| 6/8/2017 12:01:00 AM

Se acerca la adjudicación del sistema de basuras de Bogotá

En el primer trimestre de 2018, si no hay inconvenientes en el proceso, se tomará una de las decisiones más importantes en el sector de aseo del país: la adjudicación del sistema de basuras en Bogotá, que valdría unos $5 billones.

A finales de mayo pasado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ratificó una resolución de febrero de este año que había dado vía libre a la posibilidad de prestar el servicio de aseo en Bogotá a través de cinco áreas de servicio exclusivo (Ase).

Dicha decisión de la CRA, que tenía cuatro recursos en contra, se despeja inicialmente el camino para que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) avance en este, uno de los procesos de licitación de mayor tamaño en el país. En él participarían al menos 15 proponentes para quedarse con las cinco áreas. Se trataría no solo de una puja entre jugadores tradicionales nacionales –como el Grupo Fanalca, el Grupo Ríos o William Vélez– sino también del exterior, pues se espera que lleguen al menos diez interesados internacionales, ya que su valor sería de $5 billones, por ocho años.

Pero este proceso no ha sido sencillo y su historia se remonta a casi una década atrás, cuando se vencían los términos de los contratos por 8 años que se dieron en 2002 y a la posterior llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá.

Los contratos iniciales lograron prorrogarse, pero cuando fue elegido como alcalde, Gustavo Petro decidió que fuera el sector público el que manejara la operación, reviviendo lo que para muchos era el modelo de la Edis, una entidad de los años 80. Petro dejó el proceso en manos del Acueducto –que tuvo que cambiar sus estatutos– y creó Aguas de Bogotá.

Pero el debate jurídico con los privados llevó a demandas por violar la libre competencia, lo que produjo sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra el exalcalde Petro, el Acueducto y la Uaesp. Las sanciones se adoptaron por la prohibición de llevar la basura al relleno sanitario y por limitar la facturación con el Acueducto.

El Distrito tuvo que declarar emergencia sanitaria y renegoció con 4 de los 5 operadores, con las siguientes condiciones: un valor fijo mensual –no por volumen de basura recogida, como estaba antes–, no devolvieron los vehículos que la Alcaldía consideraba debían revertirse a ella y la administración definió qué zonas entraban a operar. Así, el Acueducto quedó con el manejo de 52% de la ciudad y los 3 operadores –Ciudad Limpia, Lime y Aseo Capital– con el resto.

Hoy, este es el modelo que opera pero donde, según la Uaesp, hay más de 1.000 puntos críticos

Los tiempos y la licitación

La SIC condicionó al Distrito a regularizar la prestación del servicio. Después de varios aplazamientos y prórrogas, Francisco Reyes, superintendente ad hoc –pues Pablo Felipe Robledo, el Superindustria, se declaró impedido– definió el último plazo: 8 meses para regularizar el esquema de aseo a partir de que quedara ejecutoriado el acto administrativo y la CRA resolviera los recursos. Por eso, la decisión de la CRA abre la posibilidad para que en ese periodo se adelante el proceso.

Según Beatriz Cárdenas, directora de la Uaesp, a diferencia de otras concesiones, donde se estructura el negocio y se realizan los esquemas financieros para determinar los retornos, aquí hay un marco regulatorio que define cuánto vale cada componente.

Esto dificulta el proceso, por cuanto la administración está buscando mayores estándares técnicos en la prestación del servicio –como camiones con brazos mecánicos, barredoras y aspiradoras mecánicas– pero “la regulación tiene contemplados vehículos de bajas especificaciones”, advierte Cárdenas.

De acuerdo con ella, otro tema crítico que no está en el marco tarifario es el de las llantas, cuya acumulación es una amenaza latente. Se calcula que puede haber más de 100.000 en la ciudad y solo en el relleno sanitario –donde está prohibido depositarlas– podría haber unas 16.000.

Cárdenas asegura que esta licitación se va a llevar a cabo a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente. “Quiero que todo sea electrónico y que nada sea manual ni se manipulen los documentos. Que todo se monte electrónicamente y sea transparente”, agrega.

Sin embargo, aunque apenas el proceso definitivo está empezando, ya hay inquietudes en torno a él, en especial frente al papel de Aguas de Bogotá, no solo desde el punto de vista operativo, sino también por cuenta de los 3.000 operarios y 1.000 trabajadores administrativos que tiene.

Carlos Eduardo Guevara, representante del Movimiento Mira, advierte que la licitación no contempla ningún plan de contingencia para los más de 3.000 trabajadores que firmaron en 2013 un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (EAAB) para su formalización. Además, señala que Aguas de Bogotá, que ya tiene cuatro años de operación del servicio de aseo, “no podrá participar en la licitación porque no cumple con los cinco años de experiencia que se exige a los participantes; no obstante, cumple con el requerimiento en toneladas de recolección: se exigen 300.000 toneladas al año y Aguas de Bogotá recoge más de 1 millón”.

Según Germán González, gerente de la EAAB, la empresa está trabajando para definir en qué forma participará Aguas de Bogotá. “Sabemos que no cumplimos con ciertos requisitos financieros y seguramente buscaremos un socio estratégico para ir de manera conjunta. Trataremos de ganar alguna área de las 5 que se establecerán. Todavía no conocemos los pliegos o prepliegos, pero la voluntad es ver cómo se participa con un socio estratégico. Podremos rescatar este patrimonio público siendo uno de los operadores con un privado en la ciudad”, agrega.

Al cierre de esta edición, en el documento de prepliegos ya se habían radicado 75 oficios, con cerca de 500 preguntas sobre el proceso de licitación, básicamente jurídicas –requisitos de proponentes extranjeros, participación de los actuales trabajadores del servicio de aseo en el nuevo esquema y mecanismos de solución de controversias, entre otras– y de riesgos, como indivisibilidad de las garantías, vigencia postcontractual de la garantía de calidad del servicio y los bienes dados en reversión.

Pero mientras se definen los parámetros del proceso y los posibles candidatos, uno de los mayores riesgos es el político, porque si no se acelera puede coincidir con las elecciones al Congreso y seguramente será uno de los caballos de batalla. Es importante no solo blindar el proceso sino también asegurarse hacia el futuro de que esta pueda ser la cuota inicial de una decisión que se tomará en el largo plazo de un mercado en libre competencia. Por ahora, hay que ajustar las cargas.

¿Cambio de socio en Doña Juana?

El Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) es el consorcio que está a cargo del relleno de Doña Juana desde octubre de 2010 y estaba conformado por Estre (Brasil), Genivar Ltd. Partnership (Canadá), el Grupo Roca y USA Global Market (Colombia). Los brasileños tienen 52% de participación.

Entre el consorcio y la Uaesp hay un tribunal de arbitramento por diferencias en el manejo del relleno. Las pretensiones iniciales del consorcio fueron por $69.000 millones, pero según la Uaesp, bajaron a $3.000 millones. Al parecer, el grupo brasileño está de salida en el consorcio y vendiendo su participación. Uno de los mayores interesados en quedarse con ese porcentaje es el Grupo francés Suez –en su momento interesado en Isagen– que maneja rellenos sanitarios en el mundo. A finales de junio se estima que Suez –que hoy maneja la planta de lixiviados de Doña Juana– pase su propuesta de compra de la parte del grupo brasileño. Además, también avanza el trámite para que la licencia ambiental esté en cabeza del consorcio y no del Distrito.

El papel de los recicladores

“En Bogotá tenemos residuos netamente aprovechables y no aprovechables. Pagamos por residuos no aprovechables y dejamos a los recicladores en libre competencia por los aprovechables. Lo que debemos hacer es engranar nuestra licitación con los recicladores y garantizarles el acceso cierto y seguro a ese material. Aunque no participan en la licitación, son un actor clave en el proceso”, explica Beatriz Cárdenas, de la Uaesp.

Foto: Beatriz Cárdenas, Directora de la Uaesp.

Bogotá tiene más de 21.000 recicladores, de los cuales hay más de 9.000 carnetizados y cerca de 11.000 bancarizados. El año pasado la remuneración para ellos fue de $33.500 millones. “Estamos en la etapa de formalización de recicladores desde la Uaesp y la Secretaría de Hábitat”, agrega Cárdenas. En este proceso se logró que Aguas de Bogotá apoyara la formalización; sin embargo, eso ha generado ruido dentro de algunas organizaciones que han protestado por esta situación. La solución ha sido ayudar a los recicladores en las localidades y colaborar entre las entidades para carnetizarlos y depurar el censo.

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