar un yacimiento mineral después de la aprobación de una ley en 1992, que permite a una empresa de propiedad del Estado -en aprietos por una calidad decadente del mineral y crecientes costos de producción- asociarse con socios privados.

Cyprus y Lac Minerals acordaron el año pasado adquirir 51% de El Abra por US$404 millones. El consorcio también ha ofrecido US$151 millones adicionales para invertirlos en la sociedad de empresa conjunta.

Sin embargo, Lac se retiró del negocio a mediados de abril, cuando unos estudios le hicieron creer que el yacimiento de mineral era diferente al yacimiento sobre el cual habían basado la oferta. Cyprus realizó nuevos estudios técnicos del yacimiento y decidió presentar una nueva propuesta para el 51% del proyecto, la cual fue aceptada por Codelco.

La ley chilena establece que todos los recursos del suelo y del subsuelo pertenecen al Estado, no importa quién sea dueño de la propiedad. De hecho, este es un precepto básico de la ley minera en toda la América Latina, que se deriva de las "Ordenanzas de la Nueva España" decretadas hace más de tres siglos por el rey Carlos V de España como legislación aplicable a todas las colonias españolas en las Américas.

No obstante, cualquiera puede ser propietario y operar una mina en Chile. No hay topes al capital extranjero, ni restricciones a los envíos de dividendos y capital, y los concesionarios pueden hipotecar o transferir libremente sus concesiones a terceros. Todo lo que se necesita para obtener una concesión minera es el fallo de un tribunal al concluirse un proceso no litigante cuyo único propósito es identificar, levantar planos y constituir la concesión. Ninguna otra agencia del gobierno se involucra en el proceso. Los inversionistas extranjeros han respondido a esta legislación liberal con proyectos mineros de miles de millones de dólares.

El TLC coloca un tope de 49% a la participación extranjera en los negocios mineros en México, pero la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada el 28 de diciembre de 1993, permite a los inversionistas extranjeros poseer hasta el 100% de un proyecto minero en México sin ninguna autorización especial o previa de la Comisión de Inversión Extranjera. Como resultado de estos cambios, más de 1.000 firmas mexicanas, canadienses y estadounidenses han expresado interés en los proyectos mineros de México, y ya hay unas 48 minas canadienses en funcionamiento en México.

En Bolivia, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el 3 de junio abrió la licitación extranjera de un millón de hectáreas de tierra y varias minas, después de 42 años de propiedad del Estado y US$1.200 millones en pérdidas cumauladas.

Situada principalmente en el sur del departamento de Potosí, lugar de las legendarias minas de plata de la época colonial, la tierra ofrecida en licitación privada contiene ricos yacimientos de oro, plata, zinc, antimonio, bismuto, hierro y plomo. Una semana después de haberse publicado la oferta, 31 compañías mineras extranjeras y 12 bolivianas ya habían anunciado que estaban estudiando propuestas.

En Venezuela, el petróleo fue responsable por la negligencia del sector minero oficial durante más, de un siglo, aunque el país es una cueva del tesoro de gigantescos depósitos minerales: más de 2.000 millones de toneladas de yacimientos de hierro, 8.000 millones de toneladas de carbón, 8.000 millones de toneladas de bauxita, níquel, tantalio, roca de fosfato, diamantes, tierras exóticas y muchos otros minerales en cantidades que permiten explotación comercial a gran escala por muchos años en el futuro.

No obstante, lo que realmente despierta el interés de las firmas mineras extranjeras en Venezuela es el oro. La región de Guayana (estado de Bolívar, el territorio federal del Amazonas) contiene yacimientos confirmados de oro en aluvión y . placer de más de 8.000 toneladas, según los geólogos de la CVG que han estado inspeccionando la región durante más de veinte años.

En los últimos dos años, un total de 75 contratos para la explotación de oro y diamantes se firmó en la región de Guayana, muchos con compañías de Estados Unidos e Inglaterra, tales como Homestake, Monarch Resources, Venezuelan Goldfields. TVX Gold, Cristallex, Golden Star, Carson Gold Corp. y Placer Dome, la cual recientemente encontró yacimientos recuperables de oro de 7 millones de onzas troy en "Las Cristinas", una concesión operada conjuntamente con la CVG, en términos de 70-30%.

Con la excepción de Monarch, que ya está produciendo oro en su mina de "La Camorra", las otras compañías están en la etapa de exploración inicial de identificar y cuantificar reservas, ya que obtuvieron las concesiones el año pasado.

Colombia, a su vez, ha venido desarrollando su sector minero intensamente por más de una década. Entre 1980 y 1993, las exportaciones de recursos minerales como petróleo, carbón, oro, níquel, cemento y esmeraldas, creció de US$300 millones (9% del total de las exportaciones) a casi US$3.000 millones (40% del total de las exportaciones). Con excepción del petróleo, el carbón representa casi 51% del total de la actividad minera, el oro 22% y las esmeraldas 28%. En menos de diez años, no obstante, el carbón representará más de tres cuartas partes de la producción minera del PIB, a medida que aumenta la producción de 24 millones a 40 millones de toneladas por año, o 10% de la producción mundial de carbón.

En Perú, el gobierno de Fujimori vendió su mina de hierro, Hiero Perú, en 1992, a Shougáng de China, la cual dobló la producción del mineral en menos de un año. El gobierno peruano también está tratando de privatizar el Cerro de Pasco (Centromin), que se había creado como una empresa de propiedad privada en 1901 y fue nacionalizada en 1973 por el gobierno militar de izquierda. En mayo, sin embargo, la subasta pública de Centromin fue suspendida al no recibirse propuestas.

Las autoridades peruanas dan a' entender que el precio básico ahuyentó a los compradores extranjeros. Este precio de US$580 millones (US$240 millones en efectivo, US$60 millones del documento de la deuda del Perú, más un compromiso de invertir US$240 millones adicionales) pudo haber sido demasiado alto.

En realidad, el problema no era el precio, sino las condiciones adicionales que el gobierno de Fujimori trató de imponer en el comprador de Centromin. Estas condiciones incluían un compromiso para (1) aceptar la responsabilidad de educar a 15.000 niños (2), mantener y operar sistemas de agua y alcantarillado en las comunidades mineras de La Oroya y Cerro de Pasco y (3) limpiar y modernizar la refinería polimetálica en La Oroya, la cual recientemente fue señalada por Newsweek como una de las refinerías de mineral más contaminadas del mundo.

El gobierno de Fujimori ahora está estudiando la posibilidad de un trueque de la deuda por garantías ambientales, que comprenderían el cierre permanente de La Oroya y su reemplazo por una refinería de metales completamente nueva equipa

da con la última tecnología para proteger el ambiente. Si no se presentan propuestas, los bienes de Centromin se venderán poco a poco.

El fracaso en la privatización de Centromin puso de relieve dos aspectos importantes en la liberalización del sector minero de Latinoamérica.

En primer lugar, muchos gobiernos latinoamericanos que nacionalizaron su industria minera en décadas pasadas, en un esfuerzo por ofrecer a los trabajadores un mejor nivel de vida, están deseosos de aliviar las cargas sociales de la privatización obligando a los compradores extranjeros a aceptar cláusulas sociales tales como congelación de despidos, compromisos para reentrenar y reubicar a los trabajadores despedidos, vivienda para sus familias, educación para sus hijos y limpieza de años de destrucción ambiental de la cual son responsables los gobiernos de Latinoamérica.

En segundo lugar, aunque las compañías mineras están interesadas en volver después de muchos años de restricciones, por lo general no están dispuestas a aceptar condiciones que no estén relacionadas directamente con sus intereses comerciales, o la fijación de límites del 50% o menos a su participación accionaría.

Si no obtienen unas condiciones mínimas de estabilidad y rentabilidad, los inversionistas extranjeros simplemente se abstienen de presentar propuestas hasta que los gobiernos latinoamericanos cedan y acepten parámetros más flexibles. Tal es el caso de Brasil, donde la propuesta venta de la corporación de cobre Minoroao Caralba fue suspendida recientemente al no presentarse ninguna oferta.

Las experiencias de Chile, Perú y Brasil nos dan claves importantes sobre las tendencias de la minería en América Latina:

- Si bien es cierto que los gobiernos latinoamericanos siguen manteniendo la tradición de siglos de la propiedad estatal de todos los recursos minerales, también se están moviendo rápidamente a liberalizar sus leyes sobre minería,

impuestos a la inversión extranjera, con el fin de ofrecer la estabilidad y las garantías que exigen las compañías internacionales como prerrequisito para invertir miles de millones de dólares.

- La bonanza minera en Latinoamérica apenas está empezando. Con excepción de Chile, muchas de las reformas legales y de políticas son muy recientes y en muchos casos no son lo suficientemente liberales como para satisfacer a los inversionistas extranjeros.

- Ha surgido un mercado para compradores en América Latina a medida que los gobiernos se esfuerzan por privatizar los bienes de propiedad del Estado y ofrecer vastas extensiones de tierra que anteriormente eran inaccesibles a las inversiones extranjeras. Las compañías mineras multinacionales con el capital, los conocimientos, la tecnología y los mercados están en una posición ventajosa cuando se trata de escoger proyectos y estipular sus condiciones para invertir.

- Dentro de un año, la mayoría de las restricciones que aún quedan a la inversión extranjera en minería (tales como topes de capital) habrán sido eliminadas en toda la región, a medida que los gobiernos se esfuerzan por hacer más atractivas sus industrias mineras en el contexto de una creciente competencia regional

para los recursos limitados de inversión de capital extranjero.

- Antes del año 2000, las inversiones mineras combinadas en los países más prometedores de la región - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México,

Perú y Venezuela- fácilmente podrán llegar a US$40 mil millones, lo que hará de la minería una de las industrias de más dinámico crecimiento en Latinoamérica.
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