| 5/14/2015 5:00:00 PM

La Superindustria quiere más autonomía y herramientas

Las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen contra las cuerdas a muchos empresarios. Sin embargo, la entidad quiere más facultades. ¿Qué es lo que busca?

Los últimos meses se han caracterizado por constantes anuncios de investigaciones, pliegos de cargos, sanciones, entre otros, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Incluso, hace poco más de dos meses impuso una sanción histórica a una empresa que estaba prestando recursos a tasas hasta 200 veces por encima de las de usura.

Todo indicaría que las cosas están funcionando bien: los consumidores mejor informados conocen sus derechos; los empresarios son conscientes de los riesgos de cartelizarse o emprender acciones que atenten contra la competencia, y el Gobierno le está dando el respaldo que necesita una institución que por su carácter debe pisar callos de empresarios poderosos o peligrosos. Pese a este positivo entorno, el superintendente, Pablo Felipe Robledo, está promoviendo más cambios al marco legal bajo el cual opera.

Las nuevas sugerencias de cambio provienen principalmente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), el club de las buenas prácticas al que Colombia quiere ingresar.

Según la Ocde, pese a que la Ley de Competencia de 2009 fue un gran avance, la SIC todavía requiere mayor independencia política; establecer un esquema de sanciones disuasivo y diáfano; mejorar la comunicación con el público; desarrollar políticas de aplicación transparentes de la ley y, por último, son necesarios mayores esfuerzos para que en el sector agrícola se implementen principios de competencia.

El superintendente Robledo tiene claro que pese a que este Gobierno le ha dado plena autonomía, no sobra garantizar a sus sucesores el espacio para que puedan ejercer el cargo sin recibir presiones. Por estas y otras razones, uno de los temas que se plantean en el Proyecto de Ley que se presentará en el segundo semestre al Congreso tiene que ver con el establecimiento de periodos fijos para el Superintendente.

Sin embargo, el debate en este punto puede ir más allá. Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, sostiene que, además de la independencia, la SIC debería ser administrada por un cuerpo colegiado (no una persona) que tome las decisiones de la entidad.

Pero este no es el único cambio que se impulsa en el proyecto. Tal vez el más relevante para el impacto sobre las decisiones que tome la entidad es la modificación del tope en las sanciones. Actualmente estas tienen un límite de 100.000 salarios mínimos ($65.000 millones), cifra que puede ser mínima, por ejemplo, para empresas grandes que tienen ingresos operacionales anuales del orden de $5 billones.

La propuesta contempla que estas multas podrían ser hasta el mayor valor entre 100.000 salarios mínimos, 30% de las ventas del producto involucrado en la sanción, 10% del patrimonio del infractor en el año fiscal anterior, 10% de los ingresos operacionales o 30% del valor de los contratos estatales. En este último caso, el proyecto incluye una inhabilidad para contratar con el Estado de tres meses a cinco años.

Así mismo, en concordancia con las propuestas del Consejo Privado de Competitividad, que había sugerido independizar las fases de investigación y decisión, el proyecto de Ley establecería la creación de una instancia final cerrada, entre el Consejo Asesor de Competencia, los investigados y terceros interesados reconocidos; quienes de manera verbal expondrían sus posiciones. Una vez concluido este procedimiento, el Consejo le presentaría una recomendación no vinculante al Superintendente.

Frente al tema de las delaciones, la SIC ya aprendió la lección. En la actualidad, si una empresa delata, las pruebas que esta aporte van al pliego de cargos, el cual es un documento público que genera perjuicios reputacionales y beneficios de tipo legal al delator (no solo ante la SIC). Por ello, en adelante las pruebas tendrían un carácter reservado y solo podrían ser conocidas por los otros investigados.

El tema aplazado

A pesar de los avances en las iniciativas contempladas en el proyecto de ley, al parecer, por ahora la SIC no se va meter con los esquemas de protección y mecanismos de estabilización de precios del sector agrícola, que han sido creados por el propio Gobierno, como los establecidos para cafeteros y paperos hace menos de dos años y cuya operación genera distorsiones.

Un ejemplo es el del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), que mantiene en “equilibrio” los precios del mercado domestico. Según la página web de Fepa: “Este mecanismo facilita el manejo ordenado de los excedentes exportables del producto al hacer indiferentes las ventas en el mercado doméstico frente a las realizadas en el mercado externo”. Frente a esto, fuentes consultadas por Dinero sostienen que: “no tiene sentido que otros empresarios sean castigados por hacer lo mismo que hacen los azucareros bajo la sombra de un fondo presidido por el Ministro de Agricultura”.

Estos y otros esquemas de protección no han motivado a este sector a enfocarse en lo fundamental: mejorar su productividad. Datos del Banco Mundial muestran que el valor agregado por trabajador del sector agrícola, en dólares constantes de 2005, en Colombia pasó de US$3.704 en 1991, a US$3.811 en 2013; mientras que en Chile en ese mismo período pasó de US$3.284 a US$6.671; y en Brasil de US$1.758 a US$5.563.

Es clave mantener el ritmo de vigilancia frente a la competencia empresarial y aprovechar la dinámica que en materia de investigaciones trae la Superintendencia. Por ello es necesario continuar con la estrategia de rendición de cuentas y comunicación del alcance y la justificación de las medidas tomadas por el supervisor.

A Colombia no se le puede exigir inmediatamente el nivel institucional y de aprehensión de reglas de Estados Unidos, donde estos esquemas funcionan desde hace más de un siglo. Ante este panorama, adelantar reformas de este tipo hará que lentamente el país se acerque a estructuras institucionales que promuevan el desarrollo a largo plazo. Ya hay unos cimientos articulados, solo queda reforzarlos.

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