| 8/1/1997 12:00:00 AM

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Las recientes medidas adoptadas por la Ley 383 que elevan el contrabando a la categoría de delito, serán simples paños de agua tibia. No siempre la opción de penalizar resulta siendo la solución idónea, ante el altísimo índice de impunidad de la justicia penal. La Ley 383 de 1997 establece una pena mínima para el contrabando de tres años, lo que abre de inmediato la posibilidad a los infractores de acceder a los beneficios de la libertad condicional como de la provisional. Como quiera que las normas contenidas en el Decreto 1909 de 1992 no fueron derogadas expresa o tácitamente, cabe pensar que se mantiene vigente la posibilidad de la legalización de la mercancía, hecho que excluye la aplicación de la acción penal. Otra norma que resulta realmente exótica se refiere a la mención del "delito continuado", figura inaplicable en nuestro sistema penal puesto que la suma de varias contravenciones no hace delito.
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