Recientemente el nuevo alcalde, Luis Walton Aburto, dijo que recibió un Ayuntamiento "en quiebra",
pues heredó de la anterior administración varias deudas que suman casi US$165 millones.
Es más dinero del que pueden pagar con las finanzas locales y por eso Acapulco, dice su alcalde, necesita ayuda federal para evitar una parálisis gubernamental.
En los últimos años
Acapulco ha sido campo de batalla entre carteles de narcotráfico que disputan el control del mercado de drogas.
La violencia provocó el cierre de decenas de negocios y ahuyentó el turismo, especialmente el extranjero y los visitantes que solían llegar en cruceros marítimos.
Ahora, oficialmente la disputa de carteles ha disminuido y el flujo de turistas empieza a repuntar, pero las finanzas públicas siguen en problemas.
Sin bono de fin de año
La actual crisis financiera no se relaciona con el problema del narco, afirma el alcalde Walton, sino con "un manejo irresponsable" de las finanzas públicas en el gobierno anterior que encabezó Manuel Añorve Baños.
Según Walton, en 2009, cuando inició la gestión de Añorve, la deuda del ayuntamiento era de unos US$30,5 millones. Tres años después aumentó a US$120 millones.
A los pasivos se suma un déficit en las arcas municipales. Actualmente el dinero disponible representa la mitad del necesario para pagar sueldos, bonos de fin de año, combustibles, electricidad y cubrir los pagos de obras públicas ya realizadas.
Para superar la crisis, Acapulco necesita ayuda del gobierno federal. "Necesitamos que invierta, de otra manera no vamos a salir", explica Walton.
Mientras tanto, el ex alcalde Añorve Baños rechaza que el gobierno de Acapulco esté en quiebra. Las críticas son, dice, parte de una venganza política.
"Se busca atraer los reflectores y difamar a la administración anterior con cifras inexactas", ha dicho a medios locales.
BBC Mundo intentó hablar con Manuel Añorve, actualmente diputado federal, pero al día de la publicación de esta nota no había obtenido respuesta.
Arcas abiertas
Casos como éste son frecuentes en cada relevo de autoridades en México, reconocen especialistas.
Por ejemplo en Tapachula, Chiapas, al sur del país, el nuevo alcalde encontró menos de US$1 en las arcas municipales, y en otros ayuntamientos los funcionarios iniciaron su trabajo sin muebles, vehículos o papelería oficial porque sus antecesores se los llevaron.
El problema es que hay poco castigo para quienes abusan del dinero público, le dice a BBC Mundo Juan Pardiñas, director del independiente Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
"Hay una debilidad estructural en transparencia y rendición de cuentas, y al haber este serio problema ocurre con mucha frecuencia que se utiliza el dinero para fines no asignados", explica y añade: "Como dice un dicho mexicano: en arca abierta hasta el más justo peca".
Para muchos analistas, la raíz del problema es que las autoridades mexicanas, especialmente en los municipios, no están acostumbradas a informar a los ciudadanos sobre el uso que dan a los recursos fiscales.
El año de Hidalgo
Es un asunto relativamente nuevo, explica el director del IMCO, pues durante el tiempo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al país se creó una especie de administración pública alterna.
"En el México del viejo sistema presidencialista el poder central tenía capacidad de remover no sólo a un gobernador sino a un alcalde. Había un sistema de rendición de cuentas no democrático hacia gobernadores o al presidente de la República", cuenta el especialista.
Este mecanismo ha ido desapareciendo. Pero lo que sí prevalece es la costumbre de que en el último tramo de cada gobierno -tres años, en el caso de las alcadías- muchos funcionarios autorizan créditos bancarios, realizan compras excesivas y se llevan o venden muebles, vehículos, aparatos electrónicos, computadoras y hasta enseres de baño.
A esto en México se le conoce popularmente como "el año de Hidalgo": es tonto quien deje algo.