| 11/13/2013 6:00:00 PM

Un nuevo incidente

Un proyecto de ley sobre el Incidente Fiscal –una figura que permite modular en el tiempo las decisiones de las Altas Cortes que impacten las finanzas públicas– se discutía en el Congreso al cierre de esta edición.

Los fallos de las Altas Cortes, en especial de la Constitucional, han puesto en jaque algunos planes del Gobierno. En unos casos, porque afecta el desarrollo de sectores específicos –cuando frena las inversiones– y, en otros, porque impacta el manejo de las finanzas públicas.

Para la muestra, cuatro ejemplos. Del Plan de Desarrollo de 2010, la Corte Constitucional dejó sin piso los planes de desarrollo agroindustrial en la altillanura –donde se estima que se dejaron de invertir cerca de US$1.000 millones–; condicionó la reforma al Código de Minas a las consultas previas que finalmente el Gobierno no realizó volviendo a la reglamentación de hace una década; y, más recientemente, dejó sin combustible al Fondo de Estabilización de Precios de la gasolina y con un déficit de $3 billones.

Además, anunció una decisión compleja en materia de telecomunicaciones sobre la reversión de los activos, junto con el espectro, de los primeros contratos de las empresas de telefonía celular Claro (Comcel) y MoviStar. De estas decisiones, en varios casos –telecomunicaciones, por ejemplo– solo se conocen los comunicados de prensa pero no el fallo definitivo. En el caso de la altillanura, la sentencia se conoció casi un año después del comunicado.

Esto sin contar con otras decisiones, como las relacionadas con pensiones, salud, víctimas, desplazamiento y cárceles, que han llevado al Gobierno a hacer ajustes para cumplir las sentencias dentro del marco de la regla fiscal.

¿Qué hacer en esas condiciones y cómo garantizar el cumplimiento de los fallos sin amenazar la estabilidad fiscal? A finales del gobierno Uribe e inicios de la administración Santos, en el Congreso se dio trámite a la ley de sostenibilidad fiscal que buscaba dimensionar y poder aterrizar las decisiones de las cortes y su impacto en esta materia. La discusión, en su momento, quedó zanjada con un parágrafo que incluía lo que se denominó el Incidente Fiscal y que se relaciona con una iniciativa del Gobierno que le permitiera modular los fallos.

Sin embargo, a juicio de algunos constitucionalistas, nunca se utilizó porque quedó sin fuerza y sin piso, no fue reglamentado y coincidió con la discusión de la Ley de Víctimas. “Era casi un saludo a la bandera”, recuerda uno de ellos. El Gobierno decidió retomar este tema y volvió a llevar la discusión al Congreso. Al cierre de esta edición, en la plenaria de la Cámara se definía el nuevo Incidente Fiscal.

La discusión
Los análisis en torno a las decisiones de las Altas Cortes que tienen impacto económico y fiscal van en muchos sentidos. Para algunos, como Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, es preferible tener decisiones como las actuales, que dejan en manos del Gobierno determinaciones y opciones concretas para llevar de nuevo al Congreso las iniciativas –como el caso de la gasolina, por tratarse de un tributo– o cumplir con los procesos exigidos.

“Por ejemplo, el déficit del fondo de estabilización de la gasolina no surge de la sentencia de la Corte. Está porque las decisiones del Gobierno se han quedado por debajo del precio internacional y no ha habido aportes a ese fondo. Esto es muy distinto a lo que sucedió hace 15 años con la crisis del Upac, donde la Corte, en lugar de decir que el legislativo debía regular, sacó reglas específicas y asumió funciones del legislador”, afirma el analista.

Otros, sin embargo, son más severos en sus juicios. Primero, porque, como señalan algunos de ellos, en términos de historia constitucional todavía estamos en el corto plazo y apenas se empiezan a sentir los efectos de la Constitución del 91. “Cada exconstituyente es padre de un artículo. No meditaron a fondo las implicaciones de tener tres Altas Cortes y poderosos organismos de vigilancia y control. El análisis no fue sistemático y se convirtió en una colcha de retazos”, dice un abogado.

En segundo lugar, por el papel de los poderes públicos. “Tenemos un Congreso desgastado que tramita lo del Gobierno; un Gobierno que se preocupa más por la agenda legislativa que por la ejecución; y les dejan espacio a los jueces activistas que, ante el desprestigio del Legislativo y la falta de ejecución del Gobierno, terminan ocupándolo”, señala el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Y, en tercer término, una crítica recurrente en la que coinciden varios analistas: “parece que están produciendo fallos para la galería y los medios. Se conocen las decisiones a través de comunicados pero las sentencias definitivas se demoran en hacerse públicas y, mientras tanto, se destapan acciones de algunos magistrados de estas cortes que están atendiendo otros intereses”, agrega un experto jurídico.

Dinero intentó conocer la opinión del Presidente de la Corte Constitucional sobre todos estos temas, pero se excusó de contestar el requerimiento periodístico.

El futuro
El Gobierno no quiere quedarse quieto ante esta discusión y por esa razón llevó al Congreso el proyecto de ley que crea la figura del Incidente Fiscal. “Es un recurso al que tendrá acceso el gobierno nacional o la Procuraduría y que se interpondrá ante las altas cortes frente a sentencias que puedan comprometer la sostenibilidad fiscal. De ninguna manera se van a vulnerar o afectar los derechos fundamentales. Lo que se define es un plan de cumplimiento de las sentencias; es decir, cómo se modularía el impacto fiscal de ellas a lo largo del tiempo, pero no va a cuestionar el derecho fundamental, ni servirá para objetar los fallos. Se trata de que exista la posibilidad de proponer un plan de cumplimiento que module, que sea gradual, que sea congruente con las capacidades fiscales del Estado colombiano”, explica Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

El 12 de noviembre, al cierre de esta edición, se tramitaba el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre este proyecto. Seis días atrás, habían sido aprobados 14 de los 16 artículos del proyecto. Uno de los temas más sensibles era sobre quién tendría el control y la autoridad para estas definiciones. Si la posibilidad de determinar los tiempos y ajustes debe quedar en manos del Gobierno o si son las Altas Cortes las que asumen esta decisión.

Sin embargo, hay preocupación por el futuro del proyecto que, en caso de ser aprobado, tendrá que pasar el examen de constitucionalidad. A principios de octubre, la Corporación Excelencia a la Justicia planteó reparos al proyecto y aseguró que tiene problemas de inconstitucionalidad, inconveniencia y otros que fueron omitidos en la propuesta de regulación.

Por su parte, el Observatorio de Reforma a la Justicia advirtió sobre aspectos clave como la suspensión de los efectos de las sentencias y propuso regular la divulgación de las decisiones judiciales a través de comunicados de prensa.

Pero esta discusión debe ir más allá y hace parte de un debate ideológico que, en algún momento, el país tendrá que abordar sobre la estabilidad macroeconómica y los derechos fundamentales. Máxime ahora, cuando se avecinan decisiones estructurales en campos como el pensional, la salud y lo que quede definido en un eventual acuerdo paz. Una tarea nada fácil.
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