| 8/16/2013 5:45:00 PM

A Drummond lo juzgarían por punta y punta

Dimar sanciona la violación de normas que regulan las actividades marítimas, mientras que Anla condena la violación de normas legales o administrativas en materia ambiental.

Las investigaciones que adelantan tanto la Dirección General Marítima (Dimar) como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por el incidente de una barcaza en el puerto de embarque de carbón ubicado en el municipio de Ciénaga (Magdalena) en enero de este año no son similares y se pueden adelantar sin que se vulnere el principio que impide juzgar dos veces por lo mismo a las sociedades involucradas.

Así lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al declararse inhibida para resolver un supuesto conflicto de competencia planteado por las sociedades Drummond Ltda, American Port Company Inc. y Transport Services Llc, que consideraban que no podían ser investigados, alternamente, por Dimar y Anla, pues ambas estudiarían el mismo caso y se pronunciarían sobre los mismos hechos.

La sala explicó que no existe conflicto de competencias debido a que las dos entidades cumplen funciones diferentes y sus actuaciones son disímiles. Además, las decisiones de una no excluyen las que pueda adoptar la otra, pues no castigan la misma infracción ni aplican idénticas sanciones.

En el caso de las infracciones, Dimar sanciona la violación de alguna de las normas que regulan las actividades marítimas, mientras que Anla condena la violación de alguna de las normas legales o administrativas en materia ambiental o la generación de un daño al medio ambiente.

Respecto a las sanciones, Dimar puede imponer multas y la cancelación de licencias o permisos o autorizaciones otorgadas por esta autoridad, como licencias de navegación o permisos de construcción, y Anla puede aplicar sanciones de multa con cuantía diferente, el decomiso de productos, elementos o instrumentos relacionados con la falta y la revocatoria o cancelación de la licencia ambiental y de otros permisos o autorizaciones otorgados por las autoridades ambientales.

El Alto Tribunal ordenó reanudar los términos que estaban suspendidos, para que continúen las investigaciones que adelantan los dos organismos ambientales.
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