| 9/4/2013 12:00:00 AM

Las grandes peleas

Las grandes peleas
¿Una Súper-Caprecom?

Cada vez hay más temores por el tamaño, la complejidad, la centralización y la politización que podría darse con el Fondo Único Estatal-Salud Mía, una megaentidad que manejará todos los recursos de la salud.

¿Será Salud Mía una gran tesorería del sistema o, al tener otras tareas como la afiliación, terminará convertida en una gran EPS pública? Esto es, ¿una Super-Caprecom o un nuevo Seguro Social?

Si bien es conveniente centralizar el manejo de los recursos y de la información, quitándole el manejo del dinero a las EPS, pocos imaginan cómo una entidad que manejará $30 billones, pagará a 15.000 IPS, afiliará a 47 millones de personas y revisará más de 400 millones de facturas, podrá funcionar eficientemente y lejos de la burocracia.

Por esto, el Ministerio ha propuesto que la vigile la Superintendencia Financiera, en lo cual no parece haber acuerdo al interior del mismo gobierno y entre algunos analistas que consideran que “esta no es una función para la Superfinanciera. Salud Mía es un agente pagador cuya actividad no tiene que ver con manejo de ahorro del público y, como está planteado en el proyecto, tampoco es un agente asegurador. Si se hace podría acabar con la capacidad de la Superfinanciera de vigilar lo que debe vigilar”, afirma Villar, de Fedesarrollo.

¿El fin de las EPS?

La redefinición del papel de las EPS será una de las peleas más álgidas. ¿Serán simples administradoras que apoyan a Salud Mía en algunas labores operativas o tendrán funciones de aseguramiento y asumirán algún riesgo? O, ¿serán una mezcla de ambas cosas, como ha dicho el Ministro?

Acabar con este actor es quedarse con un esquema totalmente estatal, lo cual puede tener serias repercusiones fiscales. Para muchos se requiere la existencia de un agente articulador como mecanismo de control del gasto. Hay que evitar la negación de los servicios pero también hay que garantizar la sostenibilidad del sistema. Encontrar este punto medio y recuperar la legitimidad de este esencial jugador, será un reto enorme.

Para Acemi, los puntos medios son peligrosos pues diluyen la responsabilidad. Y en estas condiciones, compañías grandes y serias no verían condiciones financieras para seguir.

¿Quién manda a quién?

En el nuevo modelo de salud los hospitales y clínicas deberán organizarse por redes que presten todos los servicios contemplados en Mi Plan (el nuevo POS que ahora cubre todas las patologías con un listado de exclusiones) dentro de una zona geográfica determinada, con lo cual las personas no tendrán que desplazarse muy lejos para recibir atención.

Sin embargo, la discusión es quién organiza y lidera estas redes: ¿los gestores o los mismos hospitales? Si son los mismos hospitales se corre el riesgo de cartelización, con lo cual podrían quebrar a la gestora y de paso disparar el gasto público. Pero si son las gestoras, el riesgo es que comiencen a negar el servicio para mejorar sus balances. Sin duda, será una discusión muy dura.

¿Quién va primero?

Aunque hay cierto consenso en que los gestores no deberían prestar servicios hospitalarios, la gran discusión es sobre la puerta de entrada al sistema: la atención básica.

Para Acemi, si una gestora quiere hacer gestión de riesgo para su población sana necesita tener un control de la red de primer nivel. Es la esencia misma del aseguramiento. Mientras que los hospitales quieren que se elimine completamente la integración. Sin embargo, es claro que se requiere un mecanismo para el control del gasto hospitalario.

Por otra parte, durante la legislatura pasada, en el Congreso se permitió que jugadores como las Cajas de Compensación puedan ejercer como gestores y prestadores. Por lo que muchos ya comienzan a verlas como las nuevas EPS.

¿Y quién paga?

Según Anif, la reforma a la salud nos llevará a un esquema nacionalizado que tendrá un costo adicional entre 2% y 3% del PIB por año, elevando el gasto en salud del actual 8% del PIB hacia 11% de 2020.

Por ejemplo, “la homologación de los planes podría costar $4 billones; la incorporación de 250.000 trabajadores, otros $2 billones; el plan de salud público, $1 billón, y una serie de principios jurídicos como la autonomía médica y el pro homine e incorporar otras poblaciones como los desplazados, $1 billón adicional”, afirma Jaime Arias, de Acemi, quien agrega que si no hay con qué pagar se está engañando a la gente. Las tutelas van a aumentar pero ahora serán contra el mismo Estado, pues si bien la salud no tiene precio, sí tiene un costo.

Por esto, cada decisión debe balancear el acceso y la calidad de los servicios con su financiamiento.

¿Cómo será la transición?

La experiencia ha demostrado los traumatismos que se generan cuando se cierra una EPS. Por eso, surgen muchas preguntas: ¿cómo va a ser el traslado de 44 millones de personas entre EPS y gestoras para que la gente no quede en el aire, ¿cómo se va a garantizar la continuidad de los tratamientos a más de 4,5 millones de colombianos con dolencias crónicas, ¿qué va a pasar con los 300.000 trabajadores de las EPS que habría que relocalizar y con todos sus contratos, entre otras. ¿Tiene el Gobierno la capacidad de echar a andar Salud Mía considerando lo que ha pasado, por ejemplo, con Colpensiones, que era al parecer mucho más simple? ¿O para formalizar los trabajadores de los hospitales públicos?

Este sistema arranca de “cero”. ¿Qué va a pasar con las deudas del sistema que pueden estar entre $4 billones y $7 billones? Esto es, ¿las EPS que hoy tienen deudas y quieren ser gestoras tendrían que pagar esas deudas?
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.