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En el caso de Ecopetrol, se ha venido discutiendo la enajenación de un 10% adicional, para llevar la porción privada a cerca del 21% del total. Sin embargo, en medio de la actual destorcida minero-energética, ello no luce conveniente, dadas las mencionadas desvalorizaciones de la acción. | Foto: Archivo

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¿En qué se debe enfocar Ecopetrol?

Anif hace un análisis de cómo se pierde transparencia y gobernancia corporativa cuando las privatizaciones en las empresas son de manera parcial y no total. Lo aterriza al caso Ecopetrol.

6 de marzo de 2015

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, inicia su análisis señalando que durante 2014-2015, la reversión en el precio de los commodities se extendió al componente de los energéticos, después de haberse observado una importante corrección en los minerales en 2011-2012.

Ello ha implicado descensos del precio del Brent hacia la franja US$50-60/barril en los inicios del año, traduciéndose en una caída acumulada del orden del 50%-60% desde mediados de 2014.

Esta coyuntura de menores términos de intercambio luce apropiada para analizar lo que ha venido ocurriendo con los procesos de privatizaciones, particularmente de las firmas minero-energéticas.

Anif trae a colación que, durante los años ochenta-noventa, las grandes “oleadas” de privatizaciones en el mundo desarrollado y en América Latina implicaron ventas del 100% de la propiedad estatal de numerosas empresas que se caracterizaban por pesadas cargas burocráticas y sindicales. En cambio, las privatizaciones de años recientes se han caracterizado por ser “de carácter parcial”, dejando a los propietarios minoritarios sufriendo decisiones gubernamentales que casi nunca han sido a favor “del negocio” que se supone deberían estar defendiendo.

Sugiera la entidad que “dicho de otra manera, se ha sacrificado la transparencia-gobernancia corporativa a favor de intereses políticos corto-placistas. En el caso de Ecopetrol, los accionistas minoritarios, que ostentan un 11% de su propiedad, difícilmente han logrado alterar las decisiones gubernamentales durante el período 2007-2015”.

Anif hace un recorrido por Petrobras y Petrochina y cómo la privatización parcial afectó los gobiernos corporativos de cada una de ellas.

Frente a Ecopetrol señala que al igual que en las otras petroleras estatales, han existido cuestionamientos a su transparencia-gobernancia y, recientemente, afloraron problemas de sobornos en adjudicaciones de contratos a nivel internacional (caso Petrotiger, actualmente bajo investigación).

La desvalorización de su acción, cayendo de niveles de $4.500 en 2013 a cerca de $2.100 actualmente, representa una pérdida del -54%, donde la principal preocupación tiene que ver con la ausencia de hallazgos relevantes. En efecto, pese a que sus reservas petroleras mostraron un incremento del 6% durante 2014, estas solo llegan a los 2.048 millones de barriles (equivalente a unos 7.5 años de producción). Peor aún, la tasa de éxito exploratorio se ha venido reduciendo, ubicándose en el 13% en 2014 (vs. niveles del 35%-60% en 2012-2013).

En este punto señala la entidad que ha venido repicando sobre la importancia de sustituir activos públicos (en su mayoría energéticos) por activos de infraestructura. Todo ello, con miras a mejorar la competitividad del sector privado mediante la dotación de bienes públicos de infraestructura que el sector privado no está en capacidad de proveer.

En el caso de Ecopetrol, se ha venido discutiendo la enajenación de un 10% adicional, para llevar la porción privada a cerca del 21% del total. Sin embargo, en medio de la actual destorcida minero-energética, ello no luce conveniente, dadas las mencionadas desvalorizaciones de la acción.

Así las cosas plantea Anif que Ecopetrol debe focalizarse en sortear el difícil período 2015-2016, donde será clave: i) el nombramiento de su nuevo presidente, ojalá alguien con profundo conocimiento del sector y no un simple “yes-man” a la hora del traspaso de utilidades al gobierno; y ii) la profundización del Plan Mega, el cual tiene la exigencia de elevar la producción a no menos de 760 kbpd frente a las perspectivas de caer hacia los 650 kbpd por los repetidos recortes en el capex y los compromisos adquiridos en Reficar, cuyo costo cercano a los US$7.000 millones aún tiene el desafío histórico de realizar la Tasa Interna de Retorno con la cual se estimó dicho “mega-proyecto”.