| 7/24/2013 12:00:00 AM

Soldado advertido...

El proyecto de ley que busca impulsar al sector de la infraestructura tiene una serie de vacíos que habrá que corregir para evitar que termine siendo un rosario de buenas intenciones.

Los cuatro ‘demonios’ que no dejan arrancar la locomotora de la infraestructura buscan ser exorcizados en un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República.

La compra de predios; los líos para conseguir las licencias ambientales; el infierno que sufren los ingenieros para lograr una consulta previa y la falta de regulación para determinar quién debe asumir el costo por el traslado de servicios públicos, tenían al sector a media marcha y en muchos casos, varado.

La reforma ya pasó por la Comisión VI y Plenaria de Senado y falta aún su trámite en la Cámara de Representantes. Pero, para evitar que el proyecto se convierta en otra obra inconclusa, es necesario realizar algunos ajustes a la iniciativa.

Lo bueno

El proyecto de ley incorpora un capítulo especial para dirimir los problemas de redes de servicios públicos. En la actualidad, cuando se construye una vía o cualquier otra obra que afecte una red de acueducto, energía o gas, no se tiene claro quién debe asumir el costo del traslado o adecuación. La reforma planteada deja claro en qué casos debe ser asumido por el constructor de la obra ese traslado y en qué otros por la empresa proveedora del servicio público.

“Vamos a tener reglas claras para definir el responsable por el tema de redes de servicios. El impacto inmediato es que no se va a perder tiempo negociando entre constructores y empresas de servicios públicos”, dijo a Dinero el viceministro de Infraestructura, Javier Hernández.

En ese sentido, Andesco,  el gremio de las empresas de servicios públicos, se declaró a la expectativa pues no quiere que estos cambios legislativos terminen afectando el flujo de caja y los balances de las empresas.

Con la reforma también se crea la Unidad de Planeación de Infraestructura, una versión muy similar de la instancia que ya existe en el sector minero energético (Upme) y la cual ha dado buenos resultados anticipando la construcción de hidroeléctricas.

Lo malo


Si hoy se hace una encuesta y se les pregunta a los constructores de obras civiles del país cuál es el mayor chicharrón que enfrentan, seguramente se impondría el tema de las consultas previas. Proyectos clave para la competitividad están paralizados o van a paso de tortuga ante la imposibilidad de contar con estos acuerdos entre comunidades y contratistas.

El espinoso tema iba a ser incluido en la reforma, pero el Ministerio del Interior se atravesó y alegó que el asunto debía ser tratado en otro proyecto de ley para ser trabajado de manera integral. Lo preocupante es que la iniciativa no se ha radicado todavía en el Legislativo.

Algunos anticipan que en lo que queda del gobierno Santos será difícil sacarla adelante pues significará duros enfrentamientos con las regiones y comunidades, algo que ya está muy caldeado.

El proyecto también incorpora cambios para agilizar la compra de predios. Con la reforma, se pasaría de 3 o 4 años para una expropiación, a máximo 8 meses. Lo malo es que ya se anticipan demandas por cuanto se podría vulnerar el debido proceso teniendo en cuenta que un determinado propietario tendría que entregar el predio a la obra antes de que termine el proceso jurídico.

Tampoco ha gustado mucho que al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) se le asignen nuevas responsabilidades para realizar los avalúos de predios a nivel nacional, sin que al mismo tiempo se incremente la nómina de peritos y el presupuesto de la entidad. 

Lo peor


El clima de confianza entre la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el gobierno nacional, sigue enrarecido. El Ministerio de Transporte creía que contaba con el apoyo irrestricto del gremio para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, la CCI le entregó hace días un documento a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, en donde se tocan varios puntos sensibles que no convencen a los ingenieros. El más polémico de ellos tiene que ver con la derogatoria del artículo 32 de la Ley 105 de 1993. Con este cambio en la legislación, el Ministerio busca facilitar por parte del Estado la recompra de las concesiones.

A juicio del gremio, este cambio significa un mensaje negativo, de inseguridad para los inversionistas de largo plazo y, adicionalmente, encarecerá la financiación de los proyectos.

“Esta medida desmotiva la inversión de largo plazo, puesto que altera las proyecciones y los intereses legítimos de los inversionistas, en donde el concesionario efectúa sus inversiones con la visión de que sean duraderas, dado el horizonte de permanencia en un proyecto”, establece el documento de la CCI y conocido por Dinero.

El proyecto de ley será discutido por la Cámara de Representantes en las próximas semanas. Ojalá se logre perfeccionar para que, de una vez por todas, arranque esa locomotora.
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