Las pilas bien puestas

Muchas de sus empresas se han convertido en referentes regionales y sus niveles de inversión son
muy altos. No obstante, hay preocupaciones que van desde lo ambiental y social hasta lo jurídico.

Aunque los focos y las luces se han dirigido a la dinámica que en materia de vías y transporte hoy necesita el país y que representarían inversiones por cerca de $47 billones –unos US$24.000 millones–, otros sectores claves en infraestructura no se están quedando atrás.

En los próximos años, las inversiones en materia de energía eléctrica podrían superar los US$13.000 millones; en telecomunicaciones se avecina la revolución de 4G y la conexión de fibra óptica que podría ubicar recursos por encima de los US$3.000 millones, mientras en gas los planes de expansión
y la instalación de una planta de licuefacción en la costa Caribe podrían generar inversiones por más de US$1.200 millones.

Estos son sectores muy dinámicos y referentes en la región. Colombia es considerada un hub de energía eléctrica, su potencial en gas le permitiría hacer desarrollos –como el shale gas y el gas asociado a carbón– que complementarían su oferta de gas natural, y en telecomunicaciones los avances en conectividad y desarrollos de nuevas tecnologías colocan al país a la vanguardia.

Sin embargo, hay muchas tareas pendientes para acelerar los procesos y que estas inversiones proyectadas se conviertan en realidad. La gran mayoría de ellas están relacionadas con las licencias ambientales y las consultas a comunidades que han puesto en jaque varios proyectos, en el caso de energía eléctrica y de exploración de gas.

Proyectos de generación como Quimbo o Ituango han enfrentado problemas sociales y ambientales que podrían amenazar la entrada en operación y la confiabilidad del sistema.

Lo mismo ocurre con líneas de transmisión que, si no entran en los tiempos previstos, encenderían las alarmas de eventuales apagones, como lo ha advertido hasta el mismo Alcalde de Bogotá.

En el tema jurídico, decisiones recientes de la Corte Constitucional sobre el retorno de activos en el sector de telecomunicaciones ha generado muchas dudas, más aún, cuando el fallo final no se conoce.
Pero, sin duda, la movida clave es la decisión del Gobierno de vender su participación en Isagen. De allí saldrán los recursos que soportarán el financiamiento de obras de infraestructura a través del Fondo de Desarrollo Nacional.