Cinco peleas latinoamericanas que llegaron a la justicia internacional

A menudo, la única solución para reducir tensiones es la intervención de un mediador independiente. Pero, ¿qué pasa cuando los vecinos con problemas son dos Estados?

En años recientes, varios países latinoamericanos han recalado en la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en la ciudad holandesa de La Haya para resolver sus diferencias.

Entre ellos se cuentan Perú y Chile, cuya disputa por la demarcación de aguas está siendo considerada por el tribunal. Este viernes Chile presenta sus alegatos finales, con lo que el caso quedará visto para sentencia.

Pero no son los únicos. Para ser más exactos, cuatro de los 10 casos actualmente pendientes en la CIJ involucran a países latinoamericanos, como subraya Fabián Raimondo, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Maastricht, Holanda.

"Esta cifra supone un 40%. Es un indicador muy importante por cuanto sugiere que los estados latinoamericanos ahora confían en la función de la CIJ", le dice Raimondo a BBC Mundo.

Históricamente, de los aproximadamente 120 casos que se han iniciado en la CIJ desde 1947, el 10% pertenece a países latinoamericanos, la gran mayoría iniciados en los últimos 20 años. ¿Por qué antes no lo hacían?

"Durante los primeros 20 ó 30 años de funcionamiento de la Corte, los estados latinoamericanos así como los africanos y los asiáticos, desconfiaban de la Corte porque la veían como una corte eurocéntrica, que iba a ser proclive a fallar a favor de los estados desarrollados", responde Raimondo.

"Esta percepción ha cambiado y esto ha llevado a los estados latinoamericanos a contemplar entre otras opciones el arreglo judicial ante la CIJ como un método pacífico de solución de controversias apropiado para ellos". clic

BBC Mundo le presenta los casos latinoamericanos de discusión más reciente ante la Corte.

Diferendo marítimo entre Perú y Chile

El caso de clic Perú y Chile se remonta al 16 de enero de 2008, cuando Perú presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia por considerar que los límites marítimos no están definidos y pidió establecer una frontera.

Chile, por su parte, asegura que no hay tema pendiente, pues la demarcación fue definida en acuerdos en 1952 y 1954.

Los gobiernos de ambos países aseguran que respetarán totalmente la decisión de la Corte, que se espera para mediados de 2013.

Mientras tanto, Bolivia es espectador de primera fila en este diferendo, dado que históricamente le reclama a Chile que le permita tener una salida al mar. El presidente boliviano, Evo Morales, anunció que su país posiblemente acuda también a la CIJ para reclamar lo que considera su derecho soberano.

Un fallo que revolvió las aguas del Caribe

Hace apenas tres semanas, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo en el caso que enfrentaba a clic Nicaragua y Colombia también por una cuestión de límites marítimos.

Si bien la sentencia confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - que incluyen los cayos de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo -, el tribunal anunció que ahora corresponden a Nicaragua extensas zonas de las aguas que rodean a los cayos de Quitasueño y Serrana.

El fallo no satisfizo a las autoridades colombianas y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos comunicó que su país se retiraba del Pacto de Bogotá, el acuerdo regional que le da jurisdicción a la CIJ sobre los asuntos de su competencia.

"Yo lamento la decisión colombiana porque cuando uno decide llevar un caso ante un tribunal internacional debe aceptar que el resultado puede ser positivo o negativo", sostiene Fabián Raimondo en conversación con BBC Mundo.

"Quizá responda más a una necesidad de política interna, a los fines de poder demostrar cierta fortaleza, que a un claro convencimiento de que la Corte haya errado", opina Raimondo, quien añade que "en la vida se gana y se pierde, creo que un buen Estado debería aceptar los fallos de los tribunales internacionales si estos no son arbitrarios".

Costa Rica y Nicaragua, una frontera conflictiva

Costa Rica y Nicaragua han recurrido a la CIJ en diversas ocasiones para resolver sus conflictos fronterizos. Actualmente, tienen abiertos dos casos.

En uno de ellos, iniciado en diciembre de 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por lo que considera "una violación de la soberanía nicaragüense y graves daños medioambientales a su territorio".

Según Nicaragua, Costa Rica está realizando obras de gran calado a lo largo de la frontera entre lso dos países con serias consecuencias ecológicas.

Por su parte, Costa Rica inició un proceso contra Nicaragua en noviembre de 2010 por una supuesta "incursión, ocupación y uso por parte del ejército nicaragüense del territorio de Costa Rica". Los costarricenses consideran que los nicaragüenses no respetan las obligaciones contempladas en una serie de tratados y convenciones internacionales.

Anteriormente, en 2009, la CIJ falló en otro diferendo que enfrentaba a Costa Rica y Nicaragua y reconoció la libre navegación de Costa Rica por el río San Juan con "fines de comercio", lo que incluía el transporte de pasajeros y turistas, pero no la libre circulación de policías.

La sentencia concedió la mayor parte las reclamaciones de Costa Rica, al reconocer el derecho de los ciudadanos costarricenses a desplazarse por el río entre diferentes comunidades "con el propósito de cubrir sus necesidades básicas cotidianas, lo que requiere rapidez en la forma de transporte".

Fumigaciones peligrosas

El 31 de marzo de 2008, Ecuador presentó una demanda contra Colombia por la fumigación aérea con glifosato en localidades cerca de, en y a través de la frontera con Ecuador.

Según las autoridades ecuatorianas, las fumigaciones colombianas causan daños a las personas, los cultivos, los animales y el medioambiente en el lado ecuatoriano de la frontera y suponen un grave riesgo de mayores problemas en el futuro.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo en su momento que se habían realizado esfuerzos para solucionar el conflicto a través del diálogo, pero lamentó que las negociaciones no fueran fructíferas.

El caso se encuentra todavía en la fase de presentación de documentos por parte de ambos países.

La pastera de la discordia

Quizá el caso más sonado de los últimos años, resuelto por la CIJ en abril de 2010, fue el que enfrentó durante casi 4 años a Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo, cerca de la frontera con Argentina.

La planta uruguaya UPM (exBotnia) generó un prolongado conflicto bilateral que comenzó a zanjarse cuando hace dos años la CIJ emitió un fallo en el que consideró que la pastera no contaminaba, pero ordenó supervisiones periódicas de ambos países.

El conflicto tuvo gran presencia mediática, debido en parte a las acciones emprendidas por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que en la actualidad vigila y denuncia las posibles violaciones de las condiciones de salubridad que UPM está obligada a garantizar.