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La Corte “no declaró la ilegalidad” de la aplicación Uber, según sus voceros

Luego de que se diera a conocer en medios de comunicación un supuesto fallo de la Corte Constitucional en el cual habría declarado a la aplicación Uber como ilegal, los voceros de la empresa salieron a pronunciarse y a negar dicha afirmación.

12 de enero de 2018

Según se informó a nivel nacional, el pasado mes de octubre dos socios conductores de la aplicación radicaron tutelas para que se les respetara el derecho al trabajo, un salario digno, buenas condiciones, entre otras condiciones.

Los conductores decidieron acudir a este medio dado que consideraban que los vacíos en la regulación estaban provocando que varios de ellos se vieran afectados gravemente.

En otras palabras, denunciaban que sus derechos estaban siendo vulnerados al no poder disfrutar de unas condiciones dignas en su trabajo como conductores en la aplicación móvil.

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Básicamente se sienten vulnerados al no poder definir su situación y estar en una supuesta persecución por parte de las autoridades, según lo consideran los conductores que interpusieron las dos tutelas.

"Hemos tenido conocimiento de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional en octubre del año pasado. Las acciones fueron presentadas por dos socios conductores que usan la aplicación”, aceptó Uber.

De otra parte, “y contrario  a lo que algunos medios han manifestado”, la empresa aseguró que la Corte “no declaró ni se pronunció, en aparte alguno de su sentencia, sobre la supuesta ‘ilegalidad’ de la aplicación”. 

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 “La Corte se limitó a recapitular las pretensiones y argumentos de los intervinientes en el proceso sin adoptar una posición de fondo, declarando únicamente la improcedencia de la tutela como mecanismo procesal para obtener tales pretensiones”, explicó.

 Reiteró además su “permanente disposición para buscar vías de diálogo con el Gobierno para la creación de una regulación específica, distinta a la existente”.

 Según Uber, la normativa del transporte debería desarrollar y fomentar el uso de alternativas de movilidad. Así mismo, debería contemplar “como principio fundamental, privilegiar el bien común de millones de ciudadanos”.

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