Por considerar que el Gobierno de Colombia no ha cumplido con obligaciones en materia de regulación y protección de la libre competencia, las empresas Avantel, Colombia Móvil (Tigo), Directv, ETB y UNE radicaron una queja formal por violación de varios artículos del TLC, ante la Oficina de Representación Comercial del Gobierno de Estados Unidos.
La anterior
sería la primera queja formal en contra del Gobierno de Colombia por incumplimiento del TLC, el cual entró en vigencia durante 2012.
Las
empresas que suscriben la queja manifiestan su preocupación en relación con el estado actual de restricción a la competencia y las persistentes fallas en la regulación, el control y en el mercado de voz móvil en Colombia por la dominancia de Claro, así como las distorsiones actuales y potenciales que dicha situación presenta para la libre competencia en los demás mercados de telecomunicaciones.
La denuncia señala, con fuentes gubernamentales colombianas y privadas,
la altísima concentración que ostenta Claro en el mercado de voz móvil, el hecho de que su dominancia fue declarada en 2009 y que, a la fecha, dicha concentración se ha profundizado.
Las empresas afectadas explican que
durante estos últimos tres años el Gobierno no ha expedido las medidas necesarias para controlar el poder de Claro y que las medidas que ha tomado no han sido efectivas, lo cual viola el Capítulo de Telecomunicaciones del TLC.
Adicionalmente,
las empresas denunciaron que los textos incumplidos del TLC son similares a los del “Documento de Referencia” en telecomunicaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del cual es parte el Estado colombiano, por lo que el Gobierno nacional se expone a recibir quejas similares ante dicha organización.
En la denuncia, que se enmarca dentro del proceso de revisión de políticas comerciales en materia de, mediante la cual el Gobierno de Estados Unidos revisa el cumplimiento de las obligaciones de sus socios comerciales en lo relativo a telecomunicaciones,
se pide al gobierno estadounidense que solicite a la administración del presidente Juan Manuel Santos expedir las regulaciones en materia de empaquetamiento de servicios, roaming, acceso a infraestructura y que ajuste las regulaciones de cargos de acceso, en especial en lo relativo a cargos asimétricos.
Con todas estas regulaciones
los operadores afectados esperan que se controle el poder de mercado que ostenta Claro en voz móvil y que, además, monopolice otros servicios de telecomunicaciones.
De otra parte, el documento señala que
las actividades de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio no ha sido efectiva en el control de las conductas abusivas de Claro, lo que ha facilitado la mayor concentración del mercado por parte de la misma y ha desincentivado la presentación de nuevas quejas por otros hechos abusivos cometidos por la mencionada empresa.
En este punto,
se cuestiona también la falta de utilización de medidas cautelares en los procesos administrativos de protección de la competencia y su inadecuada reglamentación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En el pasado,
el gobierno de Estados Unidos se ha tomado muy seriamente las actividades de sus socios comerciales frente a jugadores con alta concentración en el mercado de telecomunicaciones.
En particular, se recuerda que e
n el año 2004 Estados Unidos frente a México ganó un panel arbitral en la OMC, al no haber controlado el poder monopólico de Telmex en México. Telmex es la sociedad matriz de Claro en Colombia.