| 9/29/2016 12:00:00 AM

SIC inicia investigación por supuesto acuerdo anticompetitivo en APP

Tras la adjudicación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, la SIC inició una investigación por un supuesto acuerdo anticompetitivo entre algunos oferentes. La averiguación apenas empieza.

El pasado 12 de agosto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó al Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, integrado por Industrial Conconcreto SAS y Constructora Conconcreto SA, el diseño y construcción del tercer carril en un sector de la vía Bogotá–Girardot. La noticia representó otro gran avance en la tarea de mejorar la infraestructura vial del país y vincular más capital privado para este tipo de misiones.

Sin embargo, la paz terminó pronto. A algunos de los asistentes a la adjudicación les llamó poderosamente la atención el hecho de que uno de los representantes de los consorcios perdedores celebrara con mayor entusiasmo que los delegados del consorcio ganador. No era algo normal, pero tampoco pasaba de un hecho anecdótico.

El asunto se complicó días después. Un grupo de personas vinculado al sector y al proceso se acercó a las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Bogotá para quejarse –informalmente– por la manera como se desarrolló la licitación y advirtiendo sobre una posible colusión en la adjudicación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot.

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Conalvías, la empresa que propuso el proyecto a través de una Alianza Público-Privada (APP) y que a la postre resultó perdedor del proceso, niega cualquier vinculación con esa queja formal. Sin embargo, la reclamación quedó registrada y la propia SIC fue la encargada de darle trámite. Una vez realizada una evaluación preliminar de los indicios presentados, la SIC decidió curarse en salud y adelantar una serie de visitas, tanto a la ANI como a algunas de las firmas que participaron en dicha licitación.

“Efectivamente nos visitaron algunos funcionarios de la SIC en días pasados. Hubo total y plena colaboración por parte de los funcionarios nuestros y se entregaron documentos e información que incluían acceso a correos electrónicos”, explicó a este medio Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.

Según pudo establecer Dinero con fuentes del Gobierno, la SIC no está investigando el comportamiento de la ANI. “Lo que está investigando es un supuesto acuerdo anticompetitivo, que está por definirse, entre algunos de los oferentes en cuanto al tema de la denuncia de Conalvías”, dice la fuente. La averiguación, de carácter reservado, apenas está empezando y algunos consideran que podría ser también otra denuncia de empresas que, al perder una licitación, señalan posibles colusiones. La palabra la tendrá en adelante la SIC.

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Por ahora, ya las visitas del organismo de vigilancia se extendieron a algunas constructoras y la documentación recogida hace parte de esta primera revisión. ¿Qué se quiere confirmar o descartar con estas visitas? Aquí hay que aclarar que hace unos años era común hablar de colusión en este tipo de licitaciones; es decir, que dos o más partes de un proceso se pusieran de acuerdo para sacar del juego a un tercero. Para el presidente de la ANI esa no es una posibilidad, debido a que el sistema de selección que se estructuró –aunque no es invulnerable– si dificulta al máximo que se preste para estas prácticas.

La ANI explicó que el sistema actual elimina las ofertas que incluyen precios muy bajos, para de esta manera evitar que se tenga que renegociar el contrato más adelante. “Se hace un promedio de las ofertas y se eliminan las que estén 10% por debajo de ese promedio”, dijo el funcionario. La Agencia también fue clara al explicar que más de 30 licitaciones de 4G se han hecho de esta manera sin problema alguno.

A pesar de todas estas explicaciones, los interesados en que se investigue a fondo la licitación también advierten que Conalvías no pudo mejorar su oferta inicial y que eso contribuyó para que esta firma de origen caleño, que el año pasado estuvo en el ojo del huracán tras acogerse al proceso de reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades y por las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía por la obra de la calle 26 en Bogotá que ‘heredó’ del Grupo Nule, perdiera el jugoso contrato.

La ANI responde que un decreto expedido en 2013 por el Gobierno (antes de que Conalvías radicara su propuesta) establece que los proponentes de este tipo de APP no pueden bajar sus ofertas ilimitadamente porque se estaría demostrando que la oferta inicial estaba inflada. En palabras de la calle, estaría ‘cañando’ por lo alto.

¿Qué diferencia este caso de otros? Varias cosas. Es la primera vez que una Alianza Público Privada radicada por una empresa privada recibe segundas ofertas. Eso hace que la competencia sea más dura y reñida. También, porque se trata de uno de los proyectos viales más atractivos del país, pues al día se mueven entre 20.000 y 25.000 vehículos por este trayecto, lo que hace que la facturación en los peajes sea constante.

Y el otro hecho relevante de este caso es que el proponente, como se mencionó antes, pasó en poco tiempo de ser una empresa estrella del sector, a una firma en reestructuración financiera. En otras palabras, el proponente de semejante proyecto, que prevé inversiones por $1,71 billones, estuvo al borde de la quiebra. Eso generó más de una suspicacia, pues se llegó a pensar que no era viable que esta empresa –con más de $1 billón de deuda financiera– se hiciera cargo de la joya de la corona del sector.

Por ello, el tema se maneja con guantes de seda, tanto en el Gobierno como en las empresas. El Gobierno no quiere afectar el ambicioso programa vial que sustenta buena parte de la economía y mucho menos la imagen de una entidad como la ANI, diametralmente opuesta a lo que fue el Inco con sus escándalos, y que lidera uno de los programas más ambiciosos en materia de desarrollo de infraestructura en el país.

Tampoco hay que perder de vista que los bancos y corporaciones que financiaron la primera ola de 4G, y que están expectantes ante el segundo paquete de proyectos, no quieren perder su confianza en el negocio. Y menos cuando el sector ha resultado afectado por otros escándalos como el de Odebrecht en Brasil, con implicaciones en la licitación para mejorar la navegabilidad del río Magdalena; o el tema de los Solarte, con la concesión que se amplió hasta 2055 y que hoy es objeto de renegociación; o la discusión con Odinsa en las Autopistas del Café, en donde el Gobierno cree que la vía ya se debe retornar a la Nación, y la empresa que ese proceso debe darse en la próxima década, hecho que va en tribunal de arbitramento.

Dinero contactó a las otras firmas que participaron en el proceso, pero al cierre de esta edición no habían entregado su versión.

Ahora, frente a este espinoso caso de la vía Bogotá–Girardot, la SIC tiene la definición.

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La respuesta de Conalvías

Con respecto a la investigación abierta por la Superintendencia de Industria y Comercio, Conalvías envió a este medio el siguiente texto:

1. La empresa, sus directivas y todos los funcionarios tienen un profundo respeto por el marco jurídico y las instituciones que vigilan y regulan el sector de infraestructura.

2. Estamos convencidos que los modelos de adjudicación de proyectos, estructurados desde la ANI, tienen la firme intención de blindar los procesos de contratación y adjudicación de cualquier acto de corrupción.

3. Conalvías no ha interpuesto oficialmente ningún recurso legal, el proceso fue iniciado de oficio por la SIC. Sin embargo, sí nos preocupa un posible caso de prácticas contrarias a la libre competencia por lo que esperamos que se investigue profundamente la actuación de todas las empresas participantes.

4. Esperamos que el proceso se realice de la manera más transparente posible y se aclare cualquier anomalía que se haya podido presentar durante el proceso”.

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