El pleito que había iniciado desde el 2011 por una interpretación de una cláusula de precios altos que establecía que cuando la producción llegara a 5 millones de barriles, la canadiense debía entregarle a Ecopetrol una porción adicional en la producción.
Sin embargo, el tribunal terminó apegándose a la recomendación emitida por la Procuraduría en la que se explicaba que Ecopetrol tenía razón.
La posición del Ministerio Público fue presentada en la audiencia de alegatos de conclusión celebrada en el Tribunal de Arbitramento que se convocó para solucionar la controversia que existe entre estas dos firmas sobre la cláusula 14.9.3 del otrosí al Contrato de Asociación Quifa, la cual establece una fórmula para calcular la participación adicional sobre la producción para Ecopetrol, por precios altos.
Esta cláusula se hizo aplicable a partir del mes de abril de 2011 y representa billonarios ingresos adicionales para la Empresa Colombiana de Petróleos durante los años que quedan de ejecución de contrato.
Durante el desarrollo del Contrato de Asociación posterior al 25 de mayo de 2005 no se demostró que las partes hubiesen presentado alguna reclamación sobre la forma como quedó plasmada la citada fórmula de la cláusula 14.9.3.
Solo “hasta el mes de abril de 2011, fecha en la que se llegó a la producción del barril 5.000.001 en escenario de precios altos, surgió la controversia en la medida en que Pacific Rubiales comenzó a argumentar que la cláusula se debía aplicar sobre el volumen de producción que le correspondía a ella”.
La Procuraduría General de la Nación asumió una posición coincidente con la de Ecopetrol con fundamento en el contundente conjunto de pruebas que reposa en el expediente.
Según se conoció tras el laudo, Ecopetrol tendría que recibir alrededor de $300.000 millones por este conflicto que surgió desde el 2011.