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Directora de la Cámara Colombiana de la Confección, Carolina Blackbur. | Foto: Cámara Colombiana de la Confección

Comercio

Inminente aumento del contrabando

En 2012 el promedio de subfacturación de confecciones que ingresaron al país fue del 74%.

12 de abril de 2013

La Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA) en desarrollo de la defensa de los intereses de los confeccionistas del país y de las mejores prácticas comerciales para beneficio de los consumidores colombianos, expresa su preocupación por la entrada en vigencia del Decreto 601 de 2013, el cual desmonta fundamentalmente la “autorización previa para importar materias textiles, manufacturas, calzado y sus partes clasificables”.

Señala que se abren de esa manera,  y a criterio de la CCCyA, grandes vacíos en el control de la subfacturación y el contrabando técnico de estos productos.

No es la primera vez que la Cámara expresa la preocupación por este decreto; ya en el pasado y en reuniones sostenidas con la DIAN, la ANDI, el PTP y diversos grupos de control, la agremiación expresó su preocupación por casos puntuales de importadores que han ingresado más veces al país de lo que se registra en el Sistema de Riesgos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

Para Carolina Blackburn, Directora Ejecutiva de la CCCyA, “Este Decreto sin duda alguna significa un retroceso en los esfuerzos que el Gobierno, en conjunto con el sector, han venido ejecutando a favor de las confecciones colombianas".

"Con las falencias actuales que tiene el sistema de riesgos y control de mercancía que ingresa al país, sumándole la supresión de esta medida de control, se incrementarán sin temor a equivocarme, los niveles de subfacturación y contrabando que de por sí, ya son bastante preocupantes”, agrega la directora.

La CCCyA exalta la labor que el Gobierno Nacional ha desempeñado en la defensa del decreto 074 de 2013, el cual ha generado hasta el momento cerca de 2500 nuevos empleos en tan solo 40 días de implementación, pero expresa su preocupación por la inminente entrada en vigencia del nuevo decreto que a juicio de los confeccionistas, es dañino para la legalidad y sana competencia del sector.