| 8/15/2016 12:01:00 AM

Nuestro estado fallido

La actual estructura del Estado puede colapsar. Debe considerarse su reforma si queremos que tenga límite la voracidad fiscal de nuestros gobiernos.

No hay voz más fuerte y uniforme en la actualidad que la que grita pidiendo una reforma tributaria que redistribuya las cargas y disminuya las impuestas en las dos últimas reformas a los mismos contribuyentes.

Dejando de lado el hecho de que ese grito no parece tener eco en el Gobierno, que la anuncia pero no la presenta en sociedad seguramente para evitar que la manoseen en el Congreso si tiene un largo debate, lo cierto es que será un debate inoficioso si no se garantiza que el tamaño del Estado no exija en un corto plazo mayores recursos.

Es decir, no parece lógico un debate de fondo sobre la estructura impositiva, si no viene precedido de uno sobre la actual estructura del Estado y qué límites deben existir para que el gasto público sea impredecible y desbordado.

Partamos por anotar que el crecimiento del tamaño del estado colombiano ha sido acelerado, por decirlo menos, al pasar del 13% del Producto Interno Bruto (PIB), antes de 1990, para llegar al 31% del tamaño de la economía en 2008[1].

Dicho crecimiento se atribuye, además de las necesidades de defensa, a la Constitución Política de 1991, que asignó nuevas funciones al Estado que se materializan en un mayor gasto público, idealmente para satisfacer y proteger los nuevos derechos reconocidos por la entonces nueva carta de navegación de nuestra sociedad.

Sin embargo, pasados veinticinco años desde su entrada en vigencia, es claro que el tamaño actual del Estado y su eficiencia no parecen compadecerse con el costo que representa para la sociedad su mantenimiento, máxime cuando existe un generalizado sentimiento de que cualquier incremento en la carga tributaria sería inaceptable.

La realidad es que el modelo actual del Estado previsto en nuestra Constitución Política es ejemplo de un desaforado intento por alcanzar una utopía. Algunos criticarán esta posición, pero cabe preguntarse, por ejemplo, si un país con los limitados recursos de que dispone el nuestro, puede darse el lujo de asegurar el derecho a la salud de manera ilimitada, como en la práctica es a lo que nos ha llevado nuestra Corte Constitucional y sus interpretaciones.

Algo semejante ocurre con los entes de control. Si bien nadie puede cuestionar la importancia de la función de control, hoy para su realización la estructura del Estado está montada para crear burocracia y no para ser eficiente.

No parece existir un argumento determinante que impida pensar que una sola entidad debería desempeñar las funciones de control. Actualmente la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía separadamente investigan, adelantan procesos y pretenden aplicar diversas sanciones según el interés que protegen, pero que terminan todas siendo objeto de validación y control por los jueces.

La única diferencia que existe es el régimen legal que aplican, ya se trate del disciplinario, de responsabilidad fiscal o el Código Penal, sin que sus procedimientos difieran sustancialmente en la medida que todos deben amparar el debido proceso.

Una sola entidad significaría una sola administración, una sola cultura institucional y sin duda alguna una reducción de costos innecesarios, así tenga ella internamente que tener especialidades por temas o procedimientos que aseguren la idoneidad de su función de control.

Estos son ejemplos, sin duda sujetos a debate, entre muchos otros que podrían darse alrededor de la reingeniería del Estado que se requiere para hacerlo eficiente y que deberían sin duda alguna considerarse por el país. Sin embargo, rompe paradigmas, pero sobretodo los de los políticos y burócratas, lo que asegura que no tendrá futuro.

En la realidad, sin embargo, no hay duda de que promover una reforma tributaria acompañada de una reforma del Estado que asegure una aplicación adecuada de los recursos sería más sencillo que imponerla a la brava, como ha sido costumbre de este Gobierno.

Pero en la Colombia actual no es necesario ser políticamente correcto, pues el Gobierno no requiere la aprobación del país sino solo del Congreso, la cual asegura por otros medios.

Lo cierto es que mantener al Estado como viene puede llegar a ser imposible, salvo que la voluntad general de la población sea asumir el costo correspondiente con mayores impuestos.

[1] “Determinantes del Tamaño del Estado. El caso Colombiano”. Mireya Bermeo A. Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Económicas.

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