Revista Dinero

Al definir el futuro de las concesiones de Claro y MoviStar, el Gobierno tendría que determinar nuevas condiciones, que incluirían pago por el espectro y otras obligaciones, como calidad y cobertura.

| 5/3/2013 2:00:00 PM

Sin minutos

En menos de un año se vencen las concesiones de Movistar y Claro. La pelea por la telefonía celular se va a calentar más. Estos son los escenarios.

Cuando se dice que el sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de la economía, no hay margen para el error y las pruebas son cada vez más evidentes. Mientras el sector está pendiente de la subasta del espectro para el desarrollo de internet móvil de cuarta generación (4G), programada para junio, y del avance de la Ley Antimonopolio, que al cierre de esta edición programaba su primer debate en el Senado, un nuevo factor complementa el complejo panorama: en menos de un año –en marzo de 2014– se vencen las concesiones de telefonía móvil de Claro –antes Comcel– y Movistar –de Telefónica–, que hoy tienen más de 70% de participación del mercado.

Diego Molano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), tendrá que enfrentar un duro debate, no solo jurídico sino también estratégico para el Gobierno y las empresas que tendrán que definir cómo abordan este espinoso tema. Además, porque el Gobierno hoy tiene 30% de Movistar, tras la fusión de esta compañía con Colombia Telecomunicaciones.

Con relación al término de las concesiones, las posiciones son extremas. Por un lado, miembros del Polo Democrático, como el senador Alexander López, consideran que estas licencias son improrrogables y no hay ninguna posibilidad desde el punto de vista legal de que Claro y Movistar continúen. Si se llegara a dar este escenario, habría una nueva subasta. Pero es, tal vez, el más improbable de todos.

Por otro lado, diversos analistas y abogados consultados por Dinero, consideran que hay otras salidas jurídicas previstas en la ley. Una de ellas supone que los operadores se cambien al nuevo régimen fijado en la Ley 1341 de 2009 que prevé un esquema de transición en el que no se renueva el contrato de la concesión sino el permiso del uso del espectro por diez años.

Esto impide exclusividades y limitaciones, y permite a otros llegar al mercado. “De hecho, la ley dice que si quiere cambiarse lo puede hacer al nuevo régimen aún sin terminar la concesión y de una vez le entrega título habilitante por diez años, en este caso hasta 2023. La verdad es que ninguna empresa lo ha podido hacer porque el Ministerio no ha definido cómo va a cobrar el espectro de ahí en adelante. No está en discusión la renovación. La pregunta es en qué condiciones y cómo los van renovar”, asegura un experto del sector. En este punto, voceros del Gobierno aseguran que oficialmente no se ha recibido ninguna solicitud en este sentido.

En el segundo caso, algunos abogados creen que sí se puede prorrogar por otros diez años. “La Corte ha dicho que la renovación no es automática y que el Estado debe hacer una revisión del cumplimiento de los contratos. Allí hay un punto clave, especialmente en el caso de Claro –Comcel–: evaluar los líos que se generaron con relación a su posición de dominio y determinar si eso es un incumplimiento del contrato o no y si se puede prorrogar”, dice un exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones.

Las particularidades son claras: mientras en el régimen de los contratos de concesión, las diferencias las dirime un tribunal de arbitramento, como sucedió con Tigo recientemente porque no hubo acuerdo en las condiciones de prórroga; en el otro escenario, las define unilateralmente el Estado.

A toda esta discusión se suma un debate adicional: la ley establece que, al finalizar las concesiones, la reversión es solo del espectro y no de la infraestructura. “Es como si al revertir un aeropuerto devuelvan solo la pista y no los radares ni las radioayudas”, advierte un senador de la República.

En este debate ha terciado la Contraloría que interpuso ante la Corte Constitucional una demanda de inexequibilidad de la ley para que la infraestructura también revierta al Estado, fallo que será clave dentro de la disputa jurídica. “El pulso que se dé en 2014 para las prórrogas de las concesiones será fundamental. Una cosa es que Claro o Movistar vayan a pelear una posible prórroga sabiendo que la infraestructura es de ellos y que no se la deben revertir al Estado, y otra distinta si la infraestructura regresa al Estado”, afirma un analista que ha participado en esta discusión.

Además, otros abogados consideran que habría de analizarse la inconstitucionalidad de las leyes frente a los derechos adquiridos.

Para otros no hay duda, es clarísimo que para las licencias posteriores a 1997, lo único que revierte al Estado es el espectro. “Ni Tigo, ni los operadores nuevos que vengan en 4G tienen ningún tipo de problema en ese sentido”, asegura un abogado cercano a los procesos.

Sin embargo, para los contratos celulares firmados en 1994 hay una zona gris, porque cuando se hicieron, la ley decía claramente que los activos tenían que revertir. En 1996 se fijó el precio de la prórroga por diez años anticipadamente para que las empresas pudieran ir al sector financiero y buscar recursos vía deuda. Pero en el 97 cambia la ley y dice que no hay reversión de los activos. La pregunta es si esa ley se les aplica o no a Claro y Movistar. Además, cabe otro interrogante, ¿cuáles son los activos que revierten? Muchos operadores ya tienen tercerizadas sus torres y antenas, pues la industria está buscando eficiencias y economías de escala. Incluso el Gobierno ha impulsado este desarrollo, por ejemplo, con las redes de fibra óptica que se están instalando en el país para que se les presten a otros operadores.

Una teoría en marcha es que, si bien no deben devolverle los activos al Estado, sí tienen que compensarlo porque deben restablecer el equilibrio económico de sus contratos debido al cambio de las leyes y el Gobierno tiene que entrar a determinar cuánto vale eso.

En todos los escenarios, hay una coincidencia: habría nuevas condiciones que incluirían pago por el espectro y otras obligaciones, como calidad y cobertura.

¡Qué chicharrón!

El debate de las prórrogas y la reversión de la infraestructura se amarra a la subasta de espectro para internet móvil de 4G que tiene programada el Gobierno para el próximo mes. ¿Qué implicaciones tiene? Para los analistas claramente se trata de dos hechos diferentes, pero que se complementan: una es la concesión de 3G, bajo la cual están operando hoy en el modelo de concesión, y la otra es la de 4G, que se desarrolla en frecuencias diferentes del espectro y que se entregará como permiso para su operación.

Para el senador López, la subasta de 4G no puede seguir. “A mí me parece que la subasta de 4G es un mico. Pienso que el ministro Molano no la detiene porque querrá en su momento amarrarla a que Claro y Movistar tengan espectro, y a que continúen con las licencias de movilidad, lo que es absolutamente ilegal, arbitrario e inconstitucional y eso es muy grave”, agrega. El Gobierno, en distintos escenarios, ha manifestado que no se puede demorar más un proceso vital para el desarrollo del país y que el mayor costo es el retraso tecnológico.

Además, se ha mencionado que los costos por entrar en la subasta de 4G son muy altos. “Se han incluido otros factores, como la limpieza del espectro, la entrega de tablets para el desarrollo de las regiones y una mayor velocidad en el cubrimiento de los municipios, que eleva el costo”, dice un operador. El valor para participar en la subasta se calcula entre $800.000 millones y $1 billón, cifras muy altas también para las empresas del sector público como Une, ETB o Emcali. Pero, además, no hay certeza de cuánto puedan valer, para Claro y Movistar, las renovaciones de la concesión que hoy tienen o el cambio en el modelo de operación, ni tampoco las condiciones en que se darían.

Y, por si fuera poco, el Gobierno es juez y parte en esta disputa, pues no solo tiene que dictar la política y regular, sino que a la vez es empresario. Su participación en 30% de la hoy Movistar le podría generar mucho ruido a estos procesos, así en la junta directiva de la empresa se siente Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y no el ministro Diego Molano. Aunque Colombia no es el único caso de participación del Estado en empresas de telecomunicaciones, el Gobierno hoy tiene varios sombreros puestos y esto pone de nuevo sobre la mesa la conveniencia o no de que tenga esa participación que, como se sabe, es clave para asegurar el pago de los pensionados de la antigua Telecom.

Todo se está juntado –la subasta de 4G, el futuro de las concesiones y la Ley Antimonopolio (ver recuadro)– en una época electoral que ya arrancó, y eso podría ser muy complicado de manejar para el Gobierno por las presiones y peticiones que se empezarán a dar.

Hoy el sector de las telecomunicaciones está a la expectativa. Falta ver cuáles serán las cartas que jugará el Gobierno y cómo resultará el proceso, en medio de pocas certezas y grandes incertidumbres. En cualquier caso, el ambiente está candente y de aquí a un año se definirá el futuro de la industria de las telecomunicaciones en el país.

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