| 5/14/2015 5:00:00 AM

¿Ahora sí?

Dos hechos enmarcan hoy la venta de Isagen: mientras tres precalificados presentaron garantía, se complica la venta posterior de la participación de EPM.

La venta del 57,6% que tiene la Nación en Isagen, y cuyo valor se acerca a los $5,3 billones, avanzaba al cierre de esta edición, a pesar de los esfuerzos de distintos partidos –como el Verde– de incluir en la discusión del Plan de Desarrollo que sea el Congreso el que apruebe las ventas estatales –iniciativa que finalmente se cayó–, del debate que lideró el Partido Liberal contra el proceso y de eventuales iniciativas jurídicas que salgan a última hora.

El pasado 10 de mayo se conoció que tres empresas precalificadas presentaron la garantía de seriedad de la oferta: de las propuestas que iniciaron con el proceso el año pasado solo llegó la de la multinacional GDF Suez, que tiene presencia en más de 70 países, con una capacidad instalada de 115,3 GW, y en América Latina opera en Argentina, Brasil, Chile y Perú, con ingresos por 3.800 millones de euros en la región.

Las otras dos llegaron en el más reciente envión y son la chilena Colbún –que el año pasado registró ingresos por más de US$1.500 millones– y el fondo canadiense Brookfield, que controla la Empresa de Energía de Boyacá y cuya participación fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La sorpresa la dio China Huadian Corporation, que desde el inicio se mostró como una de las empresas más interesadas en este activo, pero en esta etapa de garantías no llegó. La estadounidense Duke le había quitado el pie al acelerador en el proceso desde el año pasado y Gas Natural Fenosa no cristalizó una propuesta sólida. En el camino también quedaron el Grupo Argos, con Celsia, que fue el primero que desistió, pues las cifras no le daban, y luego la Empresa de Energía de Bogotá que, ante los condicionamientos que le hizo la SIC, no participó.

¿Atrapado sin salida?

Finalmente, EPM, que se había aliado con la brasileña Cemig, también tuvo condicionamientos por parte de la SIC y decidió no ir en el proceso y en ese momento anunció la venta de su participación en Isagen, que corresponde a 13%. La idea es aprovechar la oferta pública de acciones (OPA) a todos los minoritarios, que tendrá que hacer el ganador de la puja.

Sin embargo, el proceso de venta de esta participación –que podría superar los $1,2 billones– no será fácil para EPM. Necesita la aprobación del Concejo de Medellín, pero precisamente el proceso coincidió con la coyuntura electoral de elecciones de alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas. El Concejo no está dispuesto a discutir en este momento el tema por el impacto político que pueda tener.

Así las cosas, EPM elevó ante el Gobierno una solicitud para que el proceso de OPA, que está planteado durante los dos meses siguientes a la negociación, se amplíe por un año, pero al parecer no habrá nuevos plazos.

Los recursos que se obtengan de la venta de Isagen son claves para el desarrollo de las apuestas en infraestructura que tiene el país; en especial para los proyectos de Cuarta Generación (4G) que, en su primera ola, ya están iniciando sus procesos de cierre financiero y avanzan las adjudicaciones de la segunda.

Aunque para la Contraloría General de la Nación la venta de Isagen es una de las pocas alternativas que tiene el Estado para financiar estos proyectos, supone riesgos: puede provocar una baja en los ingresos del país y llevar a recortes presupuestales en los próximos años; afectaría el mercado de energía eléctrica y la estructura tarifaria, y podría significar el cambio de un activo productivo por otro cuya rentabilidad es difícil de cuantificar “porque esos recursos no se manifestarán de manera inmediata, como sí lo es el efecto de que la Nación deje de percibir dividendos de la empresa”, dice el ente de vigilancia y control.

A pesar del avance del proceso, persisten interrogantes. En este negocio, clave para el futuro del sector energético y de la infraestructura vial de Colombia, ese es un lujo que no se puede permitir.
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