| 2/9/2015 11:30:00 AM

Superindustria pone en cintura a prestamistas usureros

La Superindustria sancionó a la sociedad prestamista BCI EMPRESAS S.A.S. (propietaria de los establecimientos Anticipos Express) con una multa superior a $1.200 millones por cobrar intereses usureros que en algunos casos excedían hasta 250 veces el límite de los intereses máximos permitidos por la ley.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), impuso a BCI EMPRESAS S.A.S (propietaria de los establecimientos Anticipos Express) la máxima multa permitida por el ordenamiento jurídico, es decir, $1.288.700.000, por haber infringido los artículos 23 y 45 y el literal c) del artículo 55 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

La Superindustria ordenó, por primera vez en la historia, la devolución de los intereses cobrados en exceso en un valor equivalente al doble de los mismos, a todos los consumidores que habían celebrado contratos de mutuo con BCI EMPRESAS S.A.S (Anticipos Express).

Además de la imposición de la multa, la Superindustria adoptó las siguientes decisiones a título de medidas cautelares administrativas de inmediato cumplimiento:

• Bloquear o congelar los dineros existentes en todas las cuentas bancarias de BCI EMPRESAS S.A.S. (Anticipos Express), con el fin de garantizar la devolución a los consumidores del doble de los intereses cobrados en exceso.
• Declarar la ilegalidad de la actividad consistente en comprar los sueldos de los colombianos, a través de instrumentos que pretender esconder bajo el ropaje de “contrato de anticipo de flujos futuros” lo que en realidad es un contrato de mutuo o préstamo de dinero con garantía en el sueldo.
• Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones penales a que haya lugar por la posible comisión del delito de usura, previsto en el artículo 305 del Código Penal Colombiano que prevé prisión de cuatro (4) a diez (10) años.

El caso
Previamente, se registraron denuncias que advertían que BCI EMPRESAS S.A.S. (Anticipos Express) se dedicaba a prestar dinero a empleados y pensionados cobrando intereses por encima de la tasa máxima legal permitida, la Superindustria requirió información acerca del modelo de negocio de esa sociedad y realizó una visita administrativa de inspección para averiguar si con las actividades de financiación se estaba incurriendo o no en violaciones al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Formulado el correspondiente Pliego de Cargos y una vez hecho el análisis de la totalidad de la información recaudada y de las pruebas en el proceso, la Superindustria pudo determinar que BCI EMPRESAS S.A.S. (Anticipos Express) no estaba celebrando “Contratos de Anticipo de Flujos Futuros” o de compra de flujos futuros provenientes del salario o de las pensiones de los trabajadores, como pretendía denominar dichos negocios frente a sus consumidores, sino que dicha relación contractual encajaba perfectamente en el contrato de mutuo o préstamo de dinero.

Al ser en realidad un contrato de mutuo o préstamo de dinero, la Superindustria pudo determinar que a los consumidores que acudían a BCI EMPRESAS S.A.S. (Anticipos Express) a solicitar un préstamo de dinero, con un plazo no mayor de 15 días, se les llegaba a cobrar intereses que superaban en no menos de 17,6 veces los intereses legales permitidos. En un caso extremo, como el de un préstamo con plazo de un día, en consideración a que existe una tarifa fija de intereses cobrados, se evidenció que la tasa cobrada podría estar superando en 250 veces la tasa máxima legal permitida.

Tratándose de consumidores que solicitaban un préstamo con un plazo de pago no mayor de 30 días, se les cobraba intereses no menores a 10,86 veces los intereses legales permitidos, y en casos extremos también podría incluso llegar a 250 veces la tasa máxima legal permitida.

La Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que la actividad desplegada por la empresa BCI EMPRESAS S.A.S. (Anticipos Express) consistente en efectuar préstamos de dinero, se adecúa plenamente al supuesto de hecho contemplado en el literal c) del artículo 55 del Estatuto del Consumidor[2] y, en consecuencia, su conducta constituye USURA, acción que se encuentra proscrita por las normas que regulan la materia.
 
Contra la sanción o multa impuesta en primera instancia, proceden los recursos de reposición y de apelación ante la misma Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, contra las medidas cautelares administrativas, no procede ningún recurso.
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