| 4/3/2014 5:00:00 AM

¿Regulación ambiental frena desarrollo petrolero?

A raíz de lo sucedido en Casanare las petroleras han intentado por todos los medios demostrar que no tienen responsabilidad sin embargo la comunidad sigue viéndolas como las grandes culpables.

La incontrolable mortalidad de animales en el Casanare y la sequía que allí se ha presentado, ha puesto a las empresas petroleras en el ojo del huracán de la sociedad civil y de las entidades protectoras del ambiente, las cuales intentan que se les apliquen mayores regulaciones para evitar más desastres como el de Paz de Ariporo.

Sin embargo las petroleras intentan de todas las maneras desligarse de la responsabilidad de la catástrofe ambiental argumentando que para sus operaciones en todo el país solamente utilizan el 0,35% del recurso hídrico que en Colombia se consume.

Incluso en días pasados Dinero mostró la posición del Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Alejandro Martínez, en la que señalaba que la principal causa de lo que sucede en sur-oriente del país es consecuencia de la agricultura y la ganadería y dejó ver los planes de las petroleras para contribuir en la mitigación del desastre, lo cual abarca inversiones por $2.500 millones.

Pero las críticas contra las empresas de hidrocarburos han seguido y cada vez son más fuertes dado que lo que acontece en el Casanare no cesa a pesar de la llegada de carrotanques de agua.

Ahora el sector petrolero argumenta que contrario a lo que piensan las comunidades indígenas y poblaciones de las zonas en que hacen presencia, en Colombia existe demasiada regulación ambiental lo cual según Jaime Checa, Presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de Hidrocarburos “retrasa el desarrollo de la industria petrolera, dado que para todo se requieren aprobaciones, tanto de la comunidad como de las poblaciones indígenas como de las entidades encargadas de la protección del medio ambiente”.

Esto considerando que ya se escuchan voces que piden que se les ordena a las petroleras tramitar una licencia ambiental para pode realizar las “sísmicas” proceso a través del cual realizan una detonación a 10 metros de profundidad con dos kilogramos de sismigel, el explosivo utilizado para este procedimiento. Este es mecanismo que utilizan las empresas para tomar decisiones de dónde perforar.

Con las sísmicas las empresas obtienen una radiografía del subsuelo y una “pista” de las zonas en que existe mayor probabilidad de presencia de hidrocarburos, sin embargo aclara Checa que “la única forma de saber con certeza si hay o no presencia de crudo es perforando”.

La realización de la sísmica toma entre tres y cuatro meses, su aprobación otros cuatro meses y si a esto se le suma la necesidad de tramitar una licencia para realizarlas se le deberían sumar al proceso otros 16 meses que según la ACP es el tiempo promedio que se tardan en dar respuesta a las solicitudes de licencias ambientales en Colombia.

Para Checa esto sería contraproducente para el desarrollo de los hidrocarburos en Colombia dado que como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, las reservas de Colombia son “precarias” y se requiere incrementarlas con urgencia.

Según datos expuestos por Checa las reservas de Colombia, a niveles de producción levemente superiores al millón de barriles diarios, dan hasta 2020, es decir algo más de seis años, por lo cual la industria está alarmada y pide que se le reduzcan los trámites ambientales con el fin de poder realizar mayores exploraciones que den como resultado nuevos hallazgos que permitan incrementar las reserva del país.

Si bien es cierto que las reservas son un afán del Gobierno, se debe ser muy precavido con el mecanismo que se utilizará para poder aumentarlas pues un daño ambiental será nocivo para las comunidades y el país en general. Dice Checa también que “quizá lo que se necesita no es más regulación sino mayores controles con la existente”.

Sin embargo difícilmente el Gobierno propondrá reducir la regulación actual pues así para el sector sea excesiva para las comunidades sigue siendo escaza por lo tanto no dejarán de existir las consultas previas ni los trámites de rutina para poder realizar los procesos de exploración y explotación.

La tarea es entonces de las entidades encargadas de revisar los trámites para garantizar que se cumplan a cabalidad y así mismo tienen la responsabilidad de darles celeridad para no retrasar el crecimiento del sector, garantizando un óptimo trato medioambiental y un desarrollo petrolero responsable.
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