Las denuncias por detrimento patrimonial y sobrecostos en obras ejecutadas con el cobro de valorización de 2007, por más de $110.500 millones, volvieron a encender el debate en Bogotá. Aunque los hallazgos
del contralor distrital Diego Ardila no se refieren a la actual administración, son un campanazo de alerta para el alcalde Gustavo Petro, en momentos en que el nuevo cobro de valorización altera los ánimos de los ciudadanos.