Revista Dinero

| 12/12/2012 12:00:00 AM

La voz de la Ministra

A propósito del desmadre en la administración de justicia nacional, Dinero habló con Ruth Stella Correa, ministra de Justicia, sobre los desafíos que plantea este tema tan sensible. Esto dijo.

— ¿Cómo ve hoy la administración de justicia en el país?

Cuando se habla del posicionamiento en materia de competitividad del país, uno de los grandes lunares que nos bajan del ranking es la administración de justicia. Básicamente porque tenemos trámites muy extensos, que se demoran mucho en el tiempo.

— ¿Y por qué se dan esas demoras?

Por dos factores. El primero, la gran congestión que existe. Nosotros somos un país altamente conflictivo en el que se demanda por todo y eso genera una gran cantidad de consumo de justicia. A eso habría que sumarle que no tenemos el suficiente número de jueces. El segundo factor está constituido en trámites engorrosos y arcaicos. El Código de Procedimiento Civil era de 1971, con algunas modificaciones pero no sustanciales, y el Código del Contencioso Administrativo era de 1984; es decir, ambos anteriores a la Constitución.

— Pero esos códigos ya se reformaron...

Así es. De hecho la reforma de esos códigos va a ser la verdadera reforma a la justicia. El antiguo Código de Procedimiento Civil hoy es el Código General del Proceso y el anterior Código Contencioso Administrativo ahora es el de Procedimiento Administrativo. Con estas reformas vamos a lograr procesos céleres, sin complicaciones, sin trabas, pero no solo eso: vamos a apuntarle a la oralidad y al proceso virtual. Una verdadera revolución.

— Sin embargo, dicen algunos expertos que, a pesar de esas reformas, los procesos que tienen más de 10 años siguen represados...


Pues hoy tenemos unas normas de nivel estatutario que indican que para fallar un proceso es menester que exista un turno que debe ser respetado. Incluso el juez que no respete ese turno puede verse incurso en sanciones disciplinarias graves.

— ¿Hoy cuántos jueces hay y cuántos debe haber en el país?


Hoy tenemos unos 4.500 jueces. No sé cuántos debería haber, pero hay algunos estudios que indican que para que un juez sea eficaz no debe tener más de 300 procesos, particularmente, en determinadas materias. Por ejemplo, hoy en justicia civil 85% de los procesos son ejecutivos y un juez puede tener hasta 1.500 casos.

— Dice el índice de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) que para atender la tutela debería haber jueces especializados en tutela y que hay un desbordado uso de este recurso...

Creo que sabiamente la Constitución no deja a un juez especializado en tutela porque si lo hubiera, existiría una suprajurisdicción; es decir, lo que decida la jurisdicción penal, contenciosa, etc., terminaría en la instancia de la tutela. Lo que sí veo es que la tutela en contra de decisiones judiciales está desbordada y por eso creo que ameritaría una reforma para circunscribirla a casos específicos.

— El FEM recomienda eliminar la tutela para los laudos arbitrales ¿qué opinión le merece dicho concepto?


Estoy de acuerdo. Personalmente, con mi experiencia como magistrada, creo que no debería haber tutela contra laudos arbitrales. Ahora, siempre me dicen que el Estado puede terminar afectado con unas decisiones arbitrales y yo respondo que si pensamos que el Estado tiene una incapacidad para defenderse pues no lo dejemos ir a tribunales de arbitramento, prohibámosle el arbitramento al Estado y en cambio agilicemos los procesos.

— Expertos dicen, sin embargo, que a lo sumo se dan anualmente en Colombia 600 laudos y eso es algo marginal frente a un país donde se fallan más de dos millones de casos...

El arbitraje es visto hoy como una figura clasista porque un tribunal de arbitramento vale mucha plata. Nosotros le estamos apuntando a un arbitramento muy barato que no supere US$500 pagados por las dos partes involucradas. De tal manera que en una sola audiencia obtengan la decisión para pleitos de pequeñas causas, como una forma para contribuir a la descongestión de la administración de justicia.

— Pero eso ya está contemplado en el estatuto de arbitramento...

Así es. Por eso ahora en lo que nos tenemos que concentrar es en sensibilizar el tema con la opinión pública y mostrar las bondades del arbitramento, pero sobre todo diluir la idea de que esta es una justicia clasista.

— Cambiando de tema, ¿sigue en su posición de no volver a presentar una reforma a la justicia?


A mí me asalta una gran preocupación y es que a todos a quienes oigo hablar de reforma a la justicia apuntan a cómo se hacen los nombramientos de los jueces y me pregunto qué le solucionamos al ciudadano de a pie cuando cambiamos eso. Yo creo que la real reforma va a estar en esos nuevos códigos que ya mencioné y en su implementación.

— ¿Cuánto vale implementarlos?


Por lo pronto, el Gobierno ha dispuesto para ello $2 billones para los próximos seis años. Eso se destinará a infraestructura física y tecnológica. Pero de nada nos sirve hacer esa inversión si los jueces no cambian de mentalidad: necesitamos formar a nuestros jueces.

— ¿Cómo está viendo a las facultades de Derecho?

Hay que dividirlas en dos: las muy buenas y las que no lo son tanto. La gran proliferación de facultades de Derecho después de la Carta Política del 91 dio lugar a que hubiera muchas en el país y que no todas tuvieran la calidad que deberían tener. Adicionalmente, creo que habría que reforzar un poco la formación de jueces, nosotros no tenemos facultades formadoras de jueces, tenemos facultades formadoras de abogados.

— ¿Cómo ve hoy a la Fiscalía?

Muy congestionada. Yo oí alguna cifra que hablaba de más de un millón de denuncias al año, eso no lo maneja nadie. Creo que a la Fiscalía le falta mucha tecnología y que debería tener muchos más elementos para poder, de manera adecuada, adelantar las investigaciones. También le falta profesionalizar a las personas que integran la institución, no solo a nivel de fiscales sino en todo ese cuerpo técnico del que disponen. Ahí habría que hacer una gran inversión.

— Finamente, ¿de cuánto es el presupuesto de la rama judicial hoy?


Poco más de $5 billones anuales.
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