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Se estima que la venta de acciones de Isagen aporte hasta 3.000 millones de dólares a ese plan, para el que se necesitan un total de 25.000 millones de dólares. | Foto: Archivo Semana

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Isagen ya tiene fecha

La subasta de las acciones que posee el Estado en la empresa de energía Isagen, que representan 57% de la compañía, se producirá el próximo 20 de agosto.

15 de julio de 2014

Pese a que el proceso ha sufrido varios retrasos que se complicaron con la llegada del periodo electoral al país, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fijó como plazo definitivo el próximo 20 de agosto, cuando ya funcionará a pleno el nuevo Gobierno de Colombia.

En total, se subastará el 57,61% de las acciones de la compañía, actualmente de naturaleza mixta, pues pese a su titularidad estatal posee inversores privados. Por este motivo, el Consejo de Estado tuvo que dar su aprobación al plan, cuyos ingresos serán utilizados en su totalidad para financiar uno de los grandes proyectos del Gobierno en infraestructura vial, las concesiones de las llamadas vías de Cuarta Generación.

"Se reemplaza un activo existente, que son las centrales eléctricas, por carreteras que van a dar más empleo y crecimiento", defendió el ministro al explicar el intercambio económico que se producirá.

De hecho, se estima que la venta de acciones de Isagen aporte hasta 3.000 millones de dólares a ese plan, para el que se necesitan un total de 25.000 millones de dólares.

La esperada subasta, que según Cárdenas despierta "mucho apetito" ante inversores estadounidenses, se paralizó el pasado 28 de marzo, y se ha reabierto ahora después de que el Consejo de Estado encontrara que la documentación aportada por el Estado cumple los requisitos y justifica la valoración de las acciones de la compañía.

Desde que se anunciara la venta, más de cinco procesos han intentado parar la transacción de acciones de Isagen, inicialmente prevista para el pasado mayo.

El último de los grandes intentos por hacerse con la generadora de energía desapareció el pasado 23 de junio, cuando el consorcio formado por la compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la brasileña Cemig anunció que no participaría en el proceso al no considerar posible un retorno de la inversión exigida.


EFE/D.com