| 9/19/2012 5:00:00 AM

Millonario castigo a contratistas tramposos

El superintendente de Industria y Comercio comenzó a despedirse de su cargo con la imposición de sanciones aleccionadoras a tres experimentados negociantes que hicieron trampa para quedarse con un jugoso botín.

Se trata de nada más, ni nada menos que el contrato con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para la provisión de alimentos para los reclusos de todas las cárceles y penitenciarías del país.

Al cabo de una investigación que no ignoró detalle alguno, el saliente superintendente, José Miguel de la Calle, conminó a María Mercedes Bohórquez, Jairo Maya Salazar y a Calixto de Jesús Vega Navarro a pagar multas que, sumadas, superan los $5.700 millones.

Su falta más grave consistió en haberse coludido para diseñar ofertas similares en precios, maniobra con la que aseguraban la adjudicación del contrato para la provisión de raciones en los principales establecimientos carcelarios.

Las pruebas acopiadas durante casi un año de investigación los incriminan. Sus observaciones a los pliegos de condiciones eran idénticas y solo diferían en algunos errores de taquigrafía. Según los investigadores, se notaba a las claras que habían sido redactadas por la misma persona.

Más allá de las coincidencias, los tres contrataron sus pólizas de garantía con el mismo corredor de seguros y fijaron matemáticamente las tarifas de manera que cada uno de ellos obtendría los más altos puntajes en ítems que habían sido calculados de antemano.

Los correos que se cruzaron con el corredor no dejaban lugar a dudas. El asegurador clasificó con el mismo nombre de “estrategia cárceles” sus contratos de póliza y les distribuyó los amparos de manera diferencial y conveniente para cada uno de ellos.

En una providencia de 88 folios, la Superintendencia desestimó los argumentos de la defensa en el sentido de que todo había sido fruto del azar y dejó en claro que la colusión o acuerdo subrepticio entre proponentes es una de las faltas más graves y lesivas dentro de los procesos de contratación pública.

“(Se trató) de un acuerdo para afectar la competencia a favor de aquellos que realizaron el acuerdo y en contra de aquellos que siguen estando en competencia”, advirtió en el fallo el organismo de vigilancia y control.

Facebook delator


El proceso incluyó pesquisas detectivescas. Los investigadores rastrearon las redes sociales y encontraron que las relaciones entre los contratistas coludidos iban mucho más allá del colegaje y de una relación de negocios que se había establecido durante 16 años.

Su trato en el chat y Facebook era familiar y dejaba ver que compartían gustos, aficiones y apetitos económicos.

La multa dará al traste con el futuro comercial de las sanciones, pues parte del castigo consistirá en que los tres tendrán que publicar un aviso en un periódico de amplia circulación nacional en el que informarán que fueron sancionados y, en consecuencia, le notificarán a la sociedad que quedan inhabilitados para seguir contratando con el Estado.

La Superintendencia le dio traslado a la Fiscalía para que les abra, si lo considera del caso, una investigación penal que podría enviarlos a la cárcel. Esta es la multa más alta impuesta a una sociedad por colusión.

No es el único

Uno de los tres sancionados, Jairo Maya Salazar, ya había conseguido varios contratos con el Estado, dos de ellos para el suministro de alimentación de usuarios hospitalizados en el centro de rehabilitación integral de Boyacá: uno en 2011 por $241 millones y otro en 2010 por $177 millones, entre otros.
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