| 8/1/1997 12:00:00 AM

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Más aberrante resulta que el artículo 20, al describir la conducta del servidor público allí planteada, atenúe para las conductas del contrabando, de manera significativa, la pena establecida para el prevaricato omisivo en el Estatuto Anticorrupción. Por otra parte, el artículo 19 de la nueva ley, al crear un nuevo tipo penal que denomina "Defraudación a las rentas de aduana" para la cual se contempla, escasamente una pena de multa, abrió un inmenso boquete a la aplicación del delito en cuanto al contrabandista le bastaría con declarar un valor mínimo de la mercancía, para convertir el contrabando en la defraudación a las rentas de aduana y eliminar, de esta manera, la posibilidad de la aplicación de la pena privativa de la libertad. El resultado de esta legislación improvisada es la formulación de un conjunto de normas confusas, mal redactadas y exceptivas frente al Código Penal, que producen como efecto práctico un tratamiento mucho más benigno para el contrabandista que el que se preveía en la legislación anterior.



Con la colaboración de Gabriel Ibarra y Juan Carlos Prías
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