Los seis hipermercados Exito, además de una cadena de 35 supermercados Cada fueron declarados de "utilidad pública" el 21 de enero pasado, alegando que la empresa estaba incurriendo en "remarcaje de precios" y "restricción de la oferta".

Chávez pagará al Exito por expropiación

El presidente de Venezuela anunció el jueves que su gobierno alcanzó un acuerdo para compensar la expropiación de una cadena de hipermercados y otras decenas de empresas, que controlaba el francés Casino.

3 de septiembre de 2010

En un discurso transmitido a la nación por radio y televisión, Chávez anunció que aprobó US$120 millones para materializar el primer pago tras alcanzar un "acuerdo amistoso" con la corporación Cadena de Tiendas Venezolanas (Cativen), que tenía como accionista mayoritario al grupo francés Casino (80%).

El conglomerado colombiano Almacenes Exito y el grupo local Empresas Polar tenían el restante paquete de acciones.

El mandatario indicó que el acuerdo contempla un pago total de US$600 millones. "Y los vamos a pagar", agregó, sin dar otros detalles.

Los seis hipermercados Exito, además de una cadena de 35 supermercados CADA fueron declarados de "utilidad pública" el 21 de enero pasado, alegando que la empresa estaba incurriendo en "remarcaje de precios" y "restricción de la oferta". Cativen negó las acusaciones y el gobernante no volvió a mencionar ese argumento.

Cativen además era propietaria de ocho centros de distribución y una flota de 100 camiones. Esos activos fueron incorporados a la red de distribución de alimentos y electrodomésticos del gobierno.

Las intervenciones y expropiaciones de estás empresas se enmarcan en lo que Chávez ha denominado la "tercera fase" del proceso para instaurar en Venezuela un modelo socialista, y se sustenta en leyes que facultan al Ejecutivo para ocupar las empresas e incautar sus bienes mientras se desarrolla el proceso de expropiación.

La figura de expropiación usualmente contempla compensaciones, pero según los críticos del gobierno, dada la falta de independencia de los poderes del estado, los afectados deben esperar que se concrete en un tiempo indeterminado bajo los términos del gobierno y difícilmente pueden esperar una medida favorable en los tribunales. Por lo general algunos recurren a instancias internacionales.