| 7/15/2013 5:20:00 AM

La verdad de las cláusulas de permanencia

Dinero.com invitó a Rodrigo Lara, presidente de Asomóvil y al representante David Barguil a hablar sobre el proyecto de Ley que eliminaría las cláusulas de permanencia, cada uno desde su visión. Conozca sus versiones.

¿Por qué el país necesita un proyecto que elimine las cláusulas de permanencia en la telefonía móvil y servicio de cable?

David Barguil: Si en Colombia, el porcentaje de llamadas caídas no fuera tan alto, si los operadores se esforzaran por mejorar el cubrimiento, si los minutos fueran baratos o ilimitados y si los equipos se entregaran a muy bajo costo o a cero pesos, como ocurre en los países donde existen cláusulas de permanencia, entonces, y solo entonces, yo retiraría este proyecto de ley. Debe tenerse en cuenta que hoy en día las pésimas condiciones del servicio no pueden seguir perpetuándose con cláusulas que amarren a los usuarios por periodos entre 1 y 3 años. El país necesita evolucionar hacia un mercado más competitivo en donde la gente pueda elegir libremente la entidad que más le convenga. La libre movilidad de los usuarios dentro del sistema permitirá que el servicio mejore, porque sólo con servicios de calidad y buenos precios los operadores lograran que el cliente se quede con ellos. No podrán atar a la gente con "clausulas", se verían en la necesidad de competir con servicios óptimos.

Rodrigo Lara: No entiendo porque quieren eliminar algo que constituye una opción para el consumidor. Las cláusulas no son obligatorias, dado que la regulación establece que un mismo plan debe ofrecerse con o sin cláusula de permanencia. Los planes ofrecidos no pueden ser mayores a 12 meses; excepcionalmente, un operador puede ofrecer una cláusula de 24 meses siempre y cuando ofrezca un subsidio en el terminal. También es importante señalar que existe la terminación anticipada y la portabilidad numérica.

No se deben eliminar, debido a que los usuarios que deseen adquirir Smartphones a precios subsidiados por los operadores en planes pospago (cláusula de permanencia) ya no lo podrán hacer y deberán comprarlos a los precios del mercado, los cuales son bastante elevados, pues son dispositivos de alta tecnología. Entonces, no solo se les vulnera a los consumidores la libertad de elegir entre planes con subsidio o sin subsidio de terminales, sino que se les obliga a adquirir los dispositivos en la versión más costosa. En efecto, la evidencia internacional muestra que cuando se eliminan las cláusulas de permanencia disminuye de manera considerable el acceso de los consumidores a equipos de última tecnología, situación que iría en contra de las metas del Gobierno. Entre dichas metas se afectaría la penetración de banda ancha, pues en muchas zonas del país la única manera de conectarse a internet es mediante el internet móvil.


¿Cuál cree que es la intención de los gestores y/o detractores de este proyecto? ¿Qué se teje detrás?

David Barguil: Los detractores quieren seguir teniendo acorralado el mercado de venta de equipos y seguramente quieren evitar tener que hacer las inversiones necesarias para mejorar el servicio. Quieren continuar "fidelizando al cliente a la fuerza" con restricciones de movilidad entre operadores, en lugar de ganar a los usuarios con buenas ofertas, servicios de calidad y precios bajos. Ningún operador va a querer perder ni un centavo de las multimillonarias ganancias que hoy representa el oligopolio de la venta de terminales móviles. Por eso la necesidad de que el estado modere las prácticas del mercado y eso representa pisar los cayos más sensibles, pero inevitables a la hora de formular políticas en favor de la gran mayoría.

Rodrigo Lara: Los gestores pueden tener una buena intención pero la carencia absoluta de rigurosidad técnica y de estudios, hace que el supuesto ánimo de facilitar la movilidad de usuarios entre operadores se traduzca en beneficios para las entidades de financiamiento y grandes superficies a costa de mayores precios para el consumidor. Al tener que acceder a celulares más costosos los usuarios necesitarán de créditos para adquirirlos, y las instituciones financieras verán aumentada su demanda.

Este debate debe ser serio. No es sano generalizar casos individuales (por ejemplo el precio de un terminal) para sacar conclusiones generales. Es fácil hacer amalgamas y asociaciones de asuntos diferentes como la calidad del servicio y las cláusulas de permanencia, a fin de sacar conclusiones direccionadas para justificar la eliminación de las cláusulas. Estos efectismos no enriquecen este debate, por el contrario lo precarizan y lo manipulan.

¿Cuál ha sido la experiencia de este tipo de iniciativas en otros países?

David Barguil: Déjeme empezar por decirle que en muchos países del mundo las cláusulas de permanencia tienen sentido porque implican verdaderos subsidios a los equipos. Por ejemplo, en Europa y USA terminales de última generación son gratis, los minutos son muy baratos o mejor son ilimitados y el servicio es de muy buena calidad. Esto no sucede en Colombia, por el contrario los usuarios están amarrados a servicios costosos y de pésima calidad.

La experiencia muestra que en países como Francia y, en el caso latinoamericano, Chile y Brasil, sus legislaciones han avanzado en el desmonte de las cláusulas de permanencia porque estas figuras van en contravía de la libre competencia y han logrado dinamizar el mercado y beneficiar ampliamente al usuario final.

Otro ejemplo, Finlandia, tiene por disposición del Congreso la prohibición del empaquetamiento de equipos a la prestación del servicio, y esto se hizo precisamente para promover la competencia en la que es quizás una de las naciones más desarrolladas del mundo.


Rodrigo Lara: La evidencia internacional expone dos casos ejemplarizantes: el de Corea y el de Finlandia. En los dos países la eliminación de las cláusulas de permanencia tuvo que ser revertida por las desastrosas consecuencias en términos de ventas de celulares y retraso en la renovación tecnológica. En efecto, cuando en Corea se eliminaron las cláusulas -a principios de la década del 2000- el aumento de los precios fue tan fuerte que los usuarios disminuyeron sus compras mensuales en más de un 80%. Evidentemente tuvieron que revertir la medida y hoy en día no hay evidencia de que haya un país en el mundo que tenga eliminadas las cláusulas de permanencia.


¿Cómo deberían quedar el precio de los equipos de telefonía móvil y precio de los planes de cable tras este proyecto?


David Barguil: Calculamos que bajaran entre un 15 a un 20%, porque hoy en día los equipos están siendo vendidos por los operadores con sobrecostos o mejor dicho "anti subsidios". De hecho la CRC –Comisión de Regulación de Comunicaciones- está adelantando un estudio sobre los mal llamados "subsidios" a los equipos y ha encontrado preliminarmente que las gamas altas de celulares, si bien no todas, son las que reciben el subsidio, pero en el grueso de los equipos vendidos, en las gamas medias y bajas, los costos son por el contrario altísimos. Los operadores tienen entonces una política regresiva de precios, cobrar más a los que menos tienen.

Para poner esto en contexto, el Samsung Galaxy S4 en prepago lo venden los operadores con un sobrecosto del 38%, actualmente cuesta en promedio $1.700.150; mientras que en tiendas on line ya incluidos gastos de envíos el precio oscila entre $1.219.592 y $1.289.900, como si fuera poco, también en pos pago tiene un sobrecosto del orden del 3 al 4 por ciento.

Rodrigo Lara: Los precios en prepago seguirán siendo los mismos que ofrece el régimen de libre competencia que rige en Colombia y el mundo, pero como el valor de los Smartphones en pospago son más baratos y ya no se podrán adquirir por este mecanismo, los precios de adquisición para los usuarios que aspiraban comprar un terminal mediante un plan pospago aumentará. Todos los usuarios estarán obligados a comprar celulares en la modalidad de prepago, a precio de mercado, los cuales seguirán siendo altos debido a que estos aparatos son intensivos en capital y están determinados por los costos de la innovación tecnológica. Así mismo, el precio de los planes subiría o se cobrarían por separado los cargos de acceso y el precio del plan.

¿Cuál es el real beneficio de este proyecto?

David Barguil: Una vez aprobada esta ley los más de 46 millones de suscriptores de telefonía móvil en el país podrán decidir libremente lo que es mejor para su bolsillo; ya sea cancelar su plan, renegociar el mismo o cambiarse de operador. Esto incentiva la competencia y pone de tu a tu al usuario con el operador, cosa que hoy no ocurre en nuestro país.

Además se abrirá la puerta a nuevas y mejores posibilidades de financiación de equipos para que todo el mundo pueda comprar un teléfono inteligente, con la consiguiente masificación de las TICs, bancarización y desarrollo que esto trae a la gente. Obviamente esto también generará una ostensible reducción en el precio de los equipos y de los minutos.

Con equipos a precios más accesibles, todos los usuarios podrán comprar teléfonos inteligentes en Colombia y además la necesaria inversión en infraestructura por parte de los operadores llevará a que los servicios de voz y datos se presten con la calidad requerida y promovida desde el Plan Vive Digital del actual gobierno.


Rodrigo Lara: La eliminación de las cláusulas de permanencia no genera beneficios y es por eso que no hay evidencia de que algún país en el mundo las tenga eliminadas. Los usuarios verán disminuida su libertad de elegir entre un celular subsidiado con cláusula y uno a precio de mercado. De pasar el proyecto todos los consumidores estarán obligados a adquirir los dispositivos móviles a valor de prepago, los cuales son significativamente más costoso. Ahora bien, las entidades financieras, como los bancos y las grandes superficies comerciales, que otorgan créditos para la compra de electrodomésticos, serán las principales beneficiadas dado que aumentarán considerablemente su oferta con los terminales móviles.

Esta medida no fomenta la competencia, por el contrario la restringe. Elimina una de las opciones (un plan con o sin cláusula) con las que cuenta el consumidor en la actualidad y lo obliga a adquirir terminales por vía de tarjetas de financiamiento con las que deberán pagar intereses por algo que hoy es subsidiado y a plazos sin pago de intereses. Estamos ante un debate absurdo.


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