| 9/2/2015 7:00:00 PM

El agro colombiano puede ir más allá de las dificultades

Que el progreso del campo no sea letra muerta depende en gran medida de mejorar sus condiciones de competitvidad y aprovechar las oportunidades.

Los problemas del campo colombiano son más que conocidos: pobreza, inseguridad, altos costos de los insumos y del transporte, así como la competencia desigual frente a países desarrollados, que tienen subsidios al agro y cuentan con infraestructura y tecnología adecuadas a este sector. Estos han hecho de la actividad agropecuaria una tarea que puede parecer quijotesca.

La primera entrega del tercer Censo Nacional Agropecuario –el anterior se realizó en 1970– muestra un resultado agridulce. 69,9% de las unidades de producción agrícola (UPA) tiene menos de cinco hectáreas y corresponden a menos de 5% del área censada. Por otra parte, 0,4% de las UPA tienen 500 hectáreas o más y ocupan 41,1% del área censada. Claramente, en Colombia persiste el problema de concentración de la propiedad de la tierra.

El crédito para el campo es una oportunidad tanto para los campesinos como para la banca. De poco más de 14.000 créditos otorgados por Finagro en 1999, se superó desde 2010 la cifra de más de 264.000 por año. Lo anterior, a pesar de que Colombia –y particularmente el campo– aún debe crecer en bancarización. Pero justamente el crédito es una de las maneras de acercar la población al sistema financiero.

Sin embargo, el censo demuestra que, a pesar del aumento, la demanda de crédito es muy baja. En 2013, solo 11% de los censados solicitó algún crédito, pero de ellos, a 89,6% se les aprobó. En este punto resulta interesante observar que 67,2% de las solicitudes de crédito las realizaron productores que cuentan con menos de cinco hectáreas, a quienes se les aprobó el crédito en 88,5% de los casos.

La mejora del ingreso en diferentes partes del mundo ha aumentado la demanda de alimentos, por lo cual el campo debe mejorar su productividad en el planeta. Si bien los países desarrollados son los que producen más alimentos por hectárea, también es cierto que están llegando a su límite de producción, por lo cual las oportunidades se crean en países como Colombia, que aún deben aprovechar más su potencial.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el mundo debería incorporar 3,75 millones de hectáreas por año para la producción de alimentos desde ahora hasta el año 2030 para satisfacer la demanda creciente. Dicha demanda, según el Foro Económico Mundial, podría aumentar en 70% de aquí al año 2050.

Hoy, Colombia solo emplea 24% de sus 22 millones de hectáreas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial. Si bien esto pone en evidencia un rezago frente al 97% de uso de tierras aptas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, también representa una oportunidad para que Colombia aproveche su potencial.

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), las exportaciones agrarias del país se han concentrado en café, flores y banano, con 61% de las ventas. Estos rubros, sin duda, son importantes pero también resulta claro que Colombia podría aprovechar mejor su biodiversidad, su clima y su posición geográfica para expandir su portafolio y no depender de pocos sectores.

Una parte importante de las tierras aptas para el agro se encuentran en la Orinoquia (compuesta por Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía), específicamente en la región conocida como la altillanura, que comprende 13,5 millones de hectáreas en total, de las cuales 2,8 millones tienen vocación agrícola, de acuerdo con la SAC.

Su desarrollo depende en gran medida de la infraestructura, pues se encuentra lejos de los principales puertos exportadores del país, lo cual encarece los costos de transporte de sus productos. Para la SAC, esta región es clave para sustituir una parte importante de las importaciones de granos y cereales, productos que el país no produce lo suficiente y que deben ser importados. La SAC pone como ejemplo el caso de la siembra de maíz tecnificado, que apenas cuatro años después de su inicio en la altillanura, ya constituye 15% de la producción nacional de este grano.

Justamente la altillanura se encuentra en medio de un debate que se lleva a cabo en el Senado por cuenta del proyecto de ley que pretende organizar la entrega de baldíos en esa región del país. El proyecto busca la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural (Zidres), con el fin de asignar terrenos a campesinos que no son propietarios. Sin embargo, la idea ha tenido críticas dado el alto costo de la inversión para poner esos predios en condiciones productivas (en promedio $7 millones por hectárea). No obstante, el proyecto contempla que la explotación de los baldíos se haga mediante asociaciones de campesinos, o de estos en alianza con grandes empresarios.

El proyecto, aseguran sus críticos, también se queda corto en ofrecer estabilidad jurídica. Muchos terrenos de la región se han acumulado o fraccionado sin que quede clara la legalidad de estos movimientos y eso es algo que tendrían que resolver los jueces. No es una iniciativa fácil, pues esta es la quinta ocasión en la que el Gobierno pretende sacarla adelante. Pero es claro que de los terrenos de la altillanura depende en gran medida el crecimiento del agro colombiano y uno de los principales sitios donde se pueden desarrollar cultivos con mayores economías de escala.

Entre los resultados del censo, el delicado tema del proyecto Zidres y los males que aquejan al campo, el panorama parece adverso. Sin embargo, son millones los colombianos que todos los días se levantan a trabajar en las áreas rurales y de los cuales no solo depende el sustento de la población sino gran parte de la economía nacional. Esa es una razón poderosa para ver que en el campo hay mucho por aprovechar y que su desarrollo no puede ser abordado como un tema de caridad sino de desarrollo y seguridad para el país.
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