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Cobasec se va a reorganización, dice que la multa de la SIC aceleró su crisis

Esta es una de las 7 empresas de seguridad y vigilancia privada sancionadas por violar la libre competencia en licitaciones públicas. Según informes conocidos por Dinero, la compañía además de registrar multas en firme reporta obligaciones vencidas y en mora por más de $2.900 millones.

19 de septiembre de 2017

La multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a siete empresas prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada entre las que se encuentran Guardianes; Starcoop; Centinel; Expertos; Insevig; Security Management Group; y Cobasec; al parecer puso en la lona a esta última la obligó a acogerse a la figura de reorganización empresarial.

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Según documentos conocidos por Dinero, la sociedad se encuentra en incapacidad de pago inminente, con el agravante de que, de no iniciar de manera urgente el proceso de reorganización, se genere un estado de insolvencia y de iliquidez tal que impida disminuir y/o detener temporal y/definitivamente el desarrollo continuado del objeto social.

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Los informes advierten que existen medidas cautelares, por multas en firme y en reposición impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Vale la pena recordar que la sanción interpuesta por el organismo de supervisión y control sumó 4.651 millones de pesos.

Al respecto la SIC recordó que en 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso en conocimiento de la entidad la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de una licitación.

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El ICBF informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio, según agrega la SIC.

A partir de esta denuncia, el Gobierno analizó el comportamiento de las empresas y encontró vínculos de Starcoop y guardianes con otras compañías de seguridad privada entre las que se encuentran Cobasec; Centinel; Expertos; Insevig y Security Management Group.

Incluso en las visitas de la SIC, la entidad encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos.

¿Qué más consolida la crisis de la empresa?

La compañía, hoy en reorganización, indicó en los documentos en poder de Dinero que las obligaciones vencidas y en mora, superaban los 2.900 millones de pesos.

De otra parte, agrega el reporte entregado por la misma compañía, la Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior denominada Unidad Nacional de Protección (UNP.), se encuentra en mora de pagarle una suma de dinero superior a los $3.000 millones.

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Debido a lo anterior se convocó un tribunal de arbitramento en el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

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Pero sumado a lo anterior los reportes muestran que la crisis también tiene como punto un contrato con la Unidad Nacional de Protección, entidad estatal que adeuda a la fecha más de 12 mil millones de pesos, a las empresas que integran esas Uniones Temporales, donde Cobasec tiene participación de un 25 por ciento, situación que ha generado alto grado de inestabilidad financiera y ha afectado la liquidez de la sociedad así como el deterioro del capital de trabajo.

La crisis no convence a algunas autoridades

Dinero consultó a algunas autoridades que pidieron no ser citadas y advirtieron que aunque este no sea el caso, sí hay ocasiones en que las empresas se someten a la ley de quiebras para tratar de evadir el pago de sus obligaciones o por lo menos “patear el balón hacia adelante” y hacer los pagos a un largo plazo.

Lo que viene

Las autoridades ordenaron a la empresa abstenerse de realizar, sin autorización, enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de la deudora, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias ni, en general, adelantar operaciones societarias o contractuales que supongan erogaciones reales o potenciales a cargo de la sociedad.