| 8/21/2013 6:00:00 PM

Tapando venas rotas

La Agencia de Defensa Jurídica de la Nación busca sacar adelante una estrategia para evitar que el pago de intereses por las condenas por asuntos laborales siga corroyendo los recursos fiscales.

Durante el último año la Nación fue sentenciada por los jueces a pagar cerca de $1 billón por causa de pensiones y otras prestaciones laborales y contractuales que no reconoció o atendió oportunamente. La obligación, sujeta a indexación y al pago de intereses que llegan al límite de la usura, podría crecer hasta en 15% si el Estado se tomara los seis meses que le da la ley para hacer efectivo el desembolso.

De acuerdo con un estudio de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, las entidades públicas se demoran en promedio 14 meses, contados a partir del momento en que la sentencia queda en firme, hasta cuando giran el dinero al beneficiario. En casos de conciliaciones, el promedio es de siete meses. Pero en cualquiera de los dos escenarios el ‘taxímetro’ de los intereses no se detiene.

Este fenómeno ha dado origen a un mercado secundario de sentencias que produce pingües ganancias a los inversionistas. Allí, los interesados en comprar las obligaciones decretadas judicialmente juegan con las necesidades de los beneficiarios urgidos de liquidez: en varias ocasiones acuerdan pagarles solo un porcentaje de la obligación reconocida por el juez y luego se demoran en hacer efectivo el cobro para ganarse los intereses.

La Agencia, con el respaldo de entidades que hacen parte del círculo de la Hacienda Pública, está adobando una estrategia para cauterizar la vena presupuestal abierta por esa causa. Su primer paso ha consistido en convencer a las entidades estatales de conciliar en todos aquellos casos en los que su responsabilidad sea evidente. De esa manera, la Nación ya está logrando sacar de los despachos contenciosos laborales cerca de 70% de los procesos que iban hacia condenas fijas.

Pero también es necesario unificar la fórmula aplicable al cumplimiento de las sentencias y conciliaciones, de manera que su liquidación sea lo menos gravosa posible para el erario. Hallar la fórmula requerirá en principio de dos pasos: la producción de un documento rector por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y la elevación de una consulta ante el Consejo de Estado para que el alto tribunal diga si es posible o no aplicar en todos los casos el nuevo Contencioso Administrativo que reduce a tres meses el término para el pago de las obligaciones y pone fin a la tasa de usura al ordenar que los intereses sean calculados de acuerdo con la DTF.

En ese caso los pagos se harían cuando estén en firme las sentencias, a través de cuentas de depósito judicial. Así se amortiguaría el peso de los intereses.

La idea es poner fin a la anarquía que existe hace varios años. El desorden obedece a que varias entidades liquidan las obligaciones según sus propios criterios y en no pocas ocasiones están al vaivén de lo que decidan funcionarios confundidos sobre la aplicación y alcance de las normas.

La fórmula debe incorporar también un elemento fiscal clave: el monto de la retención de la fuente que debe ser aplicada a la liquidación. La Dian la ha estimado en 3,5%.

Si se lograra unificar la fórmula y aplicar con criterio de favorabilidad el nuevo Código, la Nación podría ahorrarse unos $200.000 millones anuales. “El asunto no es solo de ahorros, sino de logros sociales que conseguiríamos al conciliar y pagar obligaciones laborales y prestacionales de las cuales depende la estabilidad de cientos de familias”, dice Adriana Guillén, directora de la Agencia.
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