| 11/14/2013 5:00:00 AM

¿La tercera es la vencida? 

El tercer Ministro de Agricultura de Santos prepara un nuevo proyecto de ley para la adjudicación de tierras en el país. Su meta es no repetir historias como las de Riopaila o Mônica Semillas en el Vichada. ¿De qué se trata?

Los 20 años que permaneció vinculado a Indupalma explican por qué los pensamientos y las actuaciones de Rubén Darío Lizarralde –hoy ministro de Agricultura– tienen esa marca que identifica a quienes se mueven dentro del mundo empresarial.

Una formación muy suya que ahora, desde la tribuna del Ministerio, pretende ‘trasfundirle’ al complejo tema agrario. Y para ello, el funcionario ya tiene listo un proyecto de Ley para imprimirle al fatigado campo colombiano precisamente ese sello que caracteriza a las empresas del sector privado.

Su idea luce más que ambiciosa. “Estoy tras una reforma que impacte económicamente al campesino y posibilite –en zonas como la Altillanura y el Vichada– un desarrollo sostenible, ordenado y sustentado. Algo que, sin duda, requerirá de mucha inversión”, anota convencido Lizarralde. Pero, ¿cómo materializar, entonces, su loable propósito? En una extensa conversación con periodistas de Dinero, el funcionario puso sobre la mesa la médula del proyecto –cuya radicación en el Congreso estaba para el pasado 12 de noviembre, al cierre de esta edición– y que, según sus propias palabras, está conformado por tres grandes ejes articuladores.

El primero de ellos, en palabras simples, busca que los ricos se acojan a eso que los economistas llaman ‘concepto de progresividad’: el que más tiene más pone. Basado en la experiencia de Brasil, donde aquellos poseedores de grandes extensiones de tierra son ‘castigados’ con cuantiosos gravámenes tributarios, el Ministro pretende hacer algo similar en Colombia pero mediante un ‘castigo social’. “Eso quiere decir que los propietarios de vastas porciones de tierra en la Altillanura y el Vichada, de ahora en adelante, deberán destinar 20% de su posesión a pequeños campesinos”, explica Lizarralde.

Por ejemplo: si un gran empresario compra 100.000 hectáreas debe adquirir 20.000 adicionales para cedérselas a sociedades campesinas. Estas últimas, por su parte, recibirían la titulación del predio y pasarían de inmediato a ser sus propietarios. Para evitar que más de un avivato se aproveche de la coyuntura, el Ministro asegura que actualmente Planeación Nacional tiene los suficientes elementos para establecer quién es campesino y quién no; y, por supuesto, para determinar quién debe ser beneficiado con esta política.

El segundo eje del proyecto apunta a que los campesinos tomen en arriendo predios –baldíos o Unidades Agrícolas Familiares (UAF)– durante cinco años. Y, si a lo largo de ese lapso trabajan allí adecuadamente y lo demuestran, el Estado en contraprestación deberá adjudicarles el bien a los labriegos. “Lo que buscamos con el arrendamiento es que el campesino desarrolle su verdadera vocación, porque hoy reciben un predio  y a los 10 segundos pueden venderlo. Esta idea responde a los planteamientos de la Corte Constitucional según los cuales hay que defender el acceso del pequeño a la tierra”, señala el Ministro.

Habría que tener en cuenta además, en este caso de los arrendamientos, que el Estado tendrá la obligación de darles a los campesinos la asistencia técnica, el crédito y ayudarles en la compra de su producción. Para ello, el Ministerio de Agricultura tiene reservada buena parte de los $3 billones que se calcula recaudará por concepto de la extensión del 4 x 1.000.

Finalmente, el tercer punto del proyecto sería concesionar tierras a grandes empresarios. Durante 30 o 40 años los privados deberán pagar una suerte de arriendo al Estado, con la posibilidad de renovar el contrato por otros 30 años. Sin embargo, habría una condición de fondo: una vez se cumpla el tiempo de la concesión, el terreno pasaría a manos del gobierno y este, a su vez, lo adjudicaría a pequeños campesinos. En resumen, lo que persigue el Ministro con la totalidad del proyecto es que los colosos del agro puedan seguir creciendo, siempre y cuando ese crecimiento beneficie a los pequeños. “A la larga, este es un tema de transparencia que solo quiere ponerle punto final a lo ocurrido con casos como los de Riopaila o Mônica Semillas”, sentencia Lizarralde.

Así las cosas, luego de transcurridos dos meses desde la llegada de Rubén Darío Lizarralde a la cartera de Agricultura, empiezan a vislumbrarse alentadoras señales de luz al final de ese oscuro túnel por el cual el agro nacional ha tenido que transitar.

Otros temas

En entrevista con Dinero, el Ministro de Agricultura habló sobre los temas más sensibles de su cartera.

— Un asunto que ha pasado de agache en los últimos años está relacionado con las dificultades que tienen los campesinos a la hora de formalizar sus baldíos. ¿Qué va a pasar con este fenómeno?

Es cierto que no se le ha prestado la suficiente atención a este tema. Sin embargo, para el próximo año vamos a tener cerca de $100.000 millones precisamente para formalizar y legalizar predios que ancestralmente les corresponden a los campesinos. Eso significa que en los siguientes cinco años tenemos que legalizar 2 millones de predios, que pueden ser UAF o baldíos.

— Pasando la página, ¿qué tantos avances ha habido a estas alturas en relación con el Pacto Nacional?

Lo primero para aclarar es que, quien diga que el Gobierno no está cumpliendo y que no está atendiendo con seriedad las mesa de negociación está diciendo mentiras. Tanto así que de 153 compromisos adquiridos hay tan solo 17 sin avances y, en contraste, 108 están en proceso.

— Pero, en la práctica, ¿qué puede ver hoy el sector agrícola luego de acordar el gran pacto nacional?

Reducción de aranceles a la importación de fertilizantes y plaguicidas, el control de precios a insumos agrícolas, la importación directa por parte del agricultor de los plaguicidas, la línea especial de crédito para la compra de insumos y la salvaguardia para sectores afectados por el incremento de importaciones de la CAN y Mercosur. Todo eso ya está funcionando.

— Por otro lado, los cafeteros están hablando de una movilización masiva para los próximos días. ¿Qué va a pasar ahí?

Lo cierto acá es que el PIC le está costando $1 billón al país y se está pagando. Pero si ellos insisten en manejar un país, una economía y unos propósitos de desarrollo económico y social con base en choques eléctricos ahí si es muy complicado. Yo sé que el detonante en este momento son las elecciones, pero si los cafeteros no son responsables y exageran la nota, se terminará volviendo un dolor de cabeza para el país.

— Los gremios están diciendo que usted no les está prestando suficiente atención. ¿Está peleado con ellos?

Primero, no estoy peleado con nadie. Y, segundo, creo que estoy saliendo al país rural como hace mucho tiempo no lo hacía un Ministro. Y en la medida en que recorro el país, tengo claro que la Federación de Cafeteros, o se replantea o va a tener un problema serio.

— Finalmente, ¿qué va a pasar con la Bolsa Mercantil? 

Si legalmente se puede comprar, la compramos. Digo esto porque parece que hay una limitante en cuanto a los topes accionarios a los que podría hacerse el Ministerio.
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