| 3/30/2017 12:00:00 AM

La nueva tarifa del José María Córdova genera discordia

Aunque Aerocivil decretó una nueva tasa que pagarán quienes viajen desde el aeropuerto José María Córdova, nadie sabe cómo se recaudará ni quién asumirá el costo de administrarla.

La agria disputa que enfrenta a las aerolíneas privadas con la Aerocivil y la Gobernación de Antioquia por una nueva tarifa que se cobrará a los viajeros que salen desde el aeropuerto José María Córdova amenaza con convertirse en una tormenta de grandes proporciones.

La tasa fue decretada en agosto del año pasado por la Aeronáutica Civil a través de la resolución 2251 y equivale a $5.000 para quienes viajen desde Medellín a cualquier destino nacional y de US$1,50 a quienes tengan vuelos internacionales. De acuerdo con una nueva resolución de la Aerocivil –la 158 de enero de este año–, el cobro debía comenzar el pasado 14 de marzo y su vigencia es de 6 años o hasta que se obtengan $120.000 millones.

Pero hasta el momento la tasa no se ha empezado a cobrar porque las aerolíneas no tienen claridad sobre cómo funcionará, quién pagará los costos operativos que genera su recaudo, quién pagará el 4x1.000 que ocasione el mismo, cómo se cobrará a los tiquetes comprados hace varios meses –cuando no estaba en vigencia la tasa– y qué ocurre en el caso de que tiquetes vendidos por aerolíneas que normalmente salen del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, cuando por cuestiones climáticas o logísticas sus pasajeros terminen despegando desde el José María Córdova.

A esto se suman dos temas de fondo que han cuestionado fuertemente las aerolíneas: por qué los viajeros por vía aérea deben terminar financiando una obra que beneficia principalmente a los transportadores terrestres y, segundo, hasta qué punto la Aeronáutica se estaría extralimitando en sus funciones al aprobar este tipo de tarifas. ¿En qué va esta controversia?

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Por un lado, está claro que estos dineros se necesitan para financiar las obras complementarias de la denominada Conexión Aburrá-Túnel de Oriente, que tienen un costo aproximado a los $120.000 millones. Las obras principales de la Conexión, cuyo costo se estima hoy en unos $900.000 millones, han sido respaldadas por el gobierno nacional y hacen parte de una concesión que se desarrolla en varias fases y que estará vigente hasta 2039.

Esta obra, planteada por primera vez en 1997, busca acortar los tiempos de desplazamiento por vía terrestre entre Medellín y 11 municipios del Oriente Antioqueño que hasta el momento no contaban con vías competitivas. Solo en el caso del trayecto entre Medellín y el José María Córdova se estima que el recorrido no superará los 18 minutos cuando estas obras estén culminadas.

De hecho, en 2015 la propia Gobernación de Antioquia reconoció que habrá un gran beneficio para una región que hasta el momento no cuenta con una infraestructura vial que le garantice una conectividad con la capital antioqueña. Sin embargo, por un lado, la Gobernación no cuenta con recursos propios para pagar estos gastos complementarios, y por el otro, uno de los compromisos en la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos fue que no se cobrara valorización para adelantar estas obras, razón por la cual gobierno nacional y departamental buscaron alternativas.

Aunque es claro que los propietarios de los cerca de 150.000 predios ubicados a lado y lado de las nuevas vías que hacen parte de la Conexión Aburrá-Túnel de Oriente serán los mayores beneficiados con las obras, hasta el momento la comunidad se ha opuesto a cualquier tipo de cobro. Por eso, tras explorar varias opciones, el Ministerio de Transporte, junto con la Gobernación y la Aerocivil, acordaron en agosto del año pasado impulsar el cobro de esta ‘tasa de conectividad’.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le dijo a Revista Dinero que no cree que la tasa afecte la demanda como ha dicho Atac, porque no es un cobro muy alto y casi “no se sentirá” en la tarifa final. De hecho, insiste en que el crecimiento registrado en los viajeros del transporte aéreo –el año pasado el José María Córdova manejó 7,6 millones de viajeros, con un crecimiento de 11%– continuará.

Pero, si bien nadie duda de las bondades de la obra, varios temas enredan el cobro y tienen a las aerolíneas ‘con los pelos de punta’ defendiendo a sus viajeros. Las empresas aéreas afiliadas a la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, Atac, se oponen a este nuevo impuesto, al considerar que los tributos solo pueden ser creados por una Ley de la República.

También aseguran que el principal beneficio será para los transportadores por carretera y los dueños de los predios ubicados a lo largo de las nuevas vías, que estas nuevas tasas desestimularán la demanda de tiquetes y que las aerolíneas no están en condiciones de administrar y manejar estos recursos, pues les generan unos costos que pueden complicar las operaciones.

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Para Atac, con la creación de esta tasa la Aerocivil se estaría extralimitando al imponer a los viajeros aéreos un nuevo cargo por una obra que no les genera un beneficio directo. Gilberto Salcedo, presidente de Atac, explica que para el sector aéreo “no es viable que se financie a través de una tasa aeroportuaria el proyecto vial ‘Túnel de Oriente’ pues este no tiene una relación directa con los servicios aeronáuticos y aeroportuarios del Aeropuerto José María Córdova”.

Por esta razón, Atac y sus aerolíneas afiliadas han presentado ante la Aerocivil varios recursos de apelación y a finales de febrero instauraron una demanda ante el Consejo de Estado para rechazar este cobro. Para Atac, la Aerocivil “carece de competencia para establecer tasas o tarifas dirigidas a financiar la mencionada iniciativa. Creemos que los proyectos viales tienen otro mecanismo conocido de financiación al cual se debe recurrir”.

Incluso, el pasado 17 de marzo presentaron un nuevo derecho de petición para que tanto la Aerocivil como la Gobernación de Antioquia expliquen cómo operará el cobro, pues aseguran que “las aerolíneas no están en condiciones administrativas ni financieras para llevar a cabo el recaudo de la tasa, pues de la forma que se está planteando en el procedimiento de la Resolución –de enero– son las empresas aéreas quienes deben asumir los costos administrativos asociados al recaudo, tales como infraestructura, papelería, recurso humano y gravamen al movimiento financiero, entre otros”. Por eso, pidieron que un procedimiento como el que plantea la Aerocivil “debe ser previamente consensuado con las aerolíneas”.

Las turbulencias que ha generado el nuevo cobro amenazan con enrarecer aún más el clima de negocios en el país. Por eso, lograr un consenso en este tema será clave para conjurar una tormenta.

‘No es excesivo’

¿Qué tanto margen de maniobra tienen el gobierno departamental y la Aerocivil para lograr una obra que permite ahorros significativos en el tiempo de desplazamiento de los viajeros que por carretera recorren el trayecto entre Medellín y 11 municipios del Oriente Antioqueño?

En una respuesta enviada por escrito, la Aerocivil le dijo a Dinero que este “no es un cobro exclusivo de pasajeros del aeropuerto. El gobierno nacional hace los mayores esfuerzos para avanzar en la obra y facilitar la intermodalidad en la región. Ya se dispuso de un peaje vial y el impuesto de valorización fueron mecanismos de aporte de los antioqueños para ampliar los recursos”. De hecho, la entidad aseguró frente a la demanda interpuesta por Atac ante el Consejo de Estado que “la Aeronáutica Civil no está notificada”. “No obstante… se atendió un derecho de petición interpuesto el 10 de octubre de 2016 por el doctor Gilberto Salcedo, director Ejecutivo Atac, con fecha 25 de octubre de 2016… Adicionalmente, se atiende la solicitud de revocatoria directa de la resolución 2251 agosto de 2016, hecha por la doctora Catalina Arbeláez, representante legal de varias aerolíneas en el país, a través de la resolución 0446, donde la Aerocivil negó la solicitud de revocatoria”.

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