| 10/12/2007 12:00:00 AM

La otra cara de la moneda

Las personas privadas de su libertad, los desmovilizados, los desplazados y los minusválidos también necesitan una mano para integrarse a la vida social. Sin embargo, la ayuda todavía es poca porque hay desconocimiento sobre el tema.

Cerca de 18.000 internos de los 63.000 que están en los 140 establecimientos carcelarios que tiene el país trabajan a diario en la elaboración de productos que van desde ropa interior hasta mobiliario para el hogar, pasando por transformación de alimentos, vestuario y accesorios de uso personal.

Muchos de ellos buscan recursos para sobrevivir en el difícil mundo de las cárceles y apoyar, desde adentro, a las familias que afuera continúan luchando para enfrentar los obstáculos económicos.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) invierte en ellos $1.500 millones al año en el tema de capacitación laboral y trabaja de la mano con el Sena para lograr que el tiempo de encierro no sea perdido. En marzo de 2005 esta entidad lanzó el programa "Sembremos semillas de libertad" para darles a conocer a los empresarios el trabajo y lograr su vinculación, a través de los programas de responsabilidad social.

"Pero no ha sido nada fácil", cuenta Karina Alférez, una de las encargadas del programa en el Inpec "porque la estigmatización social que tiene este tipo de personas es tan fuerte que para algunas empresas es más fácil hacer donaciones en plata o en especie que vincularse con este tipo de proyectos", cuenta.

Paradójicamente, los que más se han sensibilizado con esta población son las pyme y los microempresarios. Por ejemplo, la diseñadora de joyas Doris Herrera se ha comprometido con ellos en capacitación para el trabajo y compra de algunos de sus productos. Como ella, Industrias Metálicas Cruz y Diseños Morgan también se han vinculado. La cuenta de las pequeñas y medianas empresas que se han interesado por estas personas ya se acerca a 100 que entran y salen del programa. Con las grandes se han logrado trabajos puntuales como el caso de Alkosto y se adelantan conversaciones con Cafam para tratar de enfocar los trabajos sociales a esta otra cara de la sociedad.

"Algo similar sucede con los reinsertados porque ni para las empresas ni para los demás ciudadanos del común es fácil aceptar que estas personas merecen una nueva oportunidad en la sociedad", dice Marcela Romero, vocera de programas sociales de Carrefour. Esta multinacional inició en noviembre del año pasado un programa piloto con 27 reinsertados que, a través de la Alcaldía de Medellín, tuvieron acercamiento con la cadena francesa para iniciar los proyectos de inclusión social.

"La idea es capacitarlos para que desempeñen diversos trabajos en Carrefour y hacerles un seguimiento psicológico y psicosocial para garantizar que respondan a las expectativas que tiene la sociedad", añade Romero. Carrefour también se vinculó a un programa de la Alcaldía de Bogotá para capacitar y dar trabajo a 30 mujeres desplazadas. Estas personas trabajarán inicialmente como aprendices del Sena devengando un salario mínimo legal y luego se ubicarán definitivamente según los resultados que presenten en las evaluaciones finales.

El primer paso de esta empresa en los programas de inclusión social fue con los discapacitados, con quienes la mayoría de las empresas ya ha roto el hielo y están empezando a trabajar. Ahora el reto es lograr que se mire la otra parte de la sociedad.

Los aliados

En esta labor, las principales aliadas han sido las fundaciones sociales, las alcaldías y en el caso de Medellín la Gobernación de Antioquia. La primera dama del departamento de Antioquia, Claudia Márquez, trabaja desde marzo de 2006 en 16 proyectos denominados Siembra, que se realizan en 16 municipios de Antioquia.

Aquí se convoca a las mujeres indígenas, desplazadas y madres cabeza de familia que viven en poblaciones vulnerables para que se reúnan en grupos de máximo 20 personas para trabajar por un mismo objetivo.

El trabajo se inicia sobre un terreno de tres hectáreas que les proporciona el municipio en comodato, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) presta herramientas de trabajo como palas y azadones, y la Gobernación dona las semillas, aves y alevinos (para cría de trucha, cachama, tilapia y otras especies de pescados) con miras a que las personas inicien su labor productiva.

Actualmente hay 200 mujeres trabajando en estos proyectos que han tenido un costo de $1.000 millones. Estas personas no ganan salario pero pueden tomar todo el producido de un día en la semana para llevarlo a sus casas. El resto de la producción lo comercializan para reinvertirlo en el proyecto.

En el año que llevan de trabajo han logrado ventas por $286 millones y han sacado en productos para autoconsumo $60 millones. "El éxito de estos programas está en el acompañamiento que se les haga a los grupos, la capacitación permanente y el seguimiento psicológico para adaptarlas de nuevo al trabajo en sociedad. No es fácil, aquí ya han desertado varias mujeres por desacuerdos con las compañeras, por inconformismo con los trabajos o porque tenían otras expectativas", cuenta Márquez.

Firmas como Bavaria y GM Colmotores están dirigiendo sus ojos hacia esta parte de la sociedad. La primera, con su proyecto "Destapa Futuro" destinado a poblaciones vulnerables y la segunda mediante el apoyo a una fábrica de confecciones que emplea a 60 personas desmovilizadas y/o en condiciones de pobreza y marginalidad. GM Colmotores es uno de los clientes principales al comprar los uniformes para sus empleados en Colombia y próximamente, para los trabajadores de la Región Andina. Este proyecto es liderado por la Corporación Minuto de Dios, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones.

Los primeros pasos ya están dados, inicialmente con los minusválidos, luego con los desplazados y los indígenas. Falta afianzar los esfuerzos con los reinsertados y conocer cómo funcionan los diferentes mecanismos para darle una mano a esta población.
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