Este mes vence el plazo para implementar planes antisoborno

El próximo 31 de marzo vence el plazo para la adopción de programas de ética empresarial y transparencia, en el marco de la nueva ley contra la corrupción transnacional, según informó la Superintendencia de Sociedades.

“Las grandes compañías deben comprometerse a prevenir las conductas de soborno transnacional y están obligadas a cumplir con las nuevas normas. Sin embargo, invitamos también a las demás sociedades a que se unan al esfuerzo anticorrupción y fortalezcan sus exigencias en materia de ética empresarial”, aseguró el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

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De acuerdo con la Resolución 100-002657 de 2016 estas son las compañías obligadas a cumplir con la nueva regulación:

Para la definición de las empresas que están obligadas a implementar los programas de ética que ordena la Ley 1778 de 2016, se tuvieron en cuenta cuáles son los sectores con mayor incidencia de la corrupción, según las mediciones internacionales en esa materia.

“Estudios realizados por diversos centros de investigación sostienen que los actos de corrupción cuestan alrededor del 5% del PIB mundial”, señaló el superintendente Reyes.

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Además, Reyes informó que las sanciones para las empresas que sean condenadas por soborno transnacional pueden llegar a los $200.000 salarios mínimos y conducir a la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.

Con la implementación de la Ley 1778 Colombia avanza en la agenda para ser aceptada como miembro pleno de la Ocde, señaló la superintendencia.

Ley 1778 de 2016

El pasado 2 de febrero de 2016, el Gobierno sancionó la ley con la cual se dictan las responsabilidades de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. El presidente Santos el año anterior, afirmó que este es un hito en la lucha contra la corrupción debido a que eleva los estándares de prevención.

Además de las multas por hasta $200.000 salarios mínimos y la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años, el régimen sancionatorio, según esta ley, también incluye:

• Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria por un tiempo máximo de un año.
• Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno en un plazo de 5 años.

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