El Consejo de Estado le dio la razón al Sindicato de ETB –Sintrateléfonos- al declarar la
nulidad del decreto 1755 del 26 de mayo de 2011, por el cual el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró a Cristina Plazas Michelsen como alcaldesa ad hoc de Bogotá para presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo, dirigido a la venta de acciones del Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
El sindicato afirma que el presidente Santos
nombró, mediante el decreto 1755, a Plazas Michelsen como alcaldesa ad hoc luego de que la entonces alcaldesa encargada, María Fernanda Ocampo, se declarara impedida para actuar en el proyecto de enajenación de acciones, con lo que se pretendía vender ETB.
Por esta razón,
el 30 de mayo de 2011, Sintrateléfonos instauró demanda contra Cristina Plazas Michelsen, como alcaldesa ad hoc de Bogotá, de acuerdo al decreto 1755 del 26 de mayo de 2011 y 1921 del 1 de junio de 2011.
La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que l
a nulidad se da porque el primer mandatario no era competente para nombrar alcaldesa ad hoc y agregó que era la Procuraduría la entidad que debía resolver el impedimento declarado por la burgomaestre encargada, María Fernanda Campo, quién fue nombrada por Santos tras la suspensión de Samuel Moreno.
Según el alto tribunal, el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo precisa que
el impedimento debe ser presentado ante el superior jerárquico del funcionario, en este caso la alcaldesa encargada, o ante el Ministerio Público; en vista de que el alcalde es elegido por voto popular y no tiene superior jerárquico, entonces no era el Presidente sino la Procuraduría la competente en esta materia.