Multa a Roa-Florhuila por violar la libre competencia

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sancionó a la Organización Roa Florhuila S.A., y a cuatro de sus directivos: Aníbal Roa Villamil, Hernando Rodríguez Rodríguez, Édgar Gaviria Herrera y Pablo Julio Gutiérrez Uribe, por violaciones al régimen de protección de la libre competencia.

De acuerdo con el ente de control, la empresa en mención y sus directivos influenciaron a otros agentes del mercado en los precios de venta de arroz blanco al consumidor final a través de los canales de distribución y comercialización.

Lo anterior va en contravención de las normas legales que consideran como actos anticompetitivos los relativos a influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o para que desista de su intención de rebajar los precios.

En septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Molinos Roa S.A., Molinos Florhuila S.A. y los cuatro altos directivos de dichas empresas, por presuntamente haber incurrido en prácticas anticompetitivas.

La investigación se adelantó contra Molinos Roa S.A. y Molinos Florhuila S.A., sin embargo en diciembre de 2014, Roa S.A. absorbió mediante fusión a Florhuila S.A. Al hacerlo, cambio su razón social a Organización Roa Florhuila S.A., razón por la cual, hoy sólo existe un agente del mercado y las sanciones se imponen, en su conjunto, a la Organización Roa Florhuila S.A.

Como resultado de la investigación, se concluyó que las empresas investigadas incurrieron en actos ilegales de influenciación de precios desde el año 2005, al prohibirle a sus clientes en distintos canales de distribución y comercialización, vender el arroz blanco por debajo del precio de la plaza de mercado, con lo cual el consumidor final no podría obtener precios más favorables.

Así mismo, se comprobó que los molinos investigados realizaban un estricto seguimiento al cumplimiento de las restricciones impuestas a sus clientes, informándoles que una infracción a las mismas traería como consecuencia: la ruptura unilateral de la relación comercial; la interrupción de la misma; y sanciones por un término de tres meses, con la advertencia de que los volúmenes dejados de facturar por el comerciante castigado serían asignados a los demás agentes comercializadores de la región.

“La conducta de las empresas sancionadas limita la libre competencia, en cuanto conduce a que el precio no sea el resultado de las fluctuaciones de las fuerzas del mercado, ni de la rivalidad entre competidores, sino el resultado de una influencia ejercida por dichas empresas de la que se deriva una pérdida de autonomía para los demás agentes del mercado, eliminando el precio como factor determinante de la competencia a favor del consumidor final”, explicó la Superintendencia.

¿Baja sanción?
Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia sugiere imponer sanciones económicas proporcionales a las ganancias desleales de las empresas, para desestimular estas alianzas. En el trabajo se propone cambiar la penalidad fija, que opera en el momento, por una proporcional a las ganancias obtenidas por este tipo de prácticas ilegales, comúnmente conocida como formación de carteles. Para ello, los investigadores buscaron establecer si el cambio en la forma de determinar el valor de las multas lograría reducir el grado de fijación de precios en el país y así desestimular esta práctica entre las empresas.

Según se concluye en el estudio, para que el actual sistema de sanción llevara a una fijación de precios equivalente a cero y no afecte a los consumidores, en el esquema actual, se tendría que ejecutar multas tan altas que prácticamente quebrarían a las empresas, y según el profesor Óscar Benavides, quien dirigió el trabajo ese no es el objetivo. Por el contrario, si las sanciones son proporcionales a las ganancias obtenidas y se continúa con la política de delación, las estimaciones sugieren que este tipo de prácticas se reduciría de manera significativa.