| 4/6/2017 12:01:00 AM

Los controles al Leviatán normativo

Cualquier persona o grupo de interés tiene el derecho de participar en el proceso de expedición de la regulación a través del envío de comentarios a los proyectos, los cuales, además siempre deberán haber sido objeto de un análisis de impacto de la norma, con énfasis en la eficiencia económica y social.

En el mundo moderno, así como en Colombia todos los días leemos, escuchamos y, por supuesto, nos enteramos que se ha expedido un Código, una Ley, un Decreto, un Acuerdo y otra cantidad de normas con diversos nombres, que tienen como elemento común la capacidad de imponernos comportamientos y actuaciones, desde decirnos qué razas de perros están prohibidas en Colombia hasta cómo debemos conducir nuestro automóvil. 
Por supuesto que a las empresas también se le regula todos sus actos, desde su constitución, los requisitos de sus reuniones, qué impuestos deben pagar, qué información deben remitir al Gobierno Nacional, a los entes territoriales y a un sinnúmero de entidades, tales como las Comisiones de Regulación, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias, entre otros. 
Esta avalancha de reglas sacude a los ciudadanos y a las empresas, pues cada una de las nuevas normas impone deberes o prohíbe conductas, y por supuesto, tienen un costo de implementación. 
Sólo para tener una idea de este maremágnum, de acuerdo con las cifras suministradas por el Departamento de Planeación Nacional (DNP) el pasado 17 de marzo de 2017, en el evento Cuarto Diálogo de Expertos de la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas Regulatorias, el siguiente fue el panorama normativo de Colombia entre los años 2000 al 2016, cuyas entidades con capacidad regulatoria  “emitieron 94.748 tipos de normas, para un promedio diario de 2,8 decretos, 11,2 resoluciones, 0,3 circulares y 15,4 normatividades”, correspondiendo el diez por ciento (10%) de estos totales al sector liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Ahora bien, ¿qué herramientas tienen los  ciudadanos para su protección ante este leviatán normativo? Si uno le preguntara a los abogados la respuesta sería técnica. Se cuentan con acciones públicas antes los jueces de la República para retirar del ordenamiento jurídico a aquéllas normas que violen la Constitución y la Ley. 
Sin embargo, nosotros los legos contestaríamos y ¿qué pasa si la norma es Constitucional e incluso legal? pero aún así es exagerada, impone unos altos costos de implementación y además desconoce la realidad económica, operativa y técnica de los negocios que está regulando, máxime por ejemplo en temas novedosos como el comercio electrónico y la economía digital.  Se trata de evaluar las reales consecuencias en la expedición de una norma, diseñar la mejor estructura legal posible, buscando una mayor eficiencia económica y social. 
Como una mejor respuesta al anterior interrogante, el Gobierno Nacional bajo el liderazgo del DNP, ha buscado reducir la carga regulatoria y ha logrado expedir una política pública para la expedición de la regulación que le corresponde a las entidades que integran la rama ejecutiva del poder público. 
Para ello, desarrolló varios pasos, incluyendo el ingreso de Colombia al Comité de Política Regulatoria de la OCDE para, con base en las recomendaciones del mismo, proceder a emitir el Documento CONPES 3816 de 2014, mediante el cual se institucionalizó “el Análisis de Impacto Normativo en la etapa temprana del proceso de emisión de la normatividad desde la Rama Ejecutiva del Poder Público”, documento que tuvo un desarrollo concreto mediante la expedición del Decreto 270 de 2017, que profundizó el marco normativo para la “(…) participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación”.  
Entonces, hoy en día no sólo existe la protección conocida de marras, en la cual las normatividades que desconozcan la Constitución y la Ley pueden ser retiradas del ordenamiento jurídico, sino que cualquier persona o grupo de interés tiene el derecho de participar en el proceso de expedición de la regulación a través del envío de comentarios a los proyectos, los cuales, además siempre deberán haber sido objeto de un análisis de impacto de la norma, con énfasis en la eficiencia económica y social. 
Dentro de este contexto, teniendo en cuenta la importancia y el costo que la regulación del comercio electrónico y la economía digital puede tener para sus actores y participantes, además de poder conocer a las personas quienes tienen las responsabilidades de emitir las regulaciones aplicables e interactuar con ellos, dentro de un espacio académico y de retroalimentación de políticas públicas, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha programado la realización del primer Ecommerce Summit Colombia el próximo 16 de mayo de 2017 en el Club el Nogal.  
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