| 4/15/2014 12:00:00 AM

“Hemos recuperado más de $15.000 millones del carrusel”

El vicefiscal Jorge Perdomo revela nuevos protagonistas, los tentáculos y los objetivos alcanzados en relación con el carrusel de contratos de Bogotá. Aprovechó para lanzarle duros dardos a la Contraloría.

A grandes rasgos, ¿en qué van las investigaciones por el carrusel de la contratación en Bogotá?

En el carrusel arrancamos con seis detenidos: los cuatro Nule, Miguel Ángel Moralesrussi e Inocencio Meléndez. Hoy tenemos 18 personas condenadas y en total más de 40 vinculadas. Entre ellas, los concejales Hipólito Moreno, José Juan Rodríguez, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada y ahora Wilson Duarte y Jorge Salamanca.

Habla de 40 vinculados pero casi todos son mandos medios, ¿qué ha pasado con los peces gordos?

Pues mire: cuando llegamos a la Fiscalía, Samuel Moreno tenía un solo caso en su contra y estaba a punto de quedar libre. Ahora tiene tres casos: dos que ya van en juicio y otro en el que será imputado por el tema de las ambulancias. Esto solo por mencionarle uno de los implicados.

Pero, ¿por qué aún no hay una condena en su contra?

El problema en el caso de Samuel Moreno es que los jueces no son como nosotros, que tenemos un fiscal dedicado al caso. Ellos –como cada juez tiene cientos de procesos– deben programar muchas audiencias y eso genera una congestión importante que demora el caso.

A estas alturas, ¿Moreno ha intentado negociar con la Fiscalía?

Ha querido hacer acercamientos pero no ha planteado nada que nos interese. Y no nos interesa porque está proponiendo una negociación con base en su inocencia. Él se siente inocente y así es muy complicado.

Y, ¿es inocente o culpable?

Hay suficientes pruebas en su contra. Además, después de tener 40 personas vinculadas –en donde muchas han reconocido responsabilidad– lo único que le queda al Alcalde es reconocer. Y tendrá que hacerlo porque todos dicen que en el Distrito no se movía nada sin su participación y la de su hermano Iván.

Cambiando la página, ciertos involucrados en el tema aseguran que la Fiscalía se está basando solo en testimonios y que no tiene el suficiente material probatorio para hacer imputaciones. ¿Qué les responde?

Si eso fuera así, los jueces no tendrían motivos para imponer las medidas de aseguramiento que hemos solicitado. Tampoco habríamos hecho las imputaciones que hemos hecho. Y, finalmente, la gente no habría aceptado los cargos. Acá en la Fiscalía la instrucción que hemos dado es clara: corroborar todas las declaraciones que nos dan. Y si durante ese proceso yo concluyo que es un testimonio veraz, pues le doy credibilidad. Así que es falso que nos estemos basando solo en testimonios.

Otros críticos de la Fiscalía dicen que los principios de oportunidad con los que están negociando no funcionan…

Lo que pasa es que en Colombia solo hasta nuestra llegada acá se empezaron a utilizar mecanismos de justicia negociada, a pesar de que fueron introducidos en 2004. Nunca habían sido utilizados ni desarrollados porque nadie sabía cómo hacerlo. Tanto así que, por poner un ejemplo, el tema más importante del carrusel que fue el de los Nule lo negociaron mal. Y se negoció mal porque a los cuatro les dijeron que los iban a perdonar por haber cometido el mismo delito y por los mismos hechos. Eso era un mal entendimiento del sistema de negociación.

¿Qué ha pasado con el contratista Manuel Sánchez quien, a la luz de muchos, parecería estar inmune?

El asunto con Manuel Sánchez es que llegó tarde a la Alcaldía de Samuel y su participación en el carrusel fue mínima. Sin embargo, conoce bastante el tema y su colaboración ha sido definitiva. No hay que olvidar que tiene un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir que, entre otras, fue suspendido mientras colabora. Su información fue clave para llevar al proceso, por ejemplo, al concejal Orlando Parada y al exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza, quien devolvió la plata.

Hablando de plata, ¿cuánta ha recuperado la Fiscalía de lo perdido en el carrusel?

El tema de la devolución de la plata es complejo: la Contraloría tiene la misión constitucional de proteger la plata y en ese orden de ideas su actividad procesal ha dejado mucho qué desear. Si usted le pregunta a la Contralora cuántos procesos por responsabilidad fiscal hay por el caso del carrusel le dice que cero. Es que el trabajo de la Fiscalía no es buscar plata, nuestro trabajo es buscar un delito y condenar. La recuperación de la plata le corresponde a la Contraloría. Pero a pesar de eso hemos logrado importantes devoluciones de dinero.

¿Devoluciones como cuáles?

Andrés Camacho Casado devolvió $350 millones. Ivan Hernández devolvió $150 millones. Hipólito Moreno, mediante un apartamento, devolvió $1.100 millones. Julio Gómez devolvió $12.000 millones de un anticipo que tenía y, por otro lado, entregó $300 millones. Si usted mira, eso suma cerca de $15.000 millones.

¿Emilio Tapia ha devuelto algo?

En el caso de Emilio Tapia lo que hicimos fue iniciar un proceso de extinción de dominio en su contra y nos fue tan bien que logramos identificar cerca de 30 bienes. Pero lo mejor es que seguimos encontrando. Obviamente dichos bienes aparecen en cabeza de sus testaferros, Jesús David Sierra y Carlos Joly. En líneas gruesas lo que le hemos incautado a Tapia puede estar avaluado en mínimo unos $50.000 millones. 

¿Qué tanto han avanzado en relación con los tentáculos de la contratación en otras regiones del país?

Bastante. En San Andrés tenemos un caso relacionado con un millonario contrato de una represa. En Valledupar, lo propio con una carretera. En Ipiales avanzamos en la investigación de irregularidades en la construcción de una plaza de mercado. En Cartagena estamos adelantando pesquisas en un caso relacionado con Transcaribe. Esto involucra a los Nule básicamente y a líderes regionales que a la larga son los que otorgan la contratación pública.

Hablemos ahora de los concejales que están haciendo fila para entrar al proceso. ¿A quiénes están investigando?

Jorge Salamanca (partido Liberal) está llamado a interrogatorio en donde le vamos a preguntar por temas de salud, acueducto, Idipron y la construcción del túnel Tunjuelo Canoas. Por otra parte, Antonio Sanguino (Alianza Verde-Progresista) sigue investigado. Su caso, como el de todos los concejales, gira en torno a aparentes intereses en contratación y algunos contratistas dicen que le entregaron dinero.

¿Qué ha pasado con la exconcejal Ángela Benedetti, hoy embajadora de Colombia en Panamá?

Está investigada. Sabemos que en su casa se hizo el famoso desayuno con Guido Nule en el que supuestamente no escuchó nada. Ella como concejal conoció de primera mano todos estos temas.
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