| 9/16/2015 12:00:00 AM

Colombia podría comprometer el presupuesto de los próximos años

El Gobierno está aumentando vertiginosamente las vigencias futuras y comprometiendo desde ahora los próximos presupuestos. La Contraloría advirtió los riesgos de esta estrategia, que ya supera los $109 billones. ¿Se están hipotecando las finanzas públicas?

La década de los veinte en el siglo XX estuvo caracterizada por la abundancia, originada por la indemnización del canal de Panamá y por el endeudamiento externo del país.

En ese contexto, Alfonso López Pumarejo, líder liberal, criticó duramente al ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo. López argumentaba que la expansión del país, visible con las inversiones en infraestructura, principalmente de ferrocarriles, se había construido gracias al financiamiento externo nacional, departamental y municipal.

Aunado a lo anterior, la producción cafetera se duplicó en la década y, como relató Jesús Antonio Bejarano, los precios del grano pasaron de US$0,154 por libra en 1922 a US$0,263 en 1928.

El desenlace de esta historia es relatado por Carlos Caballero Argaéz, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes: la economía pasó de crecer de niveles cercanos a 8% a tener crecimientos negativos, las exportaciones y el crédito externo se contrajeron, y el precio del grano cayó en diciembre de 1929, luego del descalabro bursátil mundial de ese año, a US$0,166.

El presente

Es claro que el contexto actual guarda enormes distancias con respecto al criticado por López. Los niveles de endeudamiento no son tan altos, la deuda de los veinte era principalmente externa y, sobre todo, porque resulta ostentoso hablar de prosperidad con expectativas de crecimiento menores a 3%.

Sin embargo, existen algunas similitudes que se deben considerar. Un gran flujo de capital externo que se está reduciendo, la caída en el precio del principal producto de exportación (ahora es el petróleo) y un crecimiento notable de las vigencias futuras, que también financiarían la creación de infraestructura y sobre las que queda una inquietud: ¿se deberían contabilizar como deuda?

Las vigencias futuras son una serie de autorizaciones para asumir compromisos que afectan presupuestos futuros, cuando su ejecución se inicie años más adelante. En otras palabras, son el salvoconducto para que se asignen los recursos de años posteriores. Esto quiere decir que, quien esté en el gobierno hoy, está endeudando al próximo gobierno o al que esté en funciones dentro de 10 años.

El beneficio de esta herramienta presupuestal es el establecimiento de un compromiso para concluir sin contratiempos planes de inversión de mediano y largo plazo. Para que sean autorizadas, se requiere el concepto favorable del Confis, quien valida la consistencia con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Pues bien, el senador Iván Duque realizó un debate de control político en el Congreso, discusión que puso el dedo en la llaga: la controversia de la contabilidad fiscal. Por eso le acaba de enviar un derecho de petición al Comité Consultivo de la Regla Fiscal, para saber si se están contemplando las vigencias en este cálculo.

Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, en una columna en este medio considera que no existe diferencia entre el efecto fiscal de un TES y una vigencia futura.

Para Duque, el gran riesgo es que se están proyectando vigencias futuras a 2040, mientras se anuncia que los impuestos a las transacciones financieras y al patrimonio expiran en 2018. Además, políticamente dichas vigencias no tienen escrutinio, porque es el mismo gobierno el que autoriza, a través del Confis o el Conpes, según sea el caso.

Entonces se llega a una situación en la que el poder ejecutivo se autoriza a sí mismo para destinar presupuesto de inversión para siguientes periodos. Quizá por eso un informe de la Contraloría indica que, “requiere especial cuidado por cuanto constituyen un compromiso que impone rigideces a la política fiscal pues el monto por vigencias futuras que ya ha sido contratado no puede reducirse, lo cual inflexibiliza el presupuesto”.

Sobre el balance de 2014, la Contraloría señala que “la incidencia de las vigencias futuras autorizadas era de $19 billones, los cuales no pudieron ser objeto del recorte presupuestal”.

En su defensa, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostiene en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que la existencia de este instrumento permite el “logro de propósitos estratégicos relacionados con el desarrollo económico y social del país”, recalcando que las decisiones son consistentes con la programación macroeconómica y fiscal y permiten “un proceso financiero más dinámico de la administración pública”.

Según Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, el marco institucional para la aprobación de vigencias para financiar infraestructura está bien diseñado y, además, los flujos de pago de vigencias futuras están sujetos al cumplimiento de una serie de estándares de calidad en las obras. Para el logro de estos objetivos, se deben presentar informes trimestrales al Confis.

Por sí solas las vigencias futuras no son malas, son un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de proyectos estratégicos. Sin embargo, no está de más que las cuentas fiscales pongan todos los elementos en la balanza, se defina claramente el alcance del instrumento (el edificio de la Embajada de Colombia en Estados Unidos se adquirió comprometiendo recursos de los próximos años) y se realicen las discusiones sobre los temas presupuestales del país.

Mientras se resuelve la controversia sobre la contabilización de este mecanismo, se destacan algunas cifras. Las vigencias pasaron de $27 billones a $89 billones en solo tres años. La Contraloría estima que en 2014 el valor final de las vigencias futuras era de $109,8 billones hasta 2040. Visto así, el país está hipotecando el presupuesto de los próximos 25 años. Esa es una estrategia a la que hay que mirar con lupa.

Los municipios también

José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, expresa su preocupación porque a nivel regional podría repetirse el descalabro financiero de los noventa. “16 años después, reincidimos y vemos cómo departamentos, municipios y la misma Nación, dando mal ejemplo, están empeñando a futuras administraciones”, señala Acosta.

El ejemplo concreto que presenta el analista es el de La Calera (Cundinamarca): el Concejo autorizó al alcalde para empeñar por 20 años el impuesto de industria y comercio, con un empréstito de $26.000 millones, cuando el presupuesto anual no supera los $19.000 millones. Según Acosta, “cinco alcaldes no tendrán presupuesto para ejecutar obras y estarán atados de manos".
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

TEMAS RELACIONADOS

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?