| 6/20/2012 6:00:00 PM

¿Secretos diáfanos?

La Ley de Acceso a la Información, concebida como un instrumento de transparencia, contiene elementos que podrían favorecer el secretismo en la administración pública.

Periodistas que preparaban un informe sobre la calidad del servicio exterior colombiano enviaron recientemente a la Cancillería un derecho de petición en el que pedían datos sobre estudios de doctorado, maestría o especialización que pudieran haber acreditado los embajadores destacados ante las principales legaciones diplomáticas en el mundo.

La respuesta fue un “no” categórico, ya que a juicio de funcionarios subalternos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la información ponía en peligro el derecho a la intimidad de los diplomáticos.

Así, con su “jurisprudencia de ventanilla”, los encargados de responder la solicitud ignoraron la postura tradicional de la Corte Constitucional que resuelve a favor del derecho a la información los conflictos frecuentes entre este y el derecho a la intimidad cuando los dos están relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El proyecto de Ley de Acceso a la Información, que al cierre de esta edición fue aprobado en el Congreso, levanta un altar de culto al derecho a la intimidad y otorga poder discrecional a los servidores públicos para que decidan cuándo ese patrimonio individual está en peligro.

No es la única restricción que dicha ley estatutaria impone al derecho a la información. Sin embargo, sus promotores destacan que no es justo estigmatizar la ley por los reparos que puedan formular periodistas influyentes como Daniel Samper Pizano.

Desde su columna en El Tiempo, Samper Pizano denunció que el proyecto podría darle al Procurador un poder ilimitado para decidir cuándo era procedente o no una solicitud de información, con lo que el funcionario adquiriría una calidad de censor.

Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, le dijo a Dinero que la ley tiene muchas más virtudes que posibles defectos y que no es justo estigmatizarla. Destaca que con su adopción, Colombia se pone a tono con la Ley Modelo Interamericana y queda lista para aplicar las convenciones contra la corrupción aprobadas por la OEA y la ONU.

De acuerdo con la experta, la ley no solo garantiza el derecho de información para los medios sino a todos los ciudadanos que reclaman saber cómo actúa la administración pública en todos sus ámbitos y tienen la posibilidad de exigir el fin de la opacidad, que se convierte en aliada de  la corrupción.

Los gobiernos nacional y territoriales ya no tendrán que limitarse a responder peticiones sino que estarán obligados a organizar sistemas de información pública que les den transparencia a sus actos.

No obstante, una revisión de su articulado permite detectar otros riesgos. Por ejemplo, hay una disposición que restringe el ejercicio de la tutela como mecanismo protector de ese derecho. Así, cuando la administración crea que una solicitud de información pone en peligro la seguridad o la defensa nacional o afecta la confidencialidad de las relaciones internacionales, podrá rechazarla.

El ciudadano que haga la petición podrá interponer un recurso de reposición que será resuelto por la justicia contenciosa administrativa, una de las jurisdicciones más congestionadas. Solo cuando se surta ese trámite, el peticionario podría intentar la tutela.

Por eso aún no está claro si una ley, presentada como un texto de avanzada, puede terminar protegiendo el hábito del secretismo que les ha permitido a los gobiernos escapar al escrutinio de los gobernados.


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