| 9/1/1997 12:00:00 AM

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El ministro de Hacienda presentó al Congreso en la última semana de agosto un polémico proyecto de acto legislativo. Pretende básicamente reformar la elaboración y aprobación del presupuesto para enfrentar la crisis fiscal. Propone diversos instrumentos: concentrar la definición de tributos en normas propiamente tributarias, lo cual ayudaría a minimizar el desorden actual; hacer coincidir en el tiempo las definiciones de gastos y tributos, para aumentar la responsabilidad de gasto del gobierno y del Congreso; eliminar las rentas de destinación específica para el sector social, para flexibilizar la asignación de gasto; establecer, cuando el proyecto anual de presupuesto presente un déficit primario, un sistema de reglas para el ajuste fiscal. Con todo ello, se generaría una super-ley de presupuesto que brindaría al Congreso o al gobierno un enorme poder para modificar leyes previas de gasto y tributación.



En esta última materia, el proyecto va en la vía contraria de la teoría fiscal moderna, que recomienda sistemas de reglas fiscales predecibles que minimicen la discrecionalidad de las autoridades. Ante la poca credibilidad en la ortodoxia fiscal del gobierno, la opinión pública recibirá fríamente la propuesta del gobierno. Pero el país y el Congreso deberían mirar más allá del corto plazo. La adopción de cambios constitucionales para un mejor sistema de reglas presupuestales será esencial para hacer posible el ajuste fiscal al próximo gobierno, y con ello evitar que las libertades fiscales de este período se repitan en el futuro.
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