| 4/18/2015 7:15:00 AM

Sin censura

Con menos de 40 años, este economista se convirtió en un gurú en temas de violencia y lucha contra las drogas. Fue premiado por sus investigaciones y, pese a que trabaja temas álgidos, no teme polemizar.

Una tesis de grado de maestría que buscaba abordar el secuestro con la mirada de la economía, analizando las negociaciones que se dan entre la familia de la víctima, los secuestradores y el mismo secuestrado, fue la semilla de una exitosa carrera de investigación que este año se premió con uno de los galardones más destacados para los economistas colombianos: el premio Juan Luis Londoño de la Cuesta.

Se trata de la carrera de Daniel Mejía, un economista de 39 años que se ha dedicado a utilizar las herramientas cuantitativas de su profesión para entender el conflicto que azota al país, así como el negocio de las drogas ilícitas.

Del estudio del secuestro pasó a analizar el impacto de los ataques a la infraestructura sobre el crecimiento económico y luego tuvo la oportunidad de hacer su doctorado en la Universidad de Brown con el “papá de la teoría económica del conflicto”, el profesor Herschel Grossman. Este experto le sugirió que, dado que era colombiano, valía la pena que estudiara la guerra contra las drogas.

El tema apasionó a Mejía, pues al igual que en el del secuestro, detrás del narcotráfico está la llamada teoría de juegos, idea que sostiene que las decisiones de un agente económico dependen de las que tomen otros. “En la guerra contra las drogas, lo que hacen los narcos depende de lo que haga el gobierno y viceversa”, explica.

Con Grossman usó ecuaciones y modelos matemáticos para tratar de estimar qué pasaría si subía o disminuía la ayuda estadounidense en la lucha contra las drogas –que se acentuó con el Plan Colombia–, o qué sucedería si el gobierno aumentaba sus esfuerzos de erradicación.

“Lo que buscábamos era tener indicadores para medir la efectividad de la lucha contra las drogas; por ejemplo, determinar cuánto le cuesta a Colombia y a Estados Unidos reducir en un kilo la cantidad de cocaína que entra al país del Norte y así descubrimos que la interdicción (ir tras los cargamentos) era más efectiva que la aspersión de los cultivos ilícitos”, comenta.

Justamente, tratar este tipo de temas y llegar a conclusiones que no les gustan a los involucrados daría para pensar que Mejía es blanco de amenazas, pero asegura que solo en una ocasión –cuando en un estudio concluyó que no había relación entre la disminución del sindicalismo y la violencia sindical, pues esta última se ha reducido bastante– le recomendaron no ventilar más la investigación para evitar problemas.

Para mejorar

“En el pasado, al economista Chucho Bejarano lo asesinaron por estar investigando estos temas, pero hoy ese ya no es un factor, podemos hablar sin ningún problema. Nuestro trabajo es académico y no realizamos investigaciones para hacer amigos sino para mejorar las cosas”, enfatiza y agrega que lo paradójico es que lo han acusado tanto de ser de extrema derecha como de extrema izquierda.

Pese a sus conocimientos y a la entidad que dirige, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, no ha sido invitado a La Habana para las negociaciones de paz. Sin embargo, advierte que el narcotráfico no se acabó con Pablo Escobar y tampoco lo va a hacer cuando se acaben las Farc. “La guerrilla, a diferencia de Escobar, que tenía control desde el cultivo hasta la distribución final, solo domina una parte del negocio. Así que es probable que frentes que operan en Buenaventura, Tumaco, Putumayo y otras zonas claves, sigan con el narcotráfico, así no sea bajo la marca Farc”, asegura en un tono pausado que mantiene constantemente, pese a la gravedad de los temas que aborda a diario.

Aunque es pesimista frente al tema de las drogas, considera que la mayor ganancia del proceso de paz es eliminar la ‘franquicia Farc’ del país. Cree que esto no va a impulsar tanto la economía como lo prevé el Gobierno, pues hoy 80% del territorio ya está en postconflicto. “Así no sea 2%, ni 1% del PIB, va a implicar inversiones nuevas para el desarrollo del sector agrícola, lo cual es súper rentable económicamente, pero no desde el punto de vista político. Esas obras hay que hacerlas donde los políticos no consiguen votos y ahí está el problema”, dice este economista, casado con economista y papá de dos niños.

Su expertise le ha servido para analizar con cabeza fría las cifras y concluir que es un indicador positivo que los crímenes violentos se reduzcan (secuestros, homicidios, etc.), mientras suben los crímenes contra la propiedad (hurto a personas, vehículos, celulares, extorsiones), pues prueba que las preocupaciones de los colombianos ya no son las de un país violento, sino las de un país de ingreso medio. Optimismo académico e informado que le hace falta a Colombia.
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