| 7/26/2011 5:05:00 PM

Alan García se despide reconciliado con la economía pero con deuda social

El saliente presidente peruano, Alan García, culmina este jueves su segundo mandato reconciliado con los inversionistas y la economía de libre mercado, pero sin aprobar las materias de solución de conflictos sociales y de combate a la corrupción.

Lima, 26 de jul- El líder político, de 62 años, concluye su segundo quinquenio con el 40 % de aprobación y un crecimiento económico del 7 % en lo que va del año, pero el recuerdo de su primer Gobierno (1985-1990) aún lo persigue y ha evitado esta vez volver a ser abucheado en el Congreso, como sucedió en su primera despedida hace 21 años.

García rememoró ayer, a cuatro días de dejar la presidencia, que en 1990 un fuerte abucheo le impidió dar un mensaje de despedida a la Nación, antes de entregar la presidencia a Alberto Fujimori.

Entonces García dejaba al Perú con una hiperinflación galopante y aislado financieramente, además de una grave ola de violencia terrorista que había llegado ya a Lima.

Ahora, el saliente gobernante ha pedido a su sucesor Ollanta Humala y al aliado político de éste, el expresidente Alejandro Toledo, que instruyan a sus militantes en el Congreso para que no haya "una emboscada ni un circo" para que él pueda acudir a despedirse.

El presidente peruano que ha recibido el calificativo de tener un "ego colosal", por un exembajador de Estados Unidos en Lima, ha amenazado a sus oponentes que si, tras su salida, hay ataques contra él, volverá a ser candidato a la presidencia en 2016.

El líder del Partido Aprista Peruano (PAP) entregará el país con 152.000 nuevas obras de infraestructura, aunque algunas de ellas todavía no están operativas como el Tren Eléctrico de Lima, y con Reservas Internacionales Netas (RIN) por más de 44.000 millones de dólares.

La pobreza cayó a 31 por ciento en los últimos cinco años, mientras que las exportaciones han alcanzado un pico de 131.000 millones de dólares y las inversiones en minería e hidrocarburos bordearon los 20.000 millones de dólares entre 2000 y 2009.

García ha insistido en que deja a Humala un país estable y en pleno crecimiento y se sorprendió gratamente de que su sucesor haya elegido como su nuevo ministro de Economía al que fue hasta hace poco viceministro de Hacienda, Luis Miguel Castilla.

"Me pareció una muestra de querer mantener la estabilidad y el equilibrio", comentó García sobre la designación, después de varias semanas en las que se pidió a Humala dar señales de confianza a los inversionistas privados y a los mercados internacionales.

Sin embargo, el segundo Gobierno de García tampoco ha estado exento de escándalos de corrupción ni de conflictos sociales, que según la Defensoría del Pueblo han superado los 230, especialmente por reclamaciones medioambientales por la contaminación del agua y los campos de cultivo por parte de mineras o grandes industrias.

"Este señor quiere reelegirse en el 2016, tiene todo el derecho, pero los peruanos tenemos también el derecho a recordarle lo nefasto que ha sido su Gobierno", opinó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán.

En entrevista con Efe, Huamán afirmó que "la corrupción y la impunidad han campeado en las altas esferas del Gobierno, comprometiendo al propio presidente García, que debe de ser acusado y enjuiciado constitucionalmente".

Huamán justifica su acusación en las imputaciones hechas al mandatario en torno a su presunto conocimiento de las irregularidades cometidas en la licitación de lotes petroleros en 2008, que fueron denunciadas tras la difusión de los denominados "petroaudios".

Asimismo, el dirigente sindical atribuyó responsabilidad a García en la muerte de 104 ciudadanos, citando a cifras de organizaciones civiles, a consecuencia de la represión policial de las protestas sociales durante su Gobierno.

Precisamente, uno de estos conflictos, convocado por nativos en la selva de Bagua en 2009, representó una de las crisis políticas más graves del saliente Gobierno, por la muerte de 24 policías y 10 civiles, aunque Alan García se mantuvo firme en su decisión de no otorgarle a las comunidades indígenas el derecho a veto sobre la explotación de recursos en sus tierras.

EFE

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