| 5/8/2017 8:38:00 AM

Liquidación de Estraval ya deja más de $40.000 millones para las víctimas

El liquidador de Estraval relevó que la recuperación de activos de la firma de libranzas deja por ahora un saldo de $41.400 millones, que servirán para el pago de reclamaciones de quienes se declararon como víctimas de la firma.

Luis Fernando Alvarado, liquidador de la firma de libranzas Estraval, anunció que por ahora ha logrado recuperar $9.542 millones en depósitos judiciales, $4.867 millones embargados en bancos y otros $3.855 millones en certificados de depósito a término (CDT´s), además de $13.551 millones en pagadurías y $6.416 millones en un encargo fiduciario.

Alvarado trabaja también en el cobro de 362 pagadurías entre las que se encuentran títulos de Colpensiones, el Ministerio de Defensa, el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (Fopep), la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), y Colpensiones.

El liquidador agregó que busca recuperar varias inversiones en entidades del sector financiero, un porcentaje en derechos fiduciarios y un título minero en el Río Sumapaz, que se sumarían a la recuperación de dos oficinas ubicadas cerca a la calle 100 con autopista norte en Bogotá, cuyos avalúos preliminares les dan un valor individual de $1.500 millones y $4.000 millones.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, explicó que para administrar la cartera de Estraval, el proceso de liquidación se organizó en varias áreas, que buscan consolidar un centro de llamadas para atender a víctimas y deudores, auditar los estados de cuenta y reconstruir los listados de descuento de las pagadurías y atender las peticiones, quejas y reclamos.

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Por su parte, el liquidador señaló que en el proceso se están identificando varios depósitos judiciales en varios procesos ejecutivos y que esta tarea permitiría, en el mediano plazo, atraer más recursos hacia el proceso.

El caso Estraval

Estraval era una firma dedicada a las libranzas que se creó hace 16 años y que, según la Ley 1527 de 2012, podía lograr acuerdos con varias cooperativas que incluyeran dentro de sus portafolios los créditos de libranza.

Sin embargo, en el 2015 la Superintendencia de Sociedades detectó fallas contables en la firma y la sometió a vigilancia especial.

Pese a la vigilancia especial de la Supersociedades, la firma de libranzas llegó a la cesación de pagos en el segundo trimestre de 2016 lo que llevó a que la entidad de control decretara su reorganización.

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A mediados de junio del mismo año, Estraval entró en liquidación judicial pues la firma de libranzas era incapaz de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus principales acreedores.

El proceso de liquidación decretado en ese momento también cobijaba a sus empresas vinculadas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas.

Ya en septiembre, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de Estraval y seis compañías asociadas a la misma, luego de comprobar que la firma ofrecía rendimientos sin sustento financiero, es decir, la rentabilidad ofrecida no correspondía a la realidad económica.

"Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante, la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista entre otras irregularidades", señaló en ese momento el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.

Por último, en febrero de este año, una juez de garantías le ordenó prisión a tres directivos y cuatro fundadores de la firma de libranzas.

Los fundadores de Estraval César Fernando Mondragón; Juan Carlos Bastidas Alemán y José Iván Castiblanco Fúquene, así como los exdirectivos de la firma Rosalba Fonseca Melo; Pedro Harold Carvajal; Fernando Joya Rodríguez  y Ángela Marina Daza Saavedra, no aceptaron los cargos pero fueron procesados por enriquecimiento ilícito y captación ilegal de recursos, entre otros delitos.

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