| 9/5/2014 11:00:00 AM

Licitaciones en la mira

La Superintendencia de Industria y Comercio emprende una ofensiva estratégica contra los contratistas que se ponen de acuerdo para sacar provecho ilegal de las licitaciones públicas.

Carteles de contratistas que buscan convertir las licitaciones públicas en su coto de caza privado se están estrellando contra un muro de contención levantado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad activó un grupo especial para investigar acuerdos ilegales entre proveedores de bienes y servicios al Estado que, según datos arrojados por los primeros siete procesos formales, involucran recursos por más de $820.000 millones.

Si la colusión, o acuerdo ilegal para amañar los resultados de las licitaciones, hubiera prosperado en estos casos, a los bolsillos de los contratistas habrían llegado sin mayor esfuerzo $160.000 millones, suma que sería suficiente para dotar de viviendas de interés social prioritario a 2.500 familias. La cifra resulta de cálculos hechos por especialistas de la SIC, de acuerdo con los cuales las trampas tendidas por el cartel habrían obligado al Estado a pagar sobreprecios hasta de 20%.

El espectro de la amenaza planteada por las colusiones es grande, a juzgar por las quejas recibidas y por las actuaciones de oficio que han llevado al grupo especial a abrir hasta la fecha 44 indagaciones preliminares. Y la batalla contra los carteles no es sencilla. No pocos de sus integrantes ponen resistencia a las visitas de inspección en las que los investigadores esperan acceder a documentos físicos y electrónicos que puedan contener evidencia comprometedora.

Hoy hay más de 14 empresas sancionadas por esta conducta obstructiva. De hecho, hace pocos días la SIC impuso severas sanciones a compañías que licitaron para construir la vía de La Prosperidad en el Magdalena por no haber entregado la información requerida. Muchas veces la resistencia no puede ser doblegada porque la Superintendencia no tiene funciones de policía judicial.

Las multas a las firmas Pavimento Universal, Compañía de Ingeniería, Negocios y Servicios (Coinses) y Consultores del Desarrollo (Condesa) ascendieron a casi $2.000 millones. Este castigo se sumaría a otras sanciones hasta por $60.000 millones si la SIC encuentra que manipularon entre ellas la licitación o que en dicha contratación existió alguna conducta restrictiva o limitativa de la competencia, como el direccionamiento de las condiciones o pliegos de condiciones.

Las entidades que hasta ahora han estado más expuestas a acuerdos de no competencia en licitaciones públicas y que acuden con mayor frecuencia a la SIC a denunciar son el ICBF, el Invías y el Inpec. Hay varios ejemplos representativos de sanciones drásticas ya impuestas (ver recuadro).

Las fuertes sanciones y los poderes de investigación que hoy tiene la Superintendencia, así como las muy conocidas decisiones en materia de protección de la libre competencia aplicadas a Comcel, Basuras Bogotá y Empresa de Energía de Boyacá, constituyen un gran avance para impedir las colusiones en licitaciones públicas en Colombia.

ESTÍMULOS A LOS DELATORES

Dinero conoció que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) –el exclusivo club integrado por los 30 países más industrializados– formuló a Colombia una recomendación preliminar que sugiere el establecimiento de un sistema de delación en el que el colusor que delate la conducta no solo sea exonerado de las multas que impone la SIC, sino también de la totalidad de la posible pena de cárcel que ameritaría su conducta. De acuerdo con los especialistas, una reforma en ese sentido incentivaría el descubrimiento de más conductas que afectan la economía y los dineros públicos.

Según la Ocde, la contratación estatal (compras públicas) representa en promedio 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, cifra que en Colombia podría llegar incluso a 20%. Como están en juego importantes recursos públicos, resulta crucial la tarea de evitar que los potenciales oferentes en una licitación pública se pongan de acuerdo entre ellos para acomodarla, no competir, o elegir un ganador ficticio que cobrará un precio más alto al Estado por los bienes o servicios que adquiere.

Los carteles son especies mutantes que pueden tomar muchas formas. Una de ellas puede ser el acuerdo entre varios contratistas para elegir de manera anticipada el adjudicatario del contrato. Al momento de realizar la licitación, todos los competidores se presentan como oferentes, pero con propuestas ridículas –excesivamente altas o bajas–, mientras que el elegido presenta una propuesta muy costosa para el Estado, ya que no existe competencia real.

Los competidores que no ganan el contrato muy seguramente serán premiados con subcontrataciones, promesas según las cuales ellos obtendrán las adjudicaciones en contratos posteriores –en los cuales también habrá colusión–, o incluso con pagos directos del dinero que se saca del sobreprecio que pagó el Estado.

Otra modalidad de colusión consiste en la repartición geográfica de contratos. En este caso, cada contratista tendrá asignada una región en la cual no tendrá competencia. Quienes serían sus potenciales competidores cuentan a su vez con otras áreas geográficas en las que son reyes absolutos.

El problema no es de poca monta, si se tiene en cuenta que la mayoría de estudios sobre acuerdos anticompetitivos o carteles entre empresas muestran que el sobreprecio que pagan los consumidores, en este caso el Estado, por un producto o servicio que es objeto del cartel empresarial al interior de la licitación está entre 10% y 30%. De tal gravedad es el tema que la colusión en licitaciones públicas es la única conducta anticompetitiva que en Colombia, además de tener millonarias sanciones pecuniarias (hasta $60.000 millones), da cárcel de 6 a 12 años. Así lo establece el Estatuto Anticorrupción, aprobado hace un par de años.

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Sanciones relevantes
Estos son algunos casos recuperados de la memoria del organismo de vigilancia.

El Grupo Nule promovió una colusión en un contrato de supervisión de la operación de plantas de producción de bienestarina y en otro contrato de supervisión técnica y administrativa en hogares comunitarios, ambos licitados por el ICBF. La sanción en este caso ascendió a $30.000 millones y ha sido la más alta impuesta en Colombia contra carteles de la contratación.

La SIC también sancionó una colusión en una licitación realizada por el Ministerio de Justicia para contratar el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de sistemas electrónicos de seguridad de diez establecimientos carcelarios. Encontró que Cipecol Ltda., Rapiscan Systems Inc., Unión Temporal Cárceles 2008, Andcom Ltda., Meltec Comunicaciones S.A., Diana Isabel Nassif de Rima y Mauricio Parada Perilla se cartelizaron para lograr la adjudicación del contrato en su favor y a precios altos. Las sanciones en este caso fueron de alrededor de $5.000 millones.
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